Las aplicaciones ampliaron el acceso al financiamiento, pero también facilitaron préstamos inmediatos con tasas personalizadas, escasa explicación sobre los algoritmos y controles diferentes a los de la banca tradicional. Jóvenes y familias que utilizan el crédito para llegar a fin de mes aparecen entre los sectores más expuestos.
Las billeteras virtuales dejaron de ser solamente una herramienta para transferir dinero, pagar servicios o realizar compras con código QR. En los últimos años también se transformaron en una de las principales puertas de acceso al crédito para millones de argentinos.
La posibilidad de obtener dinero en pocos minutos, sin presentar recibos, completar formularios extensos ni concurrir a una sucursal representa una ventaja para quienes se encuentran fuera del sistema bancario tradicional.
Sin embargo, esa facilidad puede convertirse rápidamente en una trampa cuando el préstamo se utiliza para comprar alimentos, pagar servicios o cancelar otra deuda y el usuario no comprende cuánto terminará devolviendo.
Un informe difundido por el Centro de Estudios para la Ciudad advierte que el crecimiento del crédito otorgado por billeteras virtuales y empresas financieras tecnológicas avanzó más rápido que la construcción de un marco específico para supervisar el uso de algoritmos, datos personales y tasas individualizadas. La Tecla
¿Qué significa la “zona gris regulatoria”?
Las billeteras virtuales no operan completamente sin controles. Los proveedores de servicios de pago deben inscribirse ante el Banco Central y cumplir normas vinculadas con las cuentas de pago, la identificación de los usuarios, la prevención del lavado, la seguridad y la atención de reclamos.
El Banco Central publica el registro de proveedores habilitados y los datos de sus responsables de atención al usuario. Registro de proveedores
La zona gris aparece porque una misma aplicación puede ofrecer distintos servicios —pagos, inversiones, seguros y préstamos— a través de empresas o estructuras jurídicas diferentes. No todas esas actividades están alcanzadas por las mismas reglas ni por el mismo nivel de supervisión prudencial aplicado a un banco.
El problema, entonces, no es una ausencia absoluta de regulación, sino un sistema fragmentado que puede dificultar que el usuario sepa quién le presta el dinero, qué organismo controla esa operación y ante quién debe reclamar.
El algoritmo decide cuánto presta y a qué tasa
En un banco tradicional, el otorgamiento de un crédito suele contemplar ingresos declarados, antecedentes financieros y capacidad de pago. En las plataformas digitales, esa evaluación puede incorporar además una enorme cantidad de información generada dentro de la aplicación.
Los algoritmos pueden analizar:
El dinero que ingresa a la cuenta.
La frecuencia y el valor de las compras.
El pago de servicios y vencimientos.
Las transferencias realizadas y recibidas.
Los horarios y lugares de consumo.
El comportamiento frente a ofertas anteriores.
Los atrasos o cancelaciones anticipadas.
A partir de esos datos, la plataforma construye un perfil y decide cuánto dinero ofrecer, qué plazo habilitar y qué tasa aplicar.
Esto provoca que dos personas puedan recibir préstamos por el mismo monto, pero con costos diferentes. El Centro de Estudios para la Ciudad define esta práctica como una forma de discriminación de precios: cada usuario paga de acuerdo con el perfil que el algoritmo elaboró sobre su comportamiento.
El problema es que generalmente no se informa con claridad qué datos fueron utilizados, cuánto influyó cada variable ni cómo puede cuestionarse una decisión automatizada.
La deuda puede renovarse sin que el usuario lo advierta
La dinámica es sencilla: la aplicación muestra una suma disponible y permite aceptarla con pocos pasos. El dinero aparece inmediatamente en la cuenta y la primera cuota suele vencer semanas después.
Cuando llega el vencimiento, muchas familias ya utilizaron ese dinero para cubrir gastos básicos. Si los ingresos continúan sin alcanzar, recurren a un nuevo préstamo, refinancian el saldo o usan otra plataforma para cancelar la deuda anterior.
Así comienza una cadena:
Se solicita dinero para cubrir un gasto urgente.
La cuota reduce todavía más el ingreso del mes siguiente.
Se toma otro crédito para pagar gastos o cancelar el primero.
Los intereses y recargos aumentan el saldo.
El usuario termina destinando una parte creciente de sus ingresos solamente a pagar deudas.
El crédito deja de financiar una compra excepcional y pasa a formar parte del presupuesto mensual. Ese es uno de los principales indicadores de sobreendeudamiento.
Jóvenes y sectores vulnerables, los más expuestos
El relevamiento advierte una fuerte presencia del endeudamiento entre menores de 35 años. Muchos jóvenes reciben ofertas antes de contar con un empleo estable o ingresos suficientes para sostener las cuotas.
El acceso temprano y reiterado al crédito puede dejar antecedentes de mora que luego dificulten la obtención de financiamiento bancario, una tarjeta, un préstamo para comprar un vehículo o eventualmente un crédito hipotecario.
La situación también alcanza a trabajadores con salarios bajos o inestables, jubilados y familias que recurren al préstamo para cubrir alimentos, medicamentos, alquileres y servicios.
“Las familias no se endeudan porque sí. Se endeudan porque el salario dejó de alcanzar”, señaló Hernán Stebano, integrante del equipo profesional del Centro de Estudios para la Ciudad.
Millones de personas registran problemas con sus deudas
El Mapa de la Deuda, una herramienta interactiva elaborada a partir de información del sistema financiero, ubica la tasa nacional de mora en el 17,4%. El informe difundido por el CEC estima que la problemática comprende aproximadamente a 4,86 millones de personas. Mapa de la Deuda
Los investigadores también sostienen que la deuda familiar con nuevos proveedores financieros, billeteras y empresas fintech adquiere cada vez mayor peso frente al financiamiento bancario tradicional.
Las cifras deben interpretarse con cuidado: no toda persona endeudada está sobreendeudada y no toda mora proviene de una billetera virtual. Sin embargo, el crecimiento de los atrasos muestra una dificultad concreta para cumplir con obligaciones ya asumidas.
Los datos personales también forman parte del negocio
Las billeteras concentran información muy valiosa: identidad, movimientos, compras, transferencias, ubicación y hábitos financieros.
Esos datos permiten anticipar necesidades y ofrecer un préstamo exactamente cuando el sistema detecta que el usuario podría necesitarlo. La oferta puede aparecer después de un gasto importante, cuando disminuye el saldo o cerca del vencimiento de un servicio.
La Ley de Protección de Datos Personales argentina fue sancionada en el año 2000, mucho antes de la expansión de las billeteras, la inteligencia artificial y el perfilamiento crediticio automatizado.
Para el CEC, esa antigüedad deja preguntas todavía sin una respuesta suficientemente clara: qué datos pueden utilizarse para fijar una tasa, cuánto tiempo pueden conservarse, cómo se corrige un perfil equivocado y si una persona puede solicitar una explicación sobre la decisión del algoritmo.
Qué debería mirar el usuario antes de aceptar
El dato más importante no es cuánto dinero entrega la aplicación, sino cuánto deberá devolverse en total.
Antes de aceptar, conviene comprobar:
El costo financiero total, no solamente la tasa anunciada.
El valor y la cantidad de cuotas.
El monto final que deberá devolverse.
Los intereses por atraso.
Los gastos administrativos, seguros y cargos adicionales.
Si la cuota puede pagarse sin pedir otro préstamo.
Qué empresa otorga realmente el crédito.
Una cuota aparentemente pequeña puede ocultar un costo elevado cuando se suman intereses, impuestos, comisiones y recargos.
Las billeteras virtuales favorecieron la inclusión financiera y simplificaron operaciones cotidianas. El problema no está en la herramienta por sí misma, sino en la combinación de crédito inmediato, necesidad económica, tasas elevadas y decisiones algorítmicas difíciles de comprender.
El desafío es establecer reglas que permitan conservar las ventajas de la innovación sin dejar a los usuarios expuestos a contratos poco claros, tasas personalizadas opacas y ofertas que pueden fomentar un endeudamiento permanente.
La discusión ya no pasa únicamente por cómo pagamos. También involucra quién controla nuestros datos, cómo se determina el precio del dinero y qué protección tienen las familias cuando un crédito ofrecido en segundos se convierte en una deuda que puede acompañarlas durante años.
