La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil abrió una etapa distinta en Argentina: desde ahora, adolescentes de 14 y 15 años pueden ingresar al sistema penal.
Pero detrás del cambio legislativo aparece una pregunta mucho más compleja: ¿está preparada la Provincia de Buenos Aires para aplicar efectivamente la nueva ley?
La discusión ya no pasa solamente por determinar desde qué edad un adolescente puede responder penalmente. También obliga a analizar quién lo investiga, quién lo defiende, dónde permanece durante el proceso, qué equipos realizan su seguimiento, qué alternativas existen a la privación de la libertad y qué ocurre cuando un juez dispone una medida restrictiva.
La Provincia ya tiene un fuero especializado, pero ahora deberá absorber una nueva franja etaria
Buenos Aires no comienza desde cero.
La Provincia cuenta desde hace años con un Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, con fiscales, defensores y jueces especializados. También posee una estructura administrativa específica dentro del sistema provincial destinada a adolescentes en conflicto con la ley penal.
Actualmente existe una Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil, de la que dependen programas de supervisión y monitoreo, establecimientos penales juveniles, centros socioeducativos, centros cerrados y centros de recepción.
El problema es que el nuevo régimen amplía el universo de adolescentes que pueden quedar sometidos a un proceso penal.
Hasta ahora, los menores de 16 años estaban fuera del régimen de punibilidad nacional. La incorporación de adolescentes de 14 y 15 años significa que Fiscalías, Defensorías, juzgados y dispositivos provinciales podrían comenzar a recibir casos que antes no ingresaban por esa vía.
Y ahí aparece el primer gran interrogante: cuántos casos adicionales generará la reforma y si la estructura existente podrá absorberlos.
No se trata solamente de construir lugares de encierro
Uno de los errores del debate público sería reducir la implementación a una sola pregunta: “¿dónde van a alojar a los menores?”.
La ley contempla un sistema mucho más amplio.
La respuesta penal juvenil incluye medidas de supervisión, acompañamiento, educación, tratamiento, inserción social y alternativas a la privación de libertad. Incluso establece la figura de un supervisor, que deberá ser un profesional con formación en áreas como educación, psicología, adicciones o trabajo social.
Eso significa que aplicar el régimen requiere no solamente lugares físicos, sino también:
fiscales, defensores y jueces especializados;
psicólogos, trabajadores sociales y equipos interdisciplinarios;
dispositivos territoriales de seguimiento;
programas educativos y de capacitación;
tratamientos de consumos problemáticos cuando correspondan;
centros adecuados para medidas restrictivas o privativas de libertad;
articulación con municipios, escuelas, salud y organismos de niñez.
La Provincia ya comenzó a trabajar en esa articulación. En las últimas semanas hubo reuniones entre el Patronato de Liberados y los Centros de Referencia para analizar la transición al nuevo régimen y fortalecer el acompañamiento territorial.
Infraestructura: otro punto crítico
Buenos Aires dispone de centros especializados para adolescentes, pero la capacidad del sistema pasa a ser una cuestión central si aumenta la cantidad de jóvenes sometidos a medidas judiciales.
Durante este año la Provincia realizó obras, por ejemplo, en el Centro Socioeducativo Leopoldo Lugones de Azul, destinado a jóvenes en conflicto con la ley penal, con mejoras de seguridad, habitabilidad y funcionamiento.
El interrogante es si esas inversiones alcanzan para la nueva realidad.
Porque la normativa establece además que los adolescentes no pueden ser alojados junto con adultos, por lo que cualquier aumento en las medidas de privación de libertad requiere plazas específicamente destinadas al sistema juvenil.
También hacen falta fiscales y defensores
La implementación impacta directamente sobre el Ministerio Público.
La Provincia ya cuenta con fiscales y defensores especializados, pero incluso este año continúan procesos de cobertura de cargos para el Fuero Penal Juvenil. El Consejo de la Magistratura bonaerense tiene, por ejemplo, convocatorias para cargos de defensor oficial especializado.
Esto abre otra pregunta concreta: si aumenta el número de causas, ¿habrá suficientes operadores judiciales para garantizar procesos rápidos y especializados?
Porque una reforma penal puede fracasar si se modifica la ley pero no se incrementan los recursos del sistema que debe aplicarla.
La capacitación también forma parte de la implementación
La Nación comenzó durante julio y agosto capacitaciones destinadas a jueces, fiscales, defensores y funcionarios de todo el país para explicar los cambios introducidos por el nuevo régimen.
Esto demuestra que la puesta en marcha no se limita a publicar una ley.
Los operadores deberán adaptarse a nuevos procedimientos, nuevas edades alcanzadas por el sistema y nuevas herramientas de intervención.
El presupuesto: la discusión inevitable
La Ley 27.801 es explícita al señalar que los gastos que demande su cumplimiento deberán ser atendidos con las partidas presupuestarias correspondientes.
Y probablemente ahí aparezca uno de los debates políticos más importantes.
La Provincia deberá determinar cuánto dinero requiere ampliar o fortalecer:
infraestructura, personal judicial, equipos interdisciplinarios, centros de recepción, programas territoriales, educación, seguimiento y medidas alternativas al encierro.
Porque bajar la edad de responsabilidad penal sin acompañar la reforma con recursos podría generar un cuello de botella justamente en el sistema encargado de ejecutar la ley.
Una problemática que excede la seguridad
La propia Provincia viene trabajando con otro diagnóstico: muchos adolescentes vinculados a conflictos penales presentan trayectorias educativas interrumpidas, fragilidad en sus redes familiares, dificultades económicas y exposición a economías ilegales.
Un relevamiento provincial realizado en 26 municipios detectó precisamente esas múltiples vulnerabilidades y dio lugar a más de 150 intervenciones territoriales.
Eso incorpora otra dimensión al debate.
El sistema penal interviene después del delito. Pero la discusión sobre prevención exige analizar también qué ocurre antes: abandono escolar, consumos, falta de oportunidades, violencia familiar, entornos delictivos y ausencia de redes de contención.
¿Y qué pasaría concretamente en San Pedro?
Este punto puede convertir el informe nacional/provincial en una nota propia muy fuerte.
Ante un hecho cometido por un adolescente de 14 o 15 años en San Pedro, la intervención policial sería apenas el comienzo.
Después deberá actuar el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil correspondiente al Departamento Judicial San Nicolás, con fiscales, defensores, jueces y organismos provinciales especializados.
Si el magistrado determina una medida de seguimiento, deberá existir un dispositivo que pueda ejecutarla. Si dispone una medida restrictiva, deberá existir un lugar adecuado. Y si ordena acompañamiento socioeducativo, psicológico o de adicciones, alguien deberá garantizarlo.
Por eso, la pregunta que queda después de la entrada en vigencia de la ley es bastante más profunda que “¿desde qué edad son imputables?”.
La pregunta real es:
¿cuenta la Provincia de Buenos Aires con los recursos humanos, judiciales, sociales y de infraestructura necesarios para que el nuevo régimen funcione como fue diseñado?
Ese debate recién empieza…
