Mientras avanza la investigación de la Justicia Federal sobre el basural a cielo abierto de San Pedro, el Movimiento de Trabajadores Excluidos reclamó que cualquier transformación del sistema de residuos contemple a las familias que durante años encontraron allí su sustento. Pidieron al Municipio una mesa de diálogo con los recuperadores y advirtieron que “ellos son parte de la solución”.
La discusión sobre el futuro del basural de La Tosquera suma un nuevo actor y una problemática que excede la cuestión estrictamente ambiental.
El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) hizo pública su preocupación por el futuro de las personas que diariamente ingresan al predio para recuperar materiales y obtener de allí un ingreso para sus familias.
El pronunciamiento se produce en un momento especialmente sensible: la Justicia Federal mantiene abierta una investigación sobre un posible foco de contaminación ambiental en el basural de aproximadamente 20 hectáreas, mientras en San Pedro comienza a discutirse qué modelo debería reemplazar al actual sistema de disposición final de residuos.
Para el MTE, avanzar hacia el cierre o transformación del basural es necesario desde el punto de vista ambiental, pero sostienen que hacerlo sin una política de inclusión laboral podría generar un nuevo problema social.
“Cerrar un basural es un paso importante para el ambiente. Pero hacerlo sin garantizar el trabajo y la inclusión para quienes estuvieron ahí durante tantos años también es un acto de injusticia y crueldad”.
“Ellos son parte de la solución”
El planteo del movimiento parte de una realidad histórica de La Tosquera.
Durante años, numerosas familias encontraron en la recuperación de cartón, plástico, vidrio y otros materiales reciclables una fuente de ingresos. Incluso existen antecedentes de organización de recuperadores y experiencias vinculadas con separación y valorización de residuos.
Ya en 2020 referentes del propio MTE hablaban públicamente de alrededor de 200 personas trabajando como recicladores en el basural, reclamando separación en origen para evitar tener que revolver residuos mezclados. Esa cifra es histórica y no necesariamente representa la cantidad actual de trabajadores.
Posteriormente se puso en funcionamiento un galpón de separación y valorización de residuos con participación de trabajadores del MTE y acompañamiento municipal y provincial, una experiencia destinada a avanzar hacia la recuperación de reciclables y la economía circular.
Sin embargo, el movimiento sostiene ahora que una gran cantidad de familias continúa trabajando “en la precariedad absoluta”.
Por eso reclama que los recuperadores no sean considerados simplemente una consecuencia del problema, sino parte del nuevo sistema que eventualmente deberá construirse.
“La transición hacia un sistema de gestión de residuos mejor no puede hacerse sin sus trabajadores. Ellos son parte de la solución”.
¿En qué estado está la investigación federal?
La causa judicial es uno de los elementos que aceleró la discusión sobre el futuro de La Tosquera.
La investigación se originó el 5 de noviembre de 2025, cuando la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), encabezada por el fiscal federal Ramiro González, tomó conocimiento de información que advertía sobre focos de combustión y emanaciones de humo provenientes del predio.
A partir de allí intervino el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal.
Durante las primeras inspecciones se constató, entre otras situaciones, falta de cerramiento perimetral, humo, olores nauseabundos, insectos, focos de quema y residuos de diferentes características acumulados en el lugar.
El informe técnico de UFIMA advirtió además que el basural viene creciendo desde hace más de dos décadas y señaló la inexistencia de elementos fundamentales para un sistema adecuado de disposición final, entre ellos membranas impermeabilizantes y mecanismos de captación y tratamiento de lixiviados.
La causa pasó a San Nicolás y hubo allanamientos
Desde julio de este año interviene la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, a cargo del fiscal federal Matías Di Lello, que ordenó profundizar las medidas investigativas.
Con autorización del juez federal de Garantías Carlos Villafuerte Ruzo, se realizaron procedimientos en la Municipalidad de San Pedro, el Concejo Deliberante y la empresa Ashira, concesionaria del servicio de recolección. Crónica San Pedro informó esos procedimientos mientras se desarrollaban y pudo establecer que la Policía Federal buscaba documentación relacionada con el funcionamiento y administración del predio, ordenanzas, expedientes y registros vinculados con la gestión de residuos.
También se trabajó directamente dentro del basural.
Allí fueron tomadas muestras de lixiviados, suelo y agua, incluidas napas subterráneas, además de puntos próximos a cursos de agua que desembocan en el río Paraná. Esas muestras fueron remitidas para análisis destinados a establecer su composición y determinar si existe eventual peligrosidad conforme a los parámetros de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos.
Historias clínicas y presencia de niños dentro del predio
La investigación incorporó además dos cuestiones particularmente sensibles.
Durante las inspecciones, la Policía Federal constató la presencia de personas adultas y también niños revolviendo residuos y separando cartones y botellas.
Ese dato adquiere ahora una dimensión especial frente al pronunciamiento del MTE, porque evidencia que detrás del problema ambiental existe también una problemática social.
Por otro lado, fueron secuestradas historias clínicas del Centro de Salud Federico Rosito-La Tosquera. El objetivo es analizar si existen patologías que puedan resultar compatibles con una eventual exposición a sustancias contaminantes.
Vecinos entrevistados durante la investigación refirieron irritación ocular y de garganta, dolores de cabeza, asma y otros malestares que ellos relacionan con el humo. Esa relación causal todavía debe ser determinada técnicamente, por lo que no corresponde afirmar que el basural haya provocado esas enfermedades.
Lo que todavía falta determinar
Este punto es fundamental.
Hasta el momento no hay una resolución judicial que haya establecido quiénes son responsables de una eventual contaminación ni están concluidos los peritajes que permitan determinar definitivamente su existencia, composición, magnitud y consecuencias.
La Fiscalía aguarda los análisis de las muestras y otros informes solicitados. Con esos resultados deberá evaluar medidas en tres dimensiones: sanitaria, social y penal, además de determinar las incumbencias, deberes y eventuales responsabilidades correspondientes a los distintos niveles de gestión pública y privada.
Por eso tampoco corresponde afirmar hoy que Ashira, funcionarios municipales u otras personas sean responsables penalmente. Están bajo investigación distintos aspectos del sistema; las responsabilidades todavía deben establecerse.
El MTE pide sentarse a discutir qué viene después
Es justamente en este escenario donde aparece el reclamo del Movimiento de Trabajadores Excluidos.
La organización solicita que la Municipalidad de San Pedro convoque una mesa de diálogo que incluya específicamente a los trabajadores del basural.
El planteo es que cualquier decisión sobre cierre, saneamiento, traslado o transformación del sistema contemple simultáneamente dos problemas: el ambiental y el social.
“Durante muchos años, este lugar fue el sustento de cientos de familias”, señalaron desde el movimiento.
Y allí aparece una de las preguntas que inevitablemente deberá formar parte de la discusión que comienza a atravesar al Concejo Deliberante, al Ejecutivo y a las organizaciones sociales:
si San Pedro finalmente avanza hacia el cierre del basural a cielo abierto, ¿qué sucederá al día siguiente con quienes hoy viven de los residuos que allí llegan?
Para el MTE, la respuesta debe construirse antes de cerrar las puertas: transformar a los recuperadores informales en trabajadores incorporados formalmente al nuevo sistema de gestión de residuos.
