Trabajadores reclaman salarios adeudados, denuncian jornadas de 12 horas, pagos en negro y condiciones de higiene alarmantes. Este miércoles habrá una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo y el gremio no descarta pedir la clausura de la planta.
El conflicto laboral en la empacadora de frutas y verduras Magnifresh, ubicada en la localidad de Alsina, partido de Baradero, continúa escalando. Los trabajadores denuncian salarios adeudados, empleo parcialmente no registrado y condiciones laborales que califican como «infrahumanas», mientras el sindicato confirmó que este miércoles se desarrollará una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
La empresa, propiedad de Ignacio Santoro, emplea a alrededor de 150 trabajadores, quienes aseguran cumplir jornadas de 12 horas, percibir 35.000 pesos por día, sin respeto por el convenio colectivo de trabajo y con una gran parte del salario abonado en negro.
Las denuncias de los empleados no se limitan únicamente a la cuestión salarial.
Florencia, una trabajadora con casi tres años de antigüedad, aseguró que los empleados almuerzan en el piso, junto a cebos para roedores y con presencia permanente de ratas dentro del establecimiento.
«Comemos en el piso con veneno para ratas al lado. Tenemos que trabajar pateando a los ratones», denunció.
La delegada Carina agregó que no cuentan con comedor, que disponen de apenas 30 minutos para almorzar, tiempo que luego les descuentan del banco de horas, y que para utilizar los sanitarios tienen un tiempo limitado.
Según su testimonio, los baños se encuentran fuera del galpón y existen cámaras de vigilancia en distintos sectores de la planta, incluso en cercanías de los sanitarios. Además, denuncian que la empresa no entrega elementos básicos de protección personal como calzado, guantes, abrigo o cofias.
Salarios en negro y aguinaldo impago
Los trabajadores también aseguran que el 80% del salario se paga en negro y que este mes algunos sobres llegaron sin dinero. A ello se suma, según denuncian, la falta de pago del aguinaldo y de los aportes correspondientes a la obra social.
«Tengo una hija, pago alquiler y el domingo es su cumpleaños. No sé si voy a poder comprarle una torta», expresó una de las empleadas.
En diálogo con Crónica San Pedro, el secretario gremial del Sindicato de Embaladores, Descartadores y Alambradores de San Pedro (SEDA), Facundo Corbalán, confirmó que este miércoles se llevará adelante una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo.
Según explicó, el abogado de la empresa deberá presentar documentación vinculada a la situación económica de la firma, entre ella movimientos bancarios y otra información requerida por la autoridad laboral. En representación de los trabajadores participarán tanto el asesor legal del sindicato como un abogado particular designado por los propios empleados.
Corbalán advirtió que, si no aparece una solución concreta, el gremio avanzará por la vía judicial.
«Se va a hacer una denuncia penal y civil por maltrato, daño psicológico, acoso laboral, hostigamiento, falta de pago y por no respetar el convenio colectivo de trabajo», afirmó.
Pedirán inspecciones y no descartan la clausura
El dirigente sindical sostuvo que las denuncias exceden ampliamente el incumplimiento salarial y apuntan directamente a las condiciones de trabajo dentro de la planta.
En ese sentido, anunció que solicitarán una inspección urgente con intervención de las áreas de Higiene y Seguridad, Bromatología y Control de Calidad, para verificar las condiciones sanitarias denunciadas por los empleados.
«Si hay que clausurar la planta por falta de higiene, que la clausuren. La gente no puede trabajar en esas condiciones», remarcó.
Levantaron el acampe para evitar un desalojo
Corbalán también explicó que el acampe que los trabajadores mantenían frente a la empresa fue levantado luego de recibir una advertencia relacionada con una orden judicial que impedía bloquear el ingreso a la planta.
Según indicó, la decisión fue tomada para evitar una escalada del conflicto y proteger la integridad de los trabajadores y sus familias.
«La manifestación fue siempre pacífica y no queríamos que la gente terminara siendo golpeada o maltratada», concluyó.
Mientras tanto, el conflicto continúa abierto y la audiencia prevista para este miércoles podría resultar determinante para definir los próximos pasos en un reclamo que ya trascendió el plano gremial y pone bajo la lupa las condiciones laborales dentro de la empacadora.
