La Asociación de Prácticos y Pilotos pidió investigar al Presidente y a cuatro ministros por la elaboración y aplicación del Decreto 690/2026. Tras la paralización de las operaciones portuarias, el Gobierno retrocedió, suspendió la reforma y acordó una reducción tarifaria del 20%.
El conflicto generado por el Decreto 690/2026, que modificó el régimen nacional de practicaje y pilotaje, sumó un capítulo judicial. La Asociación Civil Prácticos y Pilotos de la República Argentina presentó una denuncia penal para que la Justicia Federal investigue el proceso de elaboración, aprobación e implementación de la medida.
La presentación solicita analizar la eventual responsabilidad del presidente Javier Milei; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro del Interior, Diego Santilli, y autoridades de la Prefectura Naval Argentina.
Según surge de la documentación a la que accedió Crónica San Pedro, los denunciantes sostienen que la reforma habría debilitado los estándares de seguridad de la navegación sin contar con suficiente respaldo técnico.
Además, plantean posibles incumplimientos de la Ley de Navegación y del Tratado del Río de la Plata, junto con la eventual configuración de delitos contemplados en los artículos 190, 196, 248 y 249 del Código Penal.
Entre las figuras mencionadas aparecen el abuso de autoridad, el incumplimiento de los deberes de funcionario público y aquellas vinculadas con la posibilidad de generar peligro para las embarcaciones o la navegación.
La asociación también solicitó una amplia producción de pruebas y la eventual suspensión judicial del decreto mientras se investigan las circunstancias que rodearon su elaboración y puesta en vigencia.
Qué modificó el Decreto 690/2026
El Decreto 690/2026 fue firmado el 30 de julio y publicado al día siguiente en el Boletín Oficial. La medida aprobó un nuevo reglamento para los servicios de practicaje y pilotaje en los ríos, puertos, pasos y canales de la Argentina.
Entre otros puntos, estableció la libre contratación de los prácticos, fijó un sistema de tarifas máximas, habilitó mecanismos para garantizar la continuidad del servicio y modificó las condiciones para obtener certificados de conocimiento de zona.
También otorgó a la Prefectura Naval Argentina la facultad de prestar los servicios de practicaje, pilotaje o baquía ante situaciones excepcionales que impidieran el funcionamiento normal del sistema. Incluso contempló la posibilidad de requerir la intervención de la Armada Argentina.
El Gobierno justificó la reforma en la necesidad de actualizar una reglamentación vigente desde 1991, ampliar la competencia, eliminar restricciones consideradas obsoletas y reducir los costos logísticos que afectan al comercio exterior.
La norma también amplió las posibilidades de exceptuar a determinados buques de la contratación obligatoria de profesionales con conocimiento específico de la zona y modificó requisitos relacionados con el traslado, embarque y desembarque de los prácticos. Decreto 690/2026 en el Boletín Oficial
Las advertencias sobre la seguridad
Prácticos, pilotos y baqueanos rechazaron la medida al considerar que no se trataba solamente de una discusión económica o tarifaria.
Desde el sector advirtieron que navegar por el Río de la Plata y la Hidrovía Paraná–Paraguay exige conocimientos específicos sobre canales, profundidades, corrientes, cruces entre embarcaciones, maniobras y condiciones hidrométricas.
Los profesionales sostuvieron que flexibilizar los requisitos o ampliar las excepciones podía poner en riesgo la seguridad de la navegación, la vida humana y el ambiente.
Uno de los cuestionamientos estuvo dirigido a las disposiciones que obligaban a los prácticos a utilizar medios de transporte contratados por los armadores para subir o bajar de los buques, salvo que pudieran justificar ante la Prefectura que esos medios no resultaban seguros.
También cuestionaron la posibilidad de que determinados capitanes, incluso extranjeros, obtuvieran certificados de conocimiento de zona y pudieran quedar exceptuados de contratar el servicio.
La paralización de los buques
Después de la entrada en vigencia del decreto, numerosos profesionales dejaron de aceptar nuevas contrataciones.
Los representantes de la actividad aclararon que no se trató formalmente de un paro sindical, debido a que los prácticos son profesionales independientes y no se encuentran alcanzados por un convenio colectivo de trabajo.
En los hechos, la decisión provocó la paralización de numerosas embarcaciones y comenzó a generar complicaciones en diferentes puertos del país, con impacto directo sobre la navegación comercial y las terminales agroexportadoras.
La medida también encendió una señal de alerta en las ciudades portuarias situadas sobre la Hidrovía, entre ellas San Pedro, debido a la importancia que tiene el movimiento de buques para la producción, la logística y el comercio exterior.
Prefectura intimó a los profesionales
En medio del conflicto, la Prefectura Naval Argentina intimó públicamente a los profesionales para que pusieran sus servicios de practicaje y pilotaje a disposición de manera inmediata.
El organismo advirtió que la negativa podía ser considerada una falta grave y dar lugar a sanciones disciplinarias y administrativas. Intimación de Prefectura
Mientras el Gobierno defendía la desregulación como una herramienta para reducir costos y aumentar la competencia, el sector insistía en que el nuevo régimen había sido elaborado sin suficiente diálogo ni evaluación técnica.
El conflicto llegó a la Justicia
La Asociación de Prácticos y Pilotos llevó la discusión a los tribunales federales y pidió investigar si el dictado y la aplicación del decreto contradijeron normas nacionales e internacionales vinculadas con la seguridad de la navegación.
La denuncia apunta contra Milei, Sturzenegger, Monteoliva, Presti, Santilli y autoridades de Prefectura que habrían intervenido en el proceso.
La presentación no significa que los hechos estén acreditados ni que las personas mencionadas tengan responsabilidad penal. Será la Justicia la encargada de analizar las pruebas y decidir si corresponde impulsar la investigación o desestimar las acusaciones.
Milei retrocedió y suspendió el decreto para destrabar el conflicto
Finalmente, el Gobierno nacional informó que alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje para suspender el Decreto 690/2026 y restablecer las operaciones portuarias.
El entendimiento contempla una reducción del 20% en las tarifas de los servicios de practicaje y pilotaje, la suspensión de la reforma y el levantamiento de la medida adoptada por los profesionales.
Además, se acordó conformar una mesa intersectorial con participación del Ministerio de Seguridad, la Prefectura Naval Argentina, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y representantes del sector.
Ese espacio tendrá la tarea de revisar los distintos aspectos técnicos, operativos y económicos de la actividad y avanzar en la elaboración de una nueva reglamentación para los ríos, puertos, pasos y canales del país.
La reducción tarifaria acordada quedó en un punto intermedio: los representantes del sector habían ofrecido inicialmente una rebaja del 10%, mientras que el Gobierno reclamaba una disminución del 30%. Finalmente, las partes establecieron un recorte del 20%. GlobalPorts
De esta manera, el Gobierno retrocedió con la aplicación de la reforma para normalizar la navegación y destrabar un conflicto que ya tenía consecuencias sobre el sistema portuario y el comercio exterior.
Sin embargo, el acuerdo alcanzado no elimina automáticamente la denuncia penal presentada contra Milei y los funcionarios que participaron en la elaboración y aprobación de la medida. Ese expediente continuará ahora bajo análisis de la Justicia Federal.
