La iniciativa del oficialismo conservaría el Certificado Único de Discapacidad, la actualización mensual de los aranceles de las prestaciones y las pensiones no contributivas. También mantendría la posibilidad de cobrar una pensión y tener un empleo registrado bajo determinados límites de ingresos. El texto debe obtener dictamen en Diputados y todavía no es ley.
El debate por discapacidad dio un giro en el Congreso. Después de incluir en el proyecto de Presupuesto 2027 cambios que generaron cuestionamientos sobre pensiones y prestaciones, La Libertad Avanza presentó a sus aliados una propuesta que preserva varios puntos centrales de la actual Ley de Emergencia en Discapacidad. La iniciativa busca establecer esas disposiciones de manera permanente, sin prorrogar la declaración de emergencia.
La novedad llega en una semana de cambios en el área: el Gobierno anunció el martes la designación de Pablo Di Liscia como nuevo secretario nacional de Discapacidad. En paralelo, la Cámara de Diputados tenía prevista para este miércoles 23, a las 12, una reunión conjunta de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda para avanzar con el tratamiento y dictamen de la prórroga de la emergencia hasta fines de 2027.
Qué propone el nuevo texto
De acuerdo con la propuesta presentada a los bloques aliados, el oficialismo busca mantener:
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) como instrumento de acceso a derechos y prestaciones.
La actualización mensual de los aranceles de las prestaciones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Las pensiones no contributivas por discapacidad.
La compatibilidad entre la pensión y un empleo registrado, sujeta a un límite de ingresos.
El CUD es un documento válido en todo el país que acredita la discapacidad y permite acceder a los derechos y prestaciones previstos en la legislación nacional. No es lo mismo que una pensión: tener el certificado y reunir los requisitos para cobrar una prestación económica son cuestiones diferentes.
Dónde está el conflicto con el Presupuesto
El nuevo planteo se aparta de disposiciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 que habían encendido las alarmas entre familias, prestadores y sectores legislativos. Entre los puntos cuestionados estaban los cambios al esquema de aranceles y a la compatibilidad de las pensiones con el trabajo registrado. Los bloques aliados reclamaron que el giro anunciado también se refleje en el texto presupuestario.
Ese es ahora el punto decisivo: si se aprueba una norma permanente que requiere recursos, las partidas y las disposiciones del Presupuesto 2027 deberán ser compatibles con ella. Una propuesta de protección para las prestaciones pierde fuerza práctica si su financiamiento queda sin resolver.
La otra propuesta: prorrogar la emergencia
La oposición impulsa extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la Emergencia Nacional en Discapacidad. Sostiene que la aplicación de la ley vigente sufrió demoras y que se necesita más tiempo para que sus medidas se cumplan efectivamente. La Cámara de Diputados confirmó que ese proyecto debía tratarse en las reuniones conjuntas de comisiones del 16 y el 23 de septiembre.
El oficialismo plantea otro camino: conservar disposiciones centrales mediante una ley permanente. Las dos propuestas deben pasar por el trámite parlamentario. Que un bloque presente un texto o consiga un dictamen no significa que haya sido aprobado por ambas cámaras ni que ya cambien los derechos de los beneficiarios.
Qué deben mirar las familias de San Pedro
Para quienes utilizan prestaciones o perciben una pensión, hoy no hay un cambio automático derivado de este nuevo proyecto. Las preguntas concretas son qué texto obtiene dictamen, qué artículos conserva finalmente, cómo se financian las medidas y qué versión termina aprobando el Congreso.
