La causa judicial que tiene como principales imputados a los dirigentes sindicales Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola dio un nuevo giro y alcanzó una dimensión internacional. El Sindicato Único de Trabajadores Municipales (SUTM) presentó formalmente una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra, Suiza, solicitando una intervención urgente antes del juicio oral previsto para el 28 de septiembre de 2026.
La presentación fue dirigida al director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, con copia a la directora de la Oficina de la OIT para Argentina, Sara Luna Camacho, y a la directora regional para América Latina y el Caribe, Ana Virginia Moreira Gomes.
Según informó el gremio encabezado por Rodolfo Cecchi, la denuncia sostiene que durante la tramitación de la causa se habrían vulnerado derechos vinculados a la libertad sindical, al ejercicio del derecho de huelga y a convenios internacionales ratificados por la República Argentina.
La causa tiene su origen en enero de 2021, cuando se desarrolló un conflicto gremial entre el Sindicato de Camioneros y la empresa Rey Distribuidora, firma con sede en San Pedro.
En aquel momento, trabajadores afiliados al gremio llevaron adelante medidas de fuerza en reclamo de cuestiones laborales vinculadas a la actividad. La protesta derivó en una fuerte confrontación entre la empresa y el sindicato.
Desde Rey Distribuidora denunciaron que durante las medidas gremiales se produjeron bloqueos en los accesos al establecimiento, impedimentos para desarrollar normalmente la actividad comercial y presuntas maniobras extorsivas destinadas a presionar a la firma.
La denuncia dio origen a una investigación penal que con el paso del tiempo terminó involucrando a dirigentes sindicales y trabajadores que participaron de las protestas.
Por el contrario, desde el Sindicato de Camioneros siempre sostuvieron que se trató de una medida gremial legítima en defensa de los derechos laborales de los trabajadores y rechazaron las acusaciones formuladas por la empresa.
Cómo avanzó la investigación
La causa quedó bajo la órbita de la fiscal María del Valle Viviani y avanzó a lo largo de los años con la recolección de testimonios, registros audiovisuales y distintas pruebas incorporadas al expediente.
Finalmente, la Justicia consideró que existían elementos suficientes para llevar el caso a juicio oral.
Entre los principales acusados figuran los dirigentes sindicales Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, junto a otros trabajadores vinculados al conflicto.
La Cámara de Casación bonaerense confirmó posteriormente la elevación a juicio, dejando firme la continuidad del proceso penal y habilitando la realización del debate oral.
Actualmente la causa se encuentra radicada en el Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial San Nicolás, donde el juicio comenzará el 28 de septiembre de 2026.
La postura sindical
Desde el sector gremial sostienen que la causa constituye un caso de persecución sindical y una criminalización del derecho de huelga.
En la presentación elevada a la OIT afirman que la documentación reunida durante estos años demostraría que nunca existió una ocupación ilegal del establecimiento ni una alteración del orden que justificara la imputación penal.
Además, aseguran que los registros audiovisuales incorporados al expediente probarían la inexistencia de una «turbación de la posesión» de la empresa.
Uno de los puntos centrales de la denuncia refiere a la situación del entonces delegado gremial Edgardo Di Mayo.
Según expone el sindicato, Di Mayo habría sido impedido de ingresar a su lugar de trabajo durante el conflicto y posteriormente despedido sin respetar las garantías sindicales que, según sostienen, le otorgaba su condición de representante de los trabajadores.
La presentación también menciona a Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torres y Matías Agustín Torres, quienes continúan imputados en el expediente.
El pedido a la OIT
La denuncia solicita que la Organización Internacional del Trabajo otorgue un tratamiento preferente y urgente al caso antes del inicio del juicio oral.
Para el sindicato, una eventual intervención del organismo podría resultar determinante para evaluar si durante el proceso se afectaron derechos protegidos por convenios internacionales suscriptos por Argentina.
Además, requirieron que se analice tanto el expediente laboral tramitado ante la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo en San Pedro como la totalidad de la causa penal, incluyendo videos, testimonios y documentación incorporada durante la investigación.
Los denunciantes sostienen que ese material constituye prueba suficiente para acreditar que la protesta se desarrolló dentro del marco de la actividad sindical legítima.
La presentación internacional se concretó luego de las gestiones realizadas por el abogado Gabriel Rogelio Ruíz, quien semanas atrás mantuvo contactos y reuniones virtuales con representantes de la OIT.
Según había adelantado el propio letrado, desde el organismo internacional habrían manifestado preocupación por los planteos realizados y recomendaron la remisión formal de toda la documentación a la sede central en Ginebra.
Además de la denuncia ante la OIT, el sindicato informó que remitió una notificación al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para poner en conocimiento la situación.
Lo que viene
Aunque la OIT no tiene facultades para suspender ni anular decisiones judiciales argentinas, sí puede intervenir mediante mecanismos de control internacional, emitir recomendaciones, solicitar informes al Estado argentino y pronunciarse sobre el cumplimiento de los convenios laborales vigentes.
Mientras se espera una respuesta del organismo internacional, la causa continúa avanzando en los tribunales bonaerenses y mantiene como fecha clave el 28 de septiembre de 2026, día en que comenzará el juicio oral que podría convertirse en uno de los procesos sindicales más relevantes de los últimos años en la región.
Con la denuncia ya formalizada ante la OIT, el conflicto que comenzó hace más de cinco años dejó de ser únicamente un expediente judicial local para transformarse en un caso que ahora será observado también desde el ámbito internacional.
Fuente Prensa Libre SN
