La Confederación General del Trabajo volverá este miércoles a las calles para acompañar la movilización semanal de los jubilados frente al Congreso e iniciar un nuevo plan de lucha contra las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei.
La convocatoria comenzará a las 15 horas en la intersección de avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, desde donde las columnas avanzarán hacia el Congreso. Además de la CGT, participarán las dos vertientes de la CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, organizaciones sociales y agrupaciones de jubilados.
La protesta tendrá como principales reclamos la recomposición de los haberes previsionales, la defensa del sistema jubilatorio, la cobertura de medicamentos y el rechazo al ajuste impulsado por el Ejecutivo nacional.
También se esperan movilizaciones y concentraciones en Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán, además de restricciones de tránsito en los alrededores del Congreso y diferentes accesos a la ciudad de Buenos Aires.
La movilización marcará el comienzo de una serie de medidas coordinadas por las centrales sindicales y los movimientos sociales.
El próximo paso será el 7 de agosto, cuando acompañarán la tradicional marcha de San Cayetano, organizada bajo las consignas de “Paz, Pan y Trabajo”.
El cronograma también contempla:
Una movilización cuando se reúna el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Una protesta frente al Ministerio de Economía por el endeudamiento de trabajadores, familias y pequeñas empresas.
Actividades y movilizaciones por el Día de la Industria, el 2 de septiembre.
Asambleas y acciones de visibilización en lugares de trabajo, estaciones ferroviarias y aeropuertos.
La conducción de la CGT no descarta convocar un nuevo paro general si no obtiene respuestas, aunque todavía no definió una fecha. También se analiza una gran movilización nacional para los próximos meses. Diputados Bonaerenses
El gesto del Gobierno hacia los sindicatos
La reactivación de las protestas se produce pocos días después de que el Gobierno dictara el Decreto 612/2026, que modificó parcialmente la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral.
La medida amplió la base salarial utilizada para calcular determinados aportes sindicales y excluyó del límite del 2% las contribuciones patronales destinadas a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, siempre que sean administradas y documentadas por separado.
Dentro del sindicalismo, la modificación fue interpretada como un alivio para el financiamiento de los gremios y las obras sociales. Sin embargo, la CGT decidió sostener el cronograma de protestas y sus cuestionamientos a la política económica, laboral y previsional del Ejecutivo.
FUENTES TN – INFOBAE
