La muerte del oficial Alan Fabián Molina volvió a colocar en primer plano una realidad que la Policía Bonaerense conoce desde hace décadas: detrás de cada uniforme hay una persona que muchas veces debe enfrentarse al delito con más vocación que respaldo.
Molina era oriundo de Tres Arroyos, había egresado en febrero de 2026 y llevaba apenas unos meses dentro de la fuerza. Fue destinado a la Fuerza Barrial de Aproximación y prestaba servicio en Fuerte Apache, a casi 500 kilómetros de su ciudad.
Durante una recorrida preventiva, Molina y sus compañeros intentaron identificar a dos sospechosos. Los hombres escaparon y el joven policía avanzó hacia el lugar donde se habían ocultado. Allí fue atacado a tiros. Recibió dos disparos en sectores que no estaban cubiertos por el chaleco antibalas y murió luego de ser trasladado al Hospital Ramón Carrillo.
Su asesinato obliga a formular una pregunta incómoda: ¿con qué experiencia, preparación y respaldo se envía a un policía recién egresado a uno de los territorios más complejos del conurbano bonaerense?
No corresponde afirmar, sin una investigación interna, que una decisión determinada provocó su muerte. Pero sí es legítimo exigir que se explique cómo se asignan los destinos, qué evaluaciones de riesgo se realizan y qué acompañamiento reciben los efectivos durante sus primeros meses en la calle.
Una problemática que atravesó a todos los gobiernos
Reducir la situación de la Policía Bonaerense a una sola gestión sería simplificar un problema mucho más profundo. En los últimos diez años se sucedieron diferentes gobiernos, ministros, jefaturas, reformas y anuncios. Cambiaron los nombres y los discursos, pero muchos reclamos permanecieron.
Durante este período existieron incorporaciones de personal, compras de patrulleros, renovación de equipamiento y modificaciones en la formación. Sin embargo, también se conocieron denuncias por chalecos deteriorados o presuntamente vencidos, móviles fuera de servicio, falta de combustible, salarios insuficientes, extensas jornadas y policías obligados a pagar con su propio dinero elementos necesarios para trabajar.
Es la cultura del “lo atamos con alambre”, una forma de precariedad que terminó naturalizándose dentro de la propia institución.
El policía aprende a no reclamar, a cubrir lo que falta, a pedir prestado, a reparar el móvil como sea y a continuar trabajando. Lo extraordinario se transforma en habitual. La carencia deja de sorprender y pasa a formar parte del servicio.
En 2018 se viralizaron videos de policías que denunciaban haber recibido chalecos con etiquetas de 2017 colocadas sobre inscripciones de 2008. El Ministerio de Seguridad bonaerense negó que se tratara de elementos vencidos, atribuyó la situación a un error de la empresa proveedora e informó que fueron retirados de circulación.
El episodio nunca debió ser tomado como una simple anécdota. Un chaleco no es una prenda más del uniforme: puede establecer la diferencia entre la vida y la muerte.
La controversia también mostró una dificultad recurrente: la falta de información accesible para que cada efectivo pueda conocer la fabricación, certificación, trazabilidad, condiciones de conservación y vida útil real de los elementos que recibe. El Día
En septiembre de 2020, en plena pandemia, policías y familiares protagonizaron una protesta de una magnitud inédita. El reclamo comenzó por los salarios, pero rápidamente dejó al descubierto problemas mucho más amplios.
Los testimonios de aquellos días hablaban de móviles rotos, falta de combustible y municiones, escasez de elementos sanitarios, horas adicionales mal remuneradas y agentes obligados a buscar otros trabajos para llegar a fin de mes.
También aparecieron denuncias sobre destrato de superiores, sanciones arbitrarias y una estructura vertical en la que los rangos más bajos sentían que no tenían canales reales para ser escuchados.
La protesta tuvo métodos que generaron un fuerte debate institucional, especialmente por la presencia de efectivos armados frente a la residencia presidencial. Pero, aun cuestionando esas formas, el conflicto evidenció un deterioro laboral que venía acumulándose desde hacía años. Infobae
En febrero de 2026, exoficiales y familiares volvieron a manifestarse en Mar del Plata. Reclamaron una recomposición salarial, la actualización de las horas adicionales y mejoras en la cobertura de IOMA. Esto demuestra que, seis años después de aquella crisis, parte del malestar continúa vigente.
La formación también atravesó fuertes controversias. Con la creación de las policías locales, hubo camadas que realizaron cursos reducidos a seis meses. La normativa contemplaba una preparación de doce meses, pero permitía acortarla bajo circunstancias especiales.
Una investigación académica sobre la Policía Local de Quilmes documentó que las primeras camadas tuvieron seis meses de formación. La rapidez para incorporar agentes buscaba responder a la demanda social de mayor presencia en las calles, pero abrió una discusión inevitable: ¿alcanza ese tiempo para preparar a una persona que deberá portar un arma, tomar decisiones en segundos y enfrentar situaciones de extrema violencia?
La formación inicial es solamente el comienzo. Un policía necesita prácticas supervisadas, capacitación permanente, entrenamiento en tiro, conducción de móviles, primeros auxilios, intervención en crisis, violencia de género, derechos humanos y resolución de conflictos.
Mandar a un recién egresado a un destino de máxima complejidad sin una etapa real de acompañamiento significa trasladarle una responsabilidad para la cual ninguna escuela puede prepararlo completamente.
Destinos lejos de las familias
Otro problema pocas veces considerado es el desarraigo. Efectivos del interior son enviados al conurbano y deben recorrer cientos de kilómetros para cumplir servicio. Algunos pagan alquileres, comparten habitaciones o dependen de micros y extensos viajes.
Alan Molina vivía en Tres Arroyos y prestaba servicio en Fuerte Apache. Su situación no era excepcional: otros jóvenes de su ciudad y de diferentes localidades bonaerenses atraviesan la misma realidad.
El uniforme no elimina el cansancio ni la angustia. Un policía que viaja durante horas, duerme poco y permanece alejado de sus hijos comienza su jornada en condiciones que inevitablemente afectan su capacidad física y emocional.
Una política seria debería contemplar destinos de proximidad, alojamiento digno, viáticos actualizados y sistemas transparentes de traslado. No puede depender de contactos, favores o años de espera la posibilidad de trabajar cerca del hogar.
La emergencia silenciosa de la salud mental
La salud mental constituye uno de los capítulos más graves. Según datos atribuidos al Ministerio de Seguridad, durante 2024 se registraron 37 suicidios entre integrantes de la Policía Bonaerense. Un relevamiento publicado ese año señaló que desde 2015 se habían quitado la vida 297 agentes.
Las cifras exigen cautela y actualización permanente, pero muestran una crisis que no puede esconderse detrás del silencio institucional. Clarín
Los policías conviven con la muerte, la violencia, los accidentes, el sufrimiento de las víctimas, las presiones internas y el temor de llevar esos riesgos hasta sus hogares. A eso se agregan los problemas económicos, familiares y laborales.
En 2024, el Ministerio creó un Programa de Prevención del Suicidio para el Personal Policial, con un equipo especializado y un Centro de Salud Mental en La Plata. Es un avance concreto, pero la atención centralizada y con horario limitado difícilmente resulte suficiente para una fuerza desplegada en los 135 municipios.
La asistencia debe ser cercana, confidencial y permanente. Pedir ayuda psicológica no puede convertirse en motivo de estigmatización ni en una amenaza para la carrera del efectivo.
También existieron inversiones y mejoras
Un informe serio no puede ignorar lo que sí se hizo. Durante las distintas administraciones se compraron patrulleros, se incorporaron efectivos, se entregaron chalecos, se ampliaron sistemas de comunicación y se sumaron herramientas tecnológicas.
En marzo de 2025, el Gobierno provincial anunció un Plan Integral de Seguridad Bonaerense por $170.000 millones. El programa contempló 750 patrulleros y $70.000 millones para que los municipios adquirieran vehículos, infraestructura y equipamiento. Ese mismo día juraron 1.200 nuevos agentes.
En junio de 2026, el Ejecutivo provincial afirmó haber entregado más de 9.500 vehículos durante la gestión. Son datos oficiales que muestran un esfuerzo presupuestario importante, aunque la cantidad de unidades entregadas no garantiza por sí misma el mantenimiento, el combustible ni una distribución adecuada.
La inversión debe evaluarse no solamente el día de la fotografía. También debe controlarse cuánto tiempo permanecen operativos los móviles, cómo se mantienen y qué recursos llegan verdaderamente a las dependencias.
La corrupción que ensucia a toda la institución
Defender los derechos de los policías honestos no implica negar la corrupción ni la violencia institucional. Por el contrario, cuidar la fuerza también significa separar y juzgar a quienes utilizan el uniforme para delinquir.
Uno de los casos más emblemáticos de la última década fue el de los sobres encontrados en 2016 en la Jefatura Departamental de La Plata. La investigación reveló un sistema de recaudación y distribución de dinero ilegal. En 2019 fueron condenados ocho exjefes policiales a penas de entre tres y cinco años de prisión, además de inhabilitaciones.
La Auditoría General de Asuntos Internos mantiene un registro público de policías expulsados entre 1966 y 2025 y recibe denuncias, incluso anónimas, por corrupción, abuso de autoridad, violencia o indiferencia policial. Datos Abiertos de la Provincia
Cada policía corrupto perjudica doblemente a la sociedad: participa del delito y destruye la confianza depositada en miles de compañeros que trabajan honestamente.
No se puede utilizar la corrupción de algunos para condenar a toda la institución. Pero tampoco puede utilizarse el compañerismo para encubrir delitos. El silencio corporativo también termina abandonando al buen policía, porque lo obliga a compartir el uniforme con quienes lo deshonran.
Una fuerza sostenida por sus propios integrantes
La Policía Bonaerense no careció completamente de recursos ni permaneció inmóvil durante estos años. Hubo inversiones, renovaciones y programas. El problema es que las mejoras no consiguieron eliminar una precariedad estructural que reaparece con cada crisis.
La institución continúa sosteniéndose, en gran medida, por la voluntad de sus propios integrantes. Policías que compran elementos, reparan lo que se rompe, aceptan destinos imposibles, trabajan horas adicionales y callan sus padecimientos porque aprendieron que reclamar puede perjudicarlos.
La sociedad les exige profesionalismo, equilibrio y valentía. Esa exigencia es legítima. Pero el Estado también debe garantizarles formación, salario, descanso, equipamiento, conducción y contención psicológica.
No alcanza con comprar patrulleros si después permanecen detenidos por falta de mantenimiento. No alcanza con entregar un chaleco si el efectivo desconoce su estado. No alcanza con aumentar la cantidad de agentes si se los forma rápidamente y se los arroja a la calle. No alcanza con homenajear a los caídos cuando nadie escuchó sus necesidades mientras estaban vivos.
La muerte de Alan Molina no debe convertirse en otra fotografía acompañada por condolencias oficiales. Debe servir para revisar cómo se forma, se destina, se acompaña y se protege a cada policía.
Porque detrás del uniforme no hay una pieza reemplazable. Hay una vida, una familia y una persona que también necesita regresar a su casa.
La pregunta sigue siendo la misma:
¿Quién cuida a quienes nos cuidan?
