El reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York, dictado en marzo de 2026, marcó un punto de inflexión en la causa por la expropiación de YPF. El tribunal revirtió la sentencia de primera instancia que obligaba al Estado argentino a pagar más de 16.000 millones de dólares, desestimando la responsabilidad del país y los reclamos del fondo Burford Capital.
La decisión deja sin efecto el fallo de la jueza Loretta Preska y representa un alivio significativo en términos financieros y jurídicos para la Argentina.
Entre los puntos centrales, la Corte sostuvo que los reclamos por daños no son reconocibles bajo la legislación argentina, ratificó la primacía de las leyes del Congreso por sobre estatutos privados de la empresa y desligó tanto al Estado como a la propia YPF de las obligaciones reclamadas.
Las claves del fallo
Se anuló completamente la sentencia de primera instancia.
Se rechazaron los reclamos del fondo Burford Capital.
Se ratificó la prevalencia del marco legal argentino.
Se confirmó que YPF no debe responder por los reclamos contractuales.
Se evitó un pago estimado en más de US$16.000 millones.
Se destacó la continuidad de la defensa argentina a lo largo de distintos gobiernos.
Se mencionó el respaldo técnico del gobierno de Estados Unidos en el proceso.
De la privatización a la expropiación: el origen del conflicto
Década del 90: privatización de YPF
Durante el gobierno de Carlos Menem, YPF fue privatizada en el marco de un amplio proceso de reformas estructurales. La empresa pasó a manos privadas y posteriormente quedó bajo control mayoritario de la española Repsol.
Este proceso incluyó la incorporación de estatutos societarios que establecían condiciones específicas ante cambios en el control accionario, como la obligación de realizar una oferta pública (OPA) al resto de los accionistas.
2000–2012: deterioro energético y decisión política
Durante la década siguiente, Argentina comenzó a enfrentar problemas en su balanza energética, con caída en la producción de hidrocarburos.
En 2012, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso aprobó la expropiación del 51% de las acciones de YPF en manos de Repsol, con el objetivo de recuperar el control estatal de la compañía.
El punto clave del conflicto judicial surge aquí: el Estado no realizó una oferta pública de adquisición al resto de los accionistas, tal como establecía el estatuto de la empresa.
El rol de Petersen y Burford
Las demandas fueron iniciadas originalmente por sociedades vinculadas al Grupo Petersen, que eran accionistas minoritarios de YPF. Tras la quiebra de estas empresas, los derechos litigiosos fueron adquiridos por Burford Capital, un fondo especializado en financiar juicios internacionales.
Desde entonces, Burford impulsó el reclamo contra la Argentina en tribunales de Nueva York.
2023: el fallo adverso
En 2023, la jueza Preska falló contra la Argentina, considerando que el país debía indemnizar a los demandantes por no haber cumplido con la OPA. La cifra superaba los 16.000 millones de dólares, generando fuerte preocupación económica.
2026: el giro judicial
El fallo de la Corte de Apelaciones cambia completamente el escenario:
Reinterpreta el alcance del derecho aplicable.
Limita la validez de los reclamos bajo legislación extranjera.
Refuerza la soberanía jurídica del Estado argentino.
El caso fue remitido para nuevos procedimientos, aunque con un marco claramente favorable para la Argentina, lo que en los hechos implica el desarme de la condena original.
Impacto económico y político
La decisión judicial tuvo repercusiones inmediatas:
Mejora en la percepción de riesgo país.
Revalorización de las acciones de YPF.
Alivio fiscal ante la eliminación de una deuda potencial millonaria.
Además, refuerza la posición del Estado en litigios internacionales vinculados a decisiones soberanas.
