La agenda política de San Pedro estuvo atravesada durante los últimos días por una serie de acontecimientos que volvieron a colocar en el centro del debate la gestión de los residuos, la situación económica del Municipio, la relación con la empresa Ashira y las diferencias cada vez más visibles dentro del Concejo Deliberante.
Los procedimientos de la Policía Federal, la tensa sesión realizada en La Tosquera y la falta de acuerdos para aprobar el convenio por la deuda del servicio de higiene urbana conformaron los principales ejes de una semana de alta intensidad institucional.
La Justicia Federal puso el foco sobre el basural
El hecho político más relevante se produjo el lunes, cuando personal de la Policía Federal se presentó en la Municipalidad, el Concejo Deliberante, la sede local de Ashira y el basural de La Tosquera.
Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, en el marco de la causa denominada “Basural San Pedro s/ Infracción Ley 24.051”, con intervención del fiscal federal Gustavo Parigini.
Los efectivos requirieron documentación relacionada con la habilitación, el funcionamiento y la gestión del predio. También se realizaron inspecciones y toma de muestras para analizar los posibles efectos ambientales producidos por el humo, la quema de residuos y los líquidos que emanan del basural.
Hasta el momento no se informaron personas imputadas. Sin embargo, la intervención judicial trasladó el problema ambiental al terreno político y puso bajo análisis las decisiones adoptadas durante los últimos años por el Ejecutivo, el Concejo y la empresa encargada de la recolección. Información sobre los procedimientos
La deuda con Ashira sigue sin reunir los votos
El convenio firmado entre el Municipio y Ashira para refinanciar una deuda de 3.666 millones de pesos continúa sin obtener dictamen favorable.
El acuerdo contempla un plan de hasta 90 cuotas que se extendería hasta diciembre de 2033. Con los intereses previstos, el Municipio podría terminar abonando más de 8.350 millones de pesos. Además, el texto incluye la posibilidad de cancelar parte de la deuda mediante la entrega de uno o más inmuebles municipales.
Por tratarse de un compromiso que alcanza a futuras administraciones, el proyecto necesita una mayoría calificada de 12 votos. El oficialismo cuenta con siete concejales propios y requiere el respaldo de al menos cinco integrantes de la oposición.
Durante el tratamiento en comisión no se logró alcanzar un acuerdo y se resolvió convocar a representantes de Ashira para que respondan las inquietudes de los bloques. La oposición reclama precisiones sobre el origen de la deuda, los intereses, las causas judicializadas y las garantías incluidas en el convenio. Detalles del acuerdo
Una sesión atravesada por cruces e irregularidades
La primera sesión itinerante del Concejo se desarrolló en el Centro Municipal Marcelina Suárez de La Tosquera y terminó exponiendo las profundas diferencias entre los bloques.
Vecinos y representantes del centro infantil La Colmenita utilizaron la Banca Abierta para describir las dificultades que atraviesan como consecuencia de la eliminación de programas y la reducción de recursos.
También intervino Valentín Mastrángelo, referente del MDF San Pedro, quien expresó públicamente el rechazo de ese espacio político al convenio con Ashira.
Uno de los debates más tensos se produjo alrededor del proyecto de Martín Rivas para impulsar una consulta popular destinada a conocer la opinión de los vecinos sobre la elección de delegados municipales.
La iniciativa quedó envuelta en una polémica por la elaboración de un segundo dictamen sin respetar el procedimiento habitual de comisión. Paola Basso cuestionó la maniobra, mientras que Diego Lafalce defendió el proyecto y mantuvo un fuerte cruce con la concejal y con Ariel Rey.
Finalmente, el pedido de cuarto intermedio y el expediente fueron rechazados. Por primera vez en mucho tiempo, el oficialismo votó en contra de todas las propuestas impulsadas por Rivas
Rechazaron una mesa para abordar la crisis de los residuos
En la misma sesión, el bloque Consolidación Argentina presentó un proyecto para crear una Mesa de Diálogo y Planificación sobre la gestión integral de los residuos sólidos urbanos.
La iniciativa proponía convocar al Ejecutivo, el Concejo, Ashira, trabajadores, especialistas, universidades y organizaciones civiles para elaborar respuestas conjuntas ante las interrupciones de la recolección y la situación del basural.
El proyecto obtuvo solamente cuatro votos positivos y fue rechazado por el resto de los concejales. La decisión adquirió una relevancia particular porque la sesión se desarrolló a pocos metros del predio investigado por la Justicia Federal.
Rechazaron un pedido de informes por las cloacas
En la misma jornada, el Concejo rechazó un pedido de informes presentado por el bloque de La Libertad Avanza sobre la situación del sistema cloacal. La iniciativa buscaba obtener precisiones del Ejecutivo sobre una problemática que ya había sido planteada públicamente y que continúa generando inquietud.
Las cuentas municipales, detrás de la discusión
La discusión por la deuda con Ashira se desarrolla en un contexto marcado por la disminución de la cobrabilidad de las principales tasas municipales y por una brecha significativa entre el costo de los servicios, los montos emitidos y los recursos que finalmente ingresan.
Un informe elaborado por la Secretaría de Economía y Hacienda analizó el comportamiento de las tasas de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Servicios Sanitarios y Red Vial, además de los Derechos de Cementerio, durante el primer semestre de 2026.
Los datos muestran que, con excepción de Servicios Sanitarios, la emisión de las tasas no alcanza para cubrir el costo calculado de las prestaciones. A esa diferencia se suma que una parte considerable de lo facturado tampoco llega a cobrarse.
ABL: solamente se recauda el 31,58% del costo
La cobrabilidad de la Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza cayó al 48,02% durante el primer semestre de 2026. El indicador había sido del 60,64% en 2023, del 56% en 2024 y del 53,38% en 2025.
El costo de los servicios comprendidos en el ABL alcanzó aproximadamente los 3.699 millones de pesos, mientras que el Municipio emitió tasas por 2.433 millones y recaudó alrededor de 1.168 millones.
Esto significa que, incluso si todos los contribuyentes hubieran pagado, la emisión solamente habría cubierto el 65,78% del costo. Con la recaudación efectiva, los ingresos representaron apenas el 31,58% de la prestación.
La diferencia entre el costo y lo emitido fue calculada en aproximadamente 1.266 millones de pesos. A su vez, otros 1.255 millones quedaron sin ingresar por la distancia entre lo facturado y lo efectivamente cobrado.
Servicios Sanitarios: se factura por encima del costo, pero no se recauda lo suficiente
En Servicios Sanitarios, el costo informado durante el semestre fue de aproximadamente 1.394 millones de pesos. La emisión alcanzó los 2.125 millones, pero la recaudación efectiva fue cercana a los 1.077 millones.
En este caso, el monto facturado supera el costo calculado del servicio. Sin embargo, lo que efectivamente ingresó a las cuentas municipales resultó insuficiente para cubrirlo.
El sistema por valuación, que concentra la mayor cantidad de cuentas, tuvo una cobrabilidad del 50,25%. También aquí se observa una disminución sostenida: había sido del 65,20% en 2023, del 59,32% en 2024 y del 50,69% en 2025.
Cementerio: la cobrabilidad cayó por debajo del 35%
El costo del servicio de Cementerio durante el primer semestre fue estimado en 95 millones de pesos, lo que permite proyectar un gasto anual cercano a los 190 millones.
La emisión para todo 2026 alcanza aproximadamente los 152 millones, distribuida entre 5.245 cuentas. Por lo tanto, aun si se cobrara la totalidad de lo facturado, el monto no alcanzaría para cubrir el costo anual proyectado.
La cobrabilidad se ubicó en apenas el 34,83%, frente al 51,24% de 2023, el 49,60% de 2024 y el 43,29% registrado en 2025.
Red Vial: la deuda supera los 622 millones de pesos
El informe tomó como referencia una red rural de aproximadamente 1.200 kilómetros, fundamental para el traslado de la producción, trabajadores, insumos y servicios vinculados con la actividad agropecuaria.
El costo mensual promedio de mantenimiento fue calculado en 227,2 millones de pesos, mientras que la emisión mensual promedio se ubicó en 137,1 millones. La facturación representa así el 60,35% del costo estimado.
Durante el primer semestre se emitieron aproximadamente 822,7 millones y se recaudaron 512,7 millones, con una cobrabilidad del 62,32%. Los recursos efectivamente obtenidos mediante la tasa cubrieron solamente el 37,6% del costo informado.
La disminución se mantiene desde hace varios años: la cobrabilidad era del 88,67% en 2019 y descendió progresivamente hasta el 62,32% registrado durante la primera mitad de 2026.
La deuda directa por períodos todavía no prescriptos asciende a aproximadamente 622,4 millones de pesos. Cerca del 84% corresponde a obligaciones generadas durante 2025 y el primer semestre de este año.
A la recaudación propia se sumaron 383,7 millones provenientes de la Descentralización Tributaria Rural. Considerados en conjunto, ambos recursos cubrieron alrededor del 65,76% del costo calculado para la prestación.
Un problema que excede la deuda con Ashira
El informe permite observar que las dificultades financieras no están vinculadas únicamente con la deuda acumulada con la empresa recolectora.
Por un lado, existen servicios cuya emisión fue calculada por debajo de su costo. Por otro, la disminución de la cobrabilidad impide que una parte importante de los recursos previstos ingrese efectivamente a las cuentas municipales.
Este escenario obliga al Ejecutivo a cubrir las diferencias con fondos provenientes de otras áreas o recursos generales. También plantea un debate político sobre la estructura de las tasas, la eficiencia de la cobranza, el costo real de las prestaciones y la capacidad económica de los contribuyentes.
En ese contexto deberá analizarse el convenio con Ashira, que comprometería pagos hasta 2033 y se sumaría al costo mensual ordinario del servicio de higiene urbana. La discusión ya no pasa solamente por determinar cómo se pagará la deuda, sino también por establecer cómo sostendrá el Municipio servicios cuyos ingresos específicos resultan cada vez más insuficientes.
Prevención hídrica y articulación regional
En otro plano de la gestión, San Pedro recibió a intendentes y autoridades provinciales para una nueva reunión del Comité de la Cuenca Hídrica del Río Arrecifes.
El encuentro permitió anunciar la incorporación de tres estaciones hidrometeorológicas para Colón, Rojas y Arrecifes, destinadas a reforzar el monitoreo y la alerta temprana ante posibles crecidas vinculadas con El Niño.
La reunión encabezada por Cecilio Salazar mostró una agenda de articulación con otros municipios y con la Autoridad del Agua bonaerense, en contraste con el escenario de conflicto que domina actualmente la política interna.
Una semana que dejó más preguntas que respuestas
La política sampedrina cerró una semana atravesada por dos imágenes contrapuestas: mientras la Justicia Federal recolectaba documentación y muestras por el funcionamiento del basural, el Concejo rechazaba una mesa destinada a debatir el futuro de los residuos.
La deuda con Ashira continúa sin reunir los votos necesarios, la situación financiera condiciona las decisiones del Ejecutivo y los cruces en el recinto muestran un oficialismo con dificultades para sostener los acuerdos que le permitieron avanzar en otros momentos.
La discusión de fondo será determinar quién asumirá las responsabilidades políticas por el estado del basural, cómo se pagará la deuda acumulada y qué modelo de gestión de residuos tendrá San Pedro durante los próximos años.
