El convenio impulsado por el Departamento Ejecutivo para regularizar la deuda que el Municipio mantiene con la empresa Ashira continúa generando repercusiones y abrió un fuerte debate político y ciudadano sobre la posibilidad de utilizar bienes municipales como parte del acuerdo.
Hoy miércoles, un grupo de vecinos comenzó una campaña de recolección de firmas dirigida al intendente Cecilio Salazar y al Honorable Concejo Deliberante para manifestar su rechazo a cualquier iniciativa que implique la transferencia, venta o entrega de inmuebles pertenecientes al patrimonio municipal con el objetivo de cancelar la deuda con la empresa prestataria del servicio de recolección de residuos.
En la nota presentada sostienen que los bienes municipales constituyen un patrimonio colectivo que debe preservarse para las futuras generaciones y advierten que utilizarlos para cancelar gastos corrientes «representa un pésimo precedente administrativo y una pérdida irreparable para el municipio».
Asimismo, solicitan al Ejecutivo que desista de esa alternativa y al Concejo Deliberante que rechace cualquier proyecto que habilite la entrega de esos inmuebles.
¿Qué explicó Roberto Borgo?
Durante una entrevista concedida a Crónica San Pedro, el secretario de Economía, Roberto Borgo, brindó detalles del convenio que el Ejecutivo busca aprobar.
El funcionario explicó que el Municipio mantiene una importante deuda con Ashira y sostuvo que el objetivo principal del acuerdo es garantizar la continuidad del servicio de recolección de residuos.
Según indicó, actualmente el servicio tiene un costo cercano a los 357 millones de pesos mensuales, mientras que la tasa específica recauda aproximadamente 130 millones, generando un importante déficit que debe ser cubierto con recursos municipales.
Borgo remarcó además que la empresa presta el servicio en San Pedro desde hace más de cuatro décadas y señaló que la intención del convenio es encontrar un mecanismo que permita ordenar la deuda acumulada sin afectar la prestación.
Un proyecto que requiere mayorías especiales
Uno de los puntos centrales del debate es que el convenio no podría aprobarse con una mayoría simple del Concejo Deliberante.
De acuerdo con la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las Municipalidades, cuando se pretende autorizar la venta, cesión, gravamen o disposición de bienes del patrimonio municipal, la ordenanza requiere una mayoría especial de dos tercios del total de los miembros del Concejo Deliberante.
Además, cuando la medida involucra cuestiones patrimoniales vinculadas al régimen tributario o financiero municipal, también puede requerirse la intervención de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, órgano previsto por la legislación bonaerense para tratar determinados asuntos de trascendencia económica.
Precisamente ese aspecto es uno de los puntos que hoy genera mayor discusión política y jurídica respecto del convenio.
Un debate que recién comienza
Mientras el oficialismo trabaja para reunir los consensos necesarios, distintos sectores de la comunidad comenzaron a expresar públicamente su preocupación.
La campaña de firmas impulsada por vecinos busca frenar cualquier iniciativa que implique desprenderse de bienes públicos para cancelar la deuda con Ashira y promete sumar nuevos apoyos durante los próximos días.
Con el expediente aún pendiente de tratamiento legislativo, el convenio aparece como uno de los temas que seguramente marcará la agenda política local en las próximas semanas, no solo por su impacto económico sino también por el debate sobre la preservación del patrimonio municipal y el futuro del servicio de recolección de residuos.
