La crisis del sistema carcelario se agudiza en el Departamento Judicial de San Nicolás, que abarca las ciudades de San Pedro, Ramallo, Capitán Sarmiento, Baradero y Arrecifes. La clausura de la Comisaría de San Pedro ha dejado a la Comisaría Primera de San Nicolás, ubicada en Rivadavia 71, como la única dependencia en la jurisdicción habilitada para albergar detenidos, lo que ha generado una grave escasez de espacios para el alojamiento de personas privadas de libertad.
En San Pedro, los tres calabozos de la comisaría se encontraban en condiciones deplorables desde hace años, con dos de ellos clausurados desde 2009 y 2022. El último calabozo habilitado fue inhabilitado por orden del juez de Garantías Román Parodi, tras un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial de la Memoria (CPM). En su resolución, el juez dio un plazo de 15 días al Gobierno provincial para encontrar una solución efectiva a esta situación, que afecta a decenas de personas detenidas.
La comisaría de San Pedro, con capacidad para alojar a solo cuatro personas, había sido sobrepasada durante años. En varios momentos, llegaron a haber hasta 19 detenidos en un espacio destinado para solo cuatro, lo que generó una alarmante sobrepoblación, hacinamiento extremo, falta de ventilación, luz natural y condiciones de higiene paupérrimas.
La situación era aún más crítica debido a las malas condiciones edilicias. Las paredes de los calabozos presentaban humedad y la falta de ventanas empeoraba la ventilación.
A raíz de las denuncias de la Comisión Provincial de la Memoria, que advirtió sobre las condiciones inhumanas a las que estaban sometidos los detenidos, el juez Parodi falló a favor de la clausura del lugar. En su resolución, destacó que las condiciones del calabozo no solo eran indignas, sino que violaban los derechos humanos de los detenidos, por lo que prohibió que más personas fueran alojadas en la comisaría hasta tanto no se solventen las graves deficiencias.
Este fallo se enmarca dentro de una serie de medidas tomadas por la justicia para frenar la creciente crisis del sistema de detención en la región. En octubre, el juez Parodi también había dictado una resolución similar respecto a la DDI San Nicolás, que también dejó de alojar detenidos ante las denuncias de hacinamiento y maltrato.
El Ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, había anunciado en 2022 la inversión de 13 millones de pesos para mejorar las instalaciones de las comisarías, pero las reparaciones realizadas, como trabajos de pintura y electricidad, no fueron suficientes para abordar los problemas estructurales que aún persisten. Los propios efectivos policiales trabajan en condiciones igualmente precarias, lo que agrava la crisis de seguridad en la región.
Con la Comisaría de San Pedro fuera de servicio para la detención de personas, la región enfrenta una grave crisis en materia de justicia penal.
La resolución del juez Román Parodi, que inhabilitó la Comisaría de San Pedro para la detención de personas, deja claro que las condiciones de los calabozos son insostenibles, con hacinamiento, falta de higiene y espacios completamente inadecuados.
Sin embargo, una reflexión crucial surge a raíz de este fallo: ¿por qué los detenidos deben esperar en estas condiciones durante largos períodos? Mientras se buscan soluciones para mejorar las infraestructuras, el juez Parodi también debería plantearse la urgencia de que los detenidos encuentren rápidamente un cupo en los penales, evitando que permanezcan durante más de 30 días en comisarías