La defensa del exjefe de Gabinete solicitó una prórroga antes del vencimiento del plazo. La fiscalía investiga una diferencia de más de $43 millones entre ingresos y gastos, además del origen de alrededor de US$400.000.
El exjefe de Gabinete Manuel Adorni solicitó una prórroga de 15 días para presentar la documentación con la que deberá justificar la evolución de su patrimonio, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
El plazo fijado originalmente vencía este miércoles. Ahora será el juez federal Ariel Lijo quien deberá resolver si concede la extensión solicitada por la defensa, encabezada por el abogado Matías Ledesma.
El pedido fue presentado debido a que, según argumentó la defensa, todavía no pudo acceder y revisar completamente documentación y archivos mencionados por el fiscal federal Gerardo Pollicita en el requerimiento.
Las cifras bajo investigación
La fiscalía intimó a Adorni el pasado 10 de agosto para que explique una serie de movimientos patrimoniales registrados desde su ingreso a la función pública, el 14 de diciembre de 2023, hasta su renuncia como jefe de Gabinete, ocurrida el 27 de junio de 2026.
De acuerdo con el análisis incorporado al expediente, durante ese período el grupo familiar habría percibido ingresos comprobados por aproximadamente $229,7 millones, mientras que sus gastos habrían alcanzado los $272,8 millones.
La diferencia señalada por la fiscalía asciende a $43.068.549.
Los investigadores también buscan determinar el origen de US$402.578 presuntamente destinados a la compra y refacción de inmuebles y a la adquisición de mobiliario.
Entre los 20 puntos que Adorni debe responder aparecen el origen de dólares declarados, operaciones inmobiliarias, préstamos atribuidos a familiares, herencias, donaciones, pagos realizados por personas de su entorno y operaciones con criptoactivos que, según la investigación, no habrían sido incluidas en sus declaraciones juradas.
Una eventual indagatoria
Una vez presentada la documentación, el fiscal deberá analizar si las explicaciones resultan suficientes. En caso contrario, podría solicitar que Adorni sea citado a declaración indagatoria, aunque la decisión final corresponderá al juez Lijo.
La investigación continúa abierta y las diferencias patrimoniales señaladas no constituyen por sí mismas una condena ni acreditan la existencia de un delito. Fuente: La Nación.
