La Libertad Avanza consiguió el quórum luego de retirar los cambios que flexibilizaban la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El proyecto conserva reformas vinculadas con expropiaciones, desalojos, inmuebles afectados por incendios y registros inmobiliarios.
Pasadas las 14.00 de este jueves 6 de agosto, el Senado de la Nación retomó la sesión para debatir el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
La iniciativa había quedado pendiente desde el 16 de julio, cuando la Cámara alta resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta este jueves. Según la información parlamentaria oficial, el proyecto busca modificar el régimen de expropiaciones y agilizar los procedimientos de desalojo. Senado de la Nación
El oficialismo consiguió destrabar el tratamiento después de eliminar el capítulo que proponía modificar la Ley de Tierras Rurales. Ese apartado pretendía cambiar las restricciones para la adquisición de terrenos rurales por parte de extranjeros y otorgarles mayor intervención a las provincias.
La propuesta generó fuertes cuestionamientos de sectores opositores, organizaciones sociales y representantes de provincias. También provocó reparos dentro de los bloques aliados que La Libertad Avanza necesita para aprobar la iniciativa.
Ante la falta de respaldo suficiente, el Gobierno aceptó retirar completamente ese capítulo. El jefe del bloque del PRO, Martín Goerling, reconoció que el tema estuvo “mal manejado”, mientras que desde el oficialismo relativizaron la marcha atrás y aseguraron que decidieron priorizar el acuerdo con gobernadores y fuerzas dialoguistas.
Qué puntos permanecen en discusión
Sin el capítulo referido a las tierras rurales, el proyecto conserva modificaciones sobre diferentes aspectos del derecho de propiedad:
Cambios en el sistema de indemnizaciones por expropiaciones.
Nuevos mecanismos para acelerar determinados procesos de desalojo.
Diferenciación entre ocupantes legítimos y personas consideradas usurpadoras.
Reformas en la Ley de Manejo del Fuego, especialmente sobre el uso posterior de terrenos afectados por incendios.
Digitalización y establecimiento de plazos para los registros de la propiedad inmueble.
Durante su tratamiento en comisión también fue retirado el apartado relacionado con el Registro Nacional de Barrios Populares, que será discutido en una iniciativa independiente. Expediente oficial PE-13/26
El Gobierno sostiene que la norma brindará mayor seguridad jurídica, protegerá a los propietarios y favorecerá las inversiones. Desde la oposición advierten que algunos mecanismos podrían reducir las garantías de familias vulnerables, comunidades indígenas y ocupantes que mantienen disputas legales por la propiedad de los terrenos.
Reclamo para que el proyecto vuelva a comisión
Durante el inicio de la sesión, la senadora justicialista Juliana Di Tullio cuestionó que los legisladores no hubieran recibido con suficiente anticipación la última versión del texto, modificada después de las negociaciones del oficialismo. Por ese motivo, reclamó que la iniciativa regresara a comisión.
Otro de los momentos de tensión fue protagonizado por el senador libertario Joaquín Benegas Lynch. Di Tullio había solicitado que fuera apartado del debate y de la votación por un presunto conflicto de intereses vinculado con su actividad empresarial en el sector inmobiliario rural.
Benegas Lynch rechazó el planteo, reconoció que posee una empresa agropecuaria y sostuvo que esa actividad no le impide participar del tratamiento. La presentación opositora cuestionó su posible intervención en el capítulo de tierras, aunque ese apartado finalmente fue eliminado del proyecto.
Al cierre de esta publicación, el debate continuaba en el recinto y la votación aún se encontraba pendiente. Si obtiene media sanción, la iniciativa deberá pasar a la Cámara de Diputados.
