Los sampedrinos vuelven a enfrentar un problema que parecía haber quedado atrás. Desde la noche del domingo, los trabajadores de la empresa Ashira iniciaron una medida de fuerza por la falta de pago de salarios, situación que provocó la interrupción del servicio de recolección de residuos en distintos sectores del partido de San Pedro.

La decisión fue tomada por los empleados luego de no percibir sus haberes, por lo que resolvieron no salir a prestar tareas hasta que la situación sea regularizada. Como consecuencia, los residuos comenzaron a acumularse nuevamente en calles y veredas, generando preocupación entre los vecinos.

Desde la empresa atribuyeron el conflicto a la falta de pago del contrato por parte de la Municipalidad de San Pedro. Según indicaron, el costo mensual del servicio ronda actualmente entre 362 y 374 millones de pesos, cifra que se ha incrementado considerablemente en los últimos meses debido al contexto inflacionario y a los costos operativos.

El conflicto no es nuevo. En abril pasado, una situación similar derivó en jornadas sin recolección, negociaciones en la Secretaría de Trabajo y reclamos de los trabajadores por el atraso en el cobro de salarios. En aquella oportunidad, tras varias reuniones entre la empresa, el gremio y representantes municipales, se logró destrabar parcialmente la situación y normalizar el servicio.

Sin embargo, apenas unas semanas después, el problema vuelve a repetirse y otra vez son los vecinos quienes sufren las consecuencias. Mientras las partes buscan una solución, la ciudad enfrenta un nuevo escenario de acumulación de residuos, con los riesgos sanitarios y ambientales que ello implica.

Desde el Municipio explicaron que atraviesan una compleja situación financiera producto de la caída de los ingresos. Según informaron, durante junio la comuna recibirá un 8% menos de fondos coparticipables que el mes anterior, lo que representa aproximadamente 226 millones de pesos menos para las arcas municipales.

A esa reducción se suma una baja sostenida en la recaudación de tasas municipales y otros compromisos de servicios esenciales. Además del contrato de recolección de residuos, el Municipio debe afrontar el costo del alumbrado público, que ronda actualmente los 120 millones de pesos mensuales.

Por el momento no hay una fecha confirmada para la normalización del servicio y la continuidad de la medida de fuerza dependerá de que los trabajadores perciban los salarios adeudados.

Una vez más, un conflicto económico entre la empresa y el Municipio termina trasladando sus consecuencias a la comunidad, que observa con preocupación cómo los residuos vuelven a acumularse en distintos puntos de la ciudad.