Este sábado 18 de julio se cumplen 32 años del atentado terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el ataque más grave de la historia argentina. La explosión provocó la muerte de 85 personas y dejó más de 300 heridos. A más de tres décadas, todavía no hay condenados por la planificación y ejecución del crimen.
A las 9.53 de la mañana del 18 de julio de 1994, una bomba explotó frente al edificio ubicado en Pasteur 633, en el barrio porteño de Once. La detonación destruyó por completo la sede de la mutual judía, dañó construcciones cercanas y dejó una escena de muerte y destrucción que marcó para siempre al país.
Como sucede cada año, familiares de las víctimas, sobrevivientes, autoridades y representantes de distintas instituciones participaron de los actos conmemorativos para mantener viva la memoria y renovar el reclamo de verdad y justicia.
La ceremonia central se realizó este viernes 17 de julio, un día antes del aniversario, frente a la reconstruida sede de la AMIA. El cambio de fecha respondió a que este año el 18 de julio coincidió con el sábado, jornada sagrada de descanso para el judaísmo.
El presidente Javier Milei participó del acto desarrollado en el barrio de Once, donde se recordó a cada una de las víctimas y volvió a expresarse el reclamo contra la impunidad que rodea al caso.
Una causa atravesada por irregularidades y encubrimientos
La investigación judicial estuvo marcada desde sus primeros años por maniobras ilegales, desvíos y encubrimientos. El primer juicio oral, finalizado en 2004, absolvió a todos los acusados de integrar la denominada “conexión local” y declaró nula una parte sustancial de la investigación.
En 2019, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a distintos exfuncionarios judiciales y de inteligencia por las maniobras destinadas a desviar la causa. Entre ellos se encontraban el exjuez federal Juan José Galeano, los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y el exjefe de la SIDE Hugo Anzorreguy. En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó varias de esas condenas, aunque modificó algunas penas y absolvió a otros imputados.
Ese mismo año, Casación calificó el atentado como un crimen de lesa humanidad, por lo que resulta imprescriptible, y sostuvo que el ataque fue organizado por integrantes del gobierno de Irán y ejecutado por la organización terrorista Hezbollah. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna condena contra los autores intelectuales o materiales del atentado.
Carlos Telleldín, acusado de haber entregado la camioneta Renault Trafic utilizada como coche bomba, fue absuelto nuevamente en diciembre de 2020. La Justicia consideró que no se había probado que conociera el destino que tendría el vehículo ni que hubiera colaborado deliberadamente con el ataque.
El avance del juicio en ausencia
Uno de los principales avances registrados durante los últimos años fue la sanción de la Ley 27.784, que habilitó el juicio en ausencia para determinados delitos graves cuando los acusados se mantienen prófugos y evitan deliberadamente presentarse ante la Justicia.
En junio de 2025, el juez federal Daniel Rafecas autorizó la aplicación de este procedimiento contra diez ciudadanos iraníes y libaneses acusados de haber participado en la planificación y ejecución del atentado. Todos permanecen prófugos y cuentan con pedidos de captura internacional y alertas rojas de Interpol.
Entre los acusados figuran exintegrantes del gobierno iraní, antiguos diplomáticos destinados en la Argentina y presuntos miembros de Hezbollah. La defensa oficial cuestionó la constitucionalidad del procedimiento y llevó el planteo ante la Cámara Federal de Casación Penal.
En mayo de 2026, la Cámara Federal porteña ordenó continuar con el trámite para avanzar hacia el juicio oral, sin esperar que Casación resuelva definitivamente aquella impugnación. La decisión permitió destrabar un expediente que llevaba varios meses paralizado. No obstante, la constitucionalidad del juicio en ausencia todavía se encuentra bajo revisión del máximo tribunal penal federal.
De concretarse, será la primera vez que los acusados de haber organizado y ejecutado el ataque sean sometidos a un debate oral y público, aunque permanezcan fuera del alcance de la Justicia argentina.
El antecedente de la Embajada de Israel
El atentado contra la AMIA ocurrió poco más de dos años después del ataque contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. El 17 de marzo de 1992, una explosión destruyó la representación diplomática y provocó la muerte de 22 personas, además de causar cientos de heridos.
Ambos hechos fueron atribuidos judicialmente a Hezbollah y a funcionarios de la República Islámica de Irán. Más de tres décadas después, ninguno de los acusados por su ejecución fue detenido.
A 32 años del atentado contra la AMIA, los nombres de las 85 víctimas vuelven a ocupar el centro de la memoria colectiva. El paso del tiempo no cerró la herida y el reclamo continúa siendo el mismo: memoria, verdad y justicia.
Información judicial actualizada al 18 de julio de 2026, basada en resoluciones y antecedentes publicados por la Cámara Federal de Casación Penal, el Ministerio Público Fiscal y las novedades del proceso de juicio en ausencia.
