Lucas Ghi, intendente de Morón, reclama una modificación legal que permita a los gobiernos municipales proveer armas de fuego a sus propias fuerzas. El planteo tomó fuerza después de que un comisario retirado fuera baleado frente a una escuela de El Palomar. Actualmente, los municipios no pueden entregar armamento letal a sus agentes locales.
La discusión sobre el papel de los municipios frente a la inseguridad sumó en los últimos días un capítulo que podría modificar significativamente el esquema de seguridad de la provincia de Buenos Aires.
El intendente de Morón, Lucas Ghi, confirmó que trabaja junto al Gobierno bonaerense para impulsar una legislación que permita a los municipios contar con personal armado bajo su propia jurisdicción y, fundamentalmente, habilite a las administraciones locales a proveer armamento reglamentario a esos efectivos.
Actualmente, esa posibilidad no está habilitada para las fuerzas municipales. El planteo adquiere especial relevancia porque Morón se encuentra avanzando en la conformación de una nueva Policía Municipal y pretende tener sus primeros 130 integrantes operativos durante diciembre.
El violento episodio que aceleró la discusión
El reclamo de Ghi tomó fuerza después de un grave episodio de inseguridad ocurrido el jueves 10 de septiembre en El Palomar.
Un comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense, de 51 años, fue baleado en las inmediaciones del colegio Emaús cuando había llevado a su hija a clases.
El ataque se produjo alrededor de las 7.20 de la mañana y derivó en un enfrentamiento armado. El expolicía recibió un disparo en el abdomen y debió ser trasladado al Hospital Posadas.
La conmoción fue todavía mayor porque el episodio ocurrió en pleno horario de ingreso escolar, con padres y alumnos circulando por el lugar. Además, en la misma zona se denunció otro episodio en el que delincuentes armados interceptaron a una mujer que llevaba a sus hijos al colegio para intentar apoderarse de su vehículo.
El caso provocó posteriormente movilizaciones de padres y vecinos reclamando mayor seguridad, una de las cuales llegó hasta las inmediaciones de la vivienda del propio intendente.
¿Qué propone Ghi?
El intendente confirmó que mantiene conversaciones con el Ministerio de Seguridad bonaerense para avanzar hacia una legislación provincial que permita que los municipios dispongan de personal armado bajo su jurisdicción.
La diferencia es importante: no se trata simplemente de entregarles armas a los actuales agentes municipales, sino de establecer previamente un marco legal para una Policía Municipal con facultades diferentes a las de las guardias urbanas o cuerpos preventivos existentes.
Hoy el municipio de Morón puede proporcionar elementos de baja letalidad a su nueva fuerza, pero no armamento letal como dotación institucional.
¿Entonces por qué la Policía Municipal de Morón podría utilizar armas? Aquí aparece una particularidad.
Los 130 integrantes seleccionados para conformar la primera promoción son exmiembros de fuerzas de seguridad que se retiraron voluntariamente y conservan estado policial. De acuerdo con lo explicado por Ghi, esa condición les permite mantener la portación legítima de sus armas personales.
Por ese motivo, cuando comiencen a prestar servicio en diciembre, podrían portar y eventualmente utilizar esas armas particulares dentro de los supuestos legalmente autorizados.
Pero no serían armas compradas y entregadas por la Municipalidad de Morón.
Precisamente esa limitación es la que Ghi pretende modificar mediante una legislación provincial.
El debate ya está en la Legislatura bonaerense
La discusión no comienza con el episodio de El Palomar.
En la Cámara de Diputados bonaerense existen distintas iniciativas vinculadas con la creación y regulación de policías municipales. Entre ellas aparecen propuestas provenientes de distintos sectores políticos y con diferencias respecto de un aspecto central: quién debería tener el control efectivo de esas fuerzas.
Algunas alternativas plantean una dependencia orgánica del municipio, mientras otras contemplan algún grado de conducción compartida con la Provincia.
Incluso existe actualmente en Diputados un proyecto que establece la composición, funciones, organización, dirección y coordinación de una Policía Municipal de la Provincia de Buenos Aires. El expediente ingresó en marzo de 2026 y fue girado, entre otras, a las comisiones de Seguridad y Asuntos Penitenciarios, Asuntos Municipales, Asuntos Constitucionales y Justicia y Presupuesto e Impuestos.
Una discusión que excede a Morón
El planteo abre un debate mucho más amplio sobre el modelo de seguridad bonaerense: hasta dónde deberían llegar las atribuciones de los intendentes en materia policial.
Una eventual ley deberá definir cuestiones sensibles como la selección y capacitación de los agentes, quién tendrá el mando operativo, qué tipo de armamento podrá utilizarse, cuáles serán los protocolos para el uso de la fuerza y dónde recaerá la responsabilidad institucional ante una intervención.
El episodio de El Palomar aceleró una discusión que ya estaba abierta. Ahora, el reclamo del intendente de Morón vuelve a colocarla sobre la mesa de la Legislatura: que los municipios dejen de limitarse a tareas preventivas y puedan disponer de verdaderas fuerzas policiales armadas bajo un marco legal provincial.
