La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que amplía el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias y busca incentivar el ingreso al sistema financiero de los denominados “dólares del colchón”. La iniciativa excluye de sus principales beneficios a funcionarios públicos y ahora deberá ser tratada por el Senado.
El proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei fue aprobado con 139 votos afirmativos, 110 negativos y dos abstenciones, luego de un intenso debate y de varias modificaciones acordadas con bloques aliados.
La denominada “Inocencia Fiscal II” pretende otorgar mayor seguridad jurídica a quienes decidan formalizar ahorros que permanecen fuera del sistema bancario. Sin embargo, la oposición advierte que el mecanismo podría funcionar como un nuevo blanqueo y reclama mayores controles sobre el origen del dinero.
¿Qué es el régimen de Inocencia Fiscal?
El sistema permite que las personas humanas y las sucesiones indivisas residentes en el país opten por una declaración simplificada del Impuesto a las Ganancias.
ARCA realiza una liquidación sobre la información disponible y, si el contribuyente la acepta y paga el impuesto correspondiente, se presume que su declaración es correcta. Esto limita las fiscalizaciones posteriores sobre variaciones patrimoniales, consumos o movimientos de dinero de períodos anteriores.
Uno de los objetivos es permitir que ahorros mantenidos fuera del sistema puedan depositarse o utilizarse sin que su titular deba justificar constantemente cómo los obtuvo.
El Gobierno sostiene que una gran cantidad de argentinos compró dólares y los mantuvo fuera de los bancos como consecuencia de años de inflación, restricciones cambiarias y desconfianza.
El Gobierno afirma que no se trata de un blanqueo tradicional porque el régimen no establece una declaración especial de bienes ni el pago de una alícuota para regularizarlos.
Sin embargo, en la práctica permite que determinados ahorros no declarados ingresen al sistema sin generar automáticamente una investigación tributaria sobre períodos anteriores.
El beneficio solamente alcanza a fondos provenientes de actividades lícitas. Los controles relacionados con lavado de dinero, narcotráfico, corrupción y otros delitos continúan vigentes. Los bancos y demás sujetos obligados deberán seguir informando operaciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera.
Por lo tanto, la aprobación del proyecto no habilita a depositar dinero de origen delictivo ni elimina los controles antilavado.
Eliminan los límites de ingresos y patrimonio
La legislación vigente exige que quienes ingresen al régimen cumplan simultáneamente tres condiciones:
Tener ingresos anuales inferiores a $1.000 millones.
Poseer un patrimonio menor a $10.000 millones.
No estar categorizados por ARCA como grandes contribuyentes.
El nuevo proyecto elimina los límites de ingresos y patrimonio. De esta manera, el sistema quedaría abierto a todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país.
Los grandes contribuyentes también podrán utilizar la modalidad simplificada para presentar y pagar Ganancias, pero no accederán a la presunción de exactitud ni a los efectos liberatorios que impiden revisar períodos anteriores.
Los funcionarios quedaron excluidos de los beneficios
La posibilidad de que funcionarios utilizaran el régimen generó uno de los mayores cuestionamientos políticos. Para conseguir el respaldo de bloques aliados, el oficialismo aceptó excluirlos de sus principales beneficios.
La restricción alcanza a quienes ocupen o hayan ocupado durante los últimos cinco años, entre otros, los siguientes cargos:
Funcionarios con jerarquía de secretario de Estado o superior.
Legisladores nacionales y provinciales.
Concejales y parlamentarios del Mercosur.
Magistrados e integrantes del Ministerio Público.
Defensores del Pueblo.
Miembros del Consejo de la Magistratura y jurados de enjuiciamiento.
Estas personas podrán presentar la declaración simplificada y pagar el impuesto, pero no gozarán de la presunción de exactitud, del bloqueo de fiscalizaciones ni de los demás beneficios previstos.
¿Cuándo podrá intervenir ARCA?
Uno de los puntos más importantes establece cuándo ARCA puede cuestionar una declaración y dejar sin efecto la presunción de exactitud.
La denominada “discrepancia significativa” se configurará si una fiscalización determina un aumento del impuesto o una reducción de los quebrantos de al menos el 15 por ciento.
Sin embargo, el proyecto incorpora un piso de $5 millones. Aunque la diferencia supere el 15 por ciento, el contribuyente no perderá los beneficios si el monto reclamado no alcanza ese valor.
La iniciativa también establece que la carga de demostrar la existencia de una discrepancia recaerá sobre ARCA.
Posibilidad de corregir una declaración
Si ARCA detecta una diferencia significativa, el contribuyente tendrá la posibilidad de presentar una declaración jurada rectificativa y pagar el monto reclamado, junto con los intereses, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación.
Si cumple con ese procedimiento, podrá conservar los beneficios del régimen.
Además, si posteriormente la Justicia determina que el reclamo de ARCA era incorrecto, el organismo deberá devolver el dinero pagado con intereses dentro de un plazo máximo de 45 días hábiles.
Reducción de multas para personas y pymes
El texto incorpora una reducción automática del 25 por ciento sobre determinadas multas formales para:
Personas humanas.
Sucesiones indivisas.
Micro, pequeñas y medianas empresas.
Entidades sin fines de lucro.
También contempla una reducción del 50 por ciento para ciertas infracciones anteriores que todavía no se encuentren firmes ni hayan sido pagadas, siempre que el contribuyente subsane el incumplimiento y acepte las condiciones previstas.
¿Qué busca el Gobierno?
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que existen alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del sistema financiero argentino.
La intención oficial es que una parte de esos ahorros sea depositada o utilizada, aumentando la disponibilidad de dinero para créditos, inversiones y consumo.
“El objetivo sigue siendo que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad”, explicó Caputo durante la presentación de las modificaciones.
¿Cuáles son los principales cuestionamientos?
La oposición advierte que el régimen podría beneficiar a personas que incumplieron sus obligaciones tributarias, mientras quienes declararon y pagaron sus impuestos en tiempo y forma no reciben un tratamiento equivalente.
También existen dudas sobre la capacidad de los organismos para diferenciar ahorros legítimos no declarados de fondos provenientes de actividades ilícitas.
Otro cuestionamiento apunta a que familiares o personas vinculadas con funcionarios podrían intentar utilizar el régimen, aunque los funcionarios se encuentren expresamente excluidos.
El proyecto todavía no es ley. Deberá obtener la aprobación del Senado y ser promulgado por el Poder Ejecutivo antes de que entren en vigencia las nuevas condiciones.
