La Cooperativa sostuvo que el sector fue subdividido sin planos aprobados y aseguró que el impedimento para otorgar el servicio también fue advertido formalmente por funcionarios municipales. Además, alertó sobre el peligro de las conexiones clandestinas.
Luego del reclamo público realizado por las 32 familias de La Nueva Aldea Sbert, que aseguran que llevan seis años esperando una conexión eléctrica regular, COOPSER difundió un comunicado para explicar su posición y responder a los cuestionamientos planteados por los vecinos.
La Cooperativa aseguró que comprende la situación de las familias y que continúa a disposición para encontrar una salida, aunque remarcó que cualquier alternativa deberá respetar las condiciones legales y técnicas vigentes.
Según explicó la entidad, el sector habría sido subdividido de hecho, sin contar con planos de mensura y subdivisión aprobados y sin cumplir con los requisitos contemplados por la Ley Provincial 8912 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo.
Esa normativa establece condiciones relacionadas con las dimensiones de los lotes, la apertura de calles, los espacios verdes, las reservas y la infraestructura necesaria para el desarrollo de una urbanización.
COOPSER señaló que esta situación le fue comunicada formalmente por la propia Municipalidad de San Pedro, mediante distintas notas firmadas, entre otros funcionarios, por el ingeniero Agustín Vaca, Ariel Álvarez y Javier Silva.
“Cada funcionario respondió conforme a las responsabilidades de su área y dejó constancia de que no correspondía otorgar suministro eléctrico ni atender pedidos de alumbrado público hasta regularizar la situación”, sostuvo la entidad.
En ese sentido, la Cooperativa rechazó que exista una decisión unilateral de negarles el servicio a los habitantes del barrio.
“No se trata de una negativa unilateral de COOPSER, sino de una situación advertida y documentada también por las autoridades municipales competentes”, manifestó.
La discusión por la plaza y la infraestructura
Otro de los puntos abordados fue el planteo realizado por los vecinos sobre la supuesta exigencia de disponer de un espacio destinado a una plaza.
Desde COOPSER aclararon que la construcción de ese espacio público no fue solicitada por la entidad como condición para brindar electricidad. Indicaron que la reserva de espacios verdes forma parte de los requerimientos urbanísticos previstos para este tipo de subdivisiones.
Respecto del presupuesto presentado para avanzar con las obras, la Cooperativa explicó que surgió del análisis de una alternativa técnica para extender la red eléctrica desde las calles perimetrales hasta los terrenos ubicados en el interior del barrio.
La ejecución requeriría un tendido específico, mientras que los particulares deberían afrontar las instalaciones internas necesarias para llegar hasta cada terreno y colocar los respectivos medidores.
COOPSER consideró que quienes desarrollan y comercializan los lotes deben garantizar previamente las condiciones legales, urbanísticas y de infraestructura.
“Trasladar a COOPSER los costos derivados de estas condiciones implicaría trasladarlos al conjunto de los asociados”, advirtió.
Un conflicto que se remonta a 2021
La problemática llegó nuevamente al Concejo Deliberante por iniciativa del concejal Diego Lafalce. El correspondiente proyecto de ordenanza tomó estado parlamentario y fue enviado a comisión para su estudio.
La Cooperativa recordó que viene señalando las dificultades existentes desde 2021 y aseguró que cuenta con antecedentes y respuestas formales que respaldan su intervención durante estos años.
En la sesión, representantes de la Comisión de Fomento del barrio informaron que resolvieron ceder los pasajes internos al Municipio, una medida con la que pretenden comenzar a destrabar las dificultades legales y administrativas.
Advertencia por las conexiones clandestinas
COOPSER también alertó sobre la existencia de conexiones clandestinas utilizadas para llevar electricidad a las viviendas del sector.
La entidad calificó esta situación como de “extrema gravedad” y advirtió que, además de tratarse de conexiones ilegales, representan un serio peligro para las personas, las propiedades y el funcionamiento de la red.
La Cooperativa reiteró que continuará buscando alternativas para acompañar a las familias, pero aseguró que también debe proteger los recursos pertenecientes al conjunto de sus asociados y cumplir con las normas vigentes.
“La solución debe ser técnica, legal, segura y definitiva, evitando excepciones que generen precedentes costosos y protegiendo tanto a las familias como a toda la comunidad cooperativa”, concluyó COOPSER.
