La causa por el fentanilo contaminado producido por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo vuelve a quedar en el centro de la agenda judicial argentina. A más de un año del inicio de la investigación, las familias de las víctimas reclaman ahora que la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata se pronuncie sobre los procesamientos de los primeros responsables investigados.
Entre ellos aparece Ariel García Furfaro, propietario de las empresas investigadas. Las apelaciones de aquellos primeros procesamientos se encuentran bajo revisión de la Cámara desde octubre de 2025, según la información conocida esta semana.
El reclamo de las querellas abre un nuevo capítulo porque la investigación ya no se concentra únicamente en cómo se produjo y comercializó el medicamento, sino también en qué hicieron —o dejaron de hacer— los organismos estatales encargados de controlar los laboratorios.
90 muertes y decenas de personas afectadas
El Ministerio Público Fiscal sostiene que los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo de HLB Pharma, producidos en Laboratorios Ramallo, salieron al mercado contaminados con las bacterias Klebsiella pneumoniae y/o Ralstonia mannitolilytica.
Según la investigación oficial, la aplicación del lote 31.202, que comenzó en febrero de 2025 en hospitales y clínicas, provocó al menos 90 muertes. El expediente atribuye además una enfermedad incurable o inutilización permanente para el trabajo a por lo menos dos personas y lesiones graves a otras 41.
Es importante hacer esta precisión porque en diferentes publicaciones circularon números mayores correspondientes a casos o fallecimientos inicialmente investigados por posible asociación. La cifra que actualmente utiliza el Ministerio Público Fiscal para las muertes atribuidas judicialmente al suministro del lote contaminado es de al menos 90.
La investigación llegó hasta ANMAT e INAME
Uno de los avances más importantes de la causa ocurrió cuando la Justicia comenzó a investigar las responsabilidades de los organismos de control.
La exadministradora nacional de ANMAT Nélida Agustina Bisio y la exdirectora del INAME Gabriela Mantecón Fumadó fueron procesadas como presuntas partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales relacionado con las muertes y lesiones investigadas.
El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dispuso además un embargo de $500.000 millones para cada una. Ambas permanecen en libertad bajo diferentes restricciones.
Las advertencias que están bajo la lupa
Este es quizás el punto más impactante para desarrollar en Crónica San Pedro.
La investigación fiscal sostiene que antes de la elaboración del fentanilo contaminado ya habían sido detectadas deficiencias e irregularidades en Laboratorios Ramallo durante una inspección realizada entre noviembre y diciembre de 2024.
Según el Ministerio Público Fiscal, las entonces responsables de los organismos de control conocían un escenario de riesgo elevado y las medidas adoptadas no habrían sido suficientes para impedir que productos ya elaborados continuaran circulando. Los fiscales consideran que una intervención preventiva oportuna podría haber impedido la comercialización y aplicación del medicamento contaminado.
La Justicia investiga, entre otras cuestiones, una carta de advertencia contra HLB Pharma que contemplaba prohibir la comercialización y que finalmente no fue firmada.
Los laboratorios finalmente perdieron sus habilitaciones
ANMAT posteriormente dispuso la baja definitiva de las habilitaciones de HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., mientras continúa colaborando con la investigación judicial y con el retiro de los lotes involucrados.
Pero el interrogante que intenta responder ahora la Justicia mira hacia atrás: qué información existía antes de que el medicamento llegara a los pacientes, quiénes la conocían y si se podría haber evitado la tragedia.
Y mientras esa parte de la investigación avanza, las familias plantean otra urgencia: que la Cámara Federal finalmente defina la situación de los primeros procesados.
