El gobierno de Javier Milei, a través de la Secretaría de Trabajo, le solicitó a la Justicia la intervención de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) después de una serie de impugnaciones al proceso electoral y tras revelarse irregularidades en el manejo de la obra social y un supuesto pedido de coimas a empresarios agrícolas.
La Uatre es liderada desde fines de 2022 por José Voytenco, un dirigente chaqueño vinculado al PJ. Llegó al poder del gremio ruralista después de las muertes de Gerónimo Venegas y Ramón Ayala. En la elección le ganó por apenas un punto a Pablo Ansaloni, hoy diputado nacional de La Libertad Avanza y uno de los que impulsaron las impugnaciones en contra de Voytenco.
El argumento oficial para pedir la intervención de la Uatre es que Voytenco excluyó del congreso que eligió a las autoridades a diferentes seccionales. La decisión fue tomada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, a partir de una presentación que hizo Claudio Aquino, el director de Asociaciones Sindicales, el área que regula la vida interna de los sindicatos.
“Se evidencia que dicho evento [el congreso en el que se eligieron autoridades] se llevó a cabo soslayando la suspensión dispuesta, incumpliendolas resoluciones estatales, afectando la gobernabilidad del sindicato y la validez de las decisiones adoptadas en el mencionadoCongreso. Que esta autoridad de aplicación no ignora la autonomía de las organizaciones sindicales para darse sus instituciones,establecer sus procesos electorales y tomar todas las decisiones propias de la vida sindical, la que debe ser respetada aultranza por los poderes públicos por tratarse de una manifestación esencial del principio de libertad sindical, pero ello debearmonizarse con la garantía que la Autoridad Laboral debe otorgar al respeto al principio de democracia sindical”, argumentaron Cordero y Aquino en la resolución 2025-50, dispuesta hoy.
El pedido de Cordero recayó en la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ahora deberá resolver el futuro de la organización gremial. Dicha sala es presidida por Graciela Lucía Craig, exesposa de Héctor Recalde.
Voytenco afronta una denuncia en la Justicia por presunta asociación ilícita y lavado de dinero. Además, Osprera, la obra social del gremio, está bajo intervención de la Superintendencia de Servicios de la Salud, que reveló tras una auditoría que la prestadora adeuda $97.899 millones al 31 de octubre de 2024 y advirtió sobre “posibles maniobras fraudulentas en la gestión anterior”.
FUENTE LA NACION