El proceso contra Maximiliano Cabaleyro y seis exempleados de la distribuidora sampedrina avanza en San Nicolás. Las primeras audiencias incluyeron denuncias de exigencias de dinero, estimaciones de pérdidas millonarias y discusiones sobre los reclamos laborales que precedieron al conflicto. Fernando Espíndola optó por un procedimiento abreviado cuyo acuerdo continúa pendiente de resolución.
El juicio por los hechos vinculados con el bloqueo a Rey Distribución, comenzó el lunes 28 de septiembre en San Nicolás. Maximiliano Cabaleyro, dirigente regional de Camioneros y exconcejal nicoleño, enfrenta acusaciones por «turbación de la posesión, coacción y extorsión». Junto con él son juzgados seis extrabajadores de la firma. El debate tiene previstas nueve jornadas y alrededor de 80 testigos.
La información publicada hasta la mañana de este jueves permite reconstruir tres audiencias: la declaración de Gustavo Rey, la presentación de testimonios contables y una tercera jornada encabezada por Ariel Rey. Para el 1 de octubre estaba anunciada la cuarta audiencia. El proceso sigue abierto y las acusaciones aún deben ser resueltas por el tribunal.
Qué hechos se investigan
El núcleo del juicio se relaciona con el conflicto desarrollado en la planta sampedrina durante febrero de 2021. La acusación sostiene que se impidió la entrada y salida de personas, vehículos y mercadería y que existieron exigencias económicas para permitir el funcionamiento de la empresa.
También llegan al debate Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez. A los extrabajadores se les atribuyen principalmente hechos de turbación de la posesión en concurso con coacción, por su presunta participación coordinada en el bloqueo. Las imputaciones deben evaluarse individualmente.
Según la crónica de apertura de El Norte, la acusación presentó cinco hechos: dos vinculados con turbación de la posesión y coacción y otros tres de presunta extorsión. Las defensas rechazaron esa interpretación y sostuvieron que las acciones se encuadraron en el ejercicio de derechos sindicales.
Quiénes intervienen
El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, con intervención del juez Alejandro López. Mauricio Gugger actúa en la defensa de Cabaleyro y Gabriel Ruiz representa a los exempleados. Florencia Arietto interviene por el particular damnificado.
La acusación pública está representada por las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio. La cobertura de la primera audiencia también identifica al abogado Ignacio Baldarenas como integrante de la defensa de Cabaleyro.
Primera audiencia: Gustavo Rey ratificó las denuncias
El lunes 28 de septiembre, Gustavo Rey declaró durante más de cinco horas. El empresario sostuvo ante el tribunal que la distribuidora sufrió amenazas, presiones y pedidos de dinero por parte de representantes de Camioneros.
Según reconstruyó El Norte, también denunció gestiones para que otras empresas dejaran de abastecerlos. “Había que pagar lo que ellos decían”, manifestó durante su exposición.
Rey repasó el impacto del conflicto sobre la empresa familiar y se emocionó en distintos momentos. Durante su declaración se reprodujeron audios y videos aportados por la familia, incorporados para su valoración junto con el resto de las pruebas.
Fue el único testigo que alcanzó a declarar en la jornada inaugural, después de las exposiciones iniciales de las partes. El debate quedó así abierto con la versión de uno de los denunciantes, que deberá contrastarse con las demás declaraciones y la documentación del expediente.
Segunda audiencia: las pérdidas y los pagos reclamados
El martes 29 de septiembre declaró la contadora de Rey Distribución. De acuerdo con El Norte, estimó en aproximadamente 13,5 millones de pesos, a valores de 2021, las pérdidas ocasionadas por los cinco días de paralización, entre el 22 y el 26 de febrero de aquel año.
La cifra corresponde a lo expuesto por la profesional durante el juicio: no constituye una indemnización fijada ni una conclusión definitiva del tribunal.
La cobertura también informó sobre la declaración de una contadora de la asesoría pericial, orientada a examinar si la deuda reclamada por el gremio y abonada por la empresa se correspondía con la normativa aplicable. Ese análisis introduce una cuestión central: establecer qué conceptos se reclamaban y qué respaldo tenían los pagos discutidos.
Los reclamos laborales también forman parte del debate
La discusión contable comprende, además, las condiciones de contratación y las liquidaciones salariales. Prensa Libre SN informó que una pericia oficial detectó diferencias entre los salarios abonados y los que correspondían según el convenio analizado, junto con observaciones sobre categorías, horas extras, adicionales por nocturnidad y tareas en frío, aportes y contribuciones.
La representación de los extrabajadores utiliza esos elementos para sostener que existían reclamos laborales concretos antes de las medidas de fuerza.
Ese aspecto debe distinguirse de las imputaciones penales: la existencia de diferencias salariales no resuelve, por sí sola, si hubo coacción o extorsión. Del mismo modo, las denuncias empresariales deben ser contrastadas con la prueba para determinar responsabilidades.
Tercera audiencia: Ariel Rey señaló a Espíndola
El miércoles 30 de septiembre declaró durante más de seis horas Ariel Rey, copropietario de la empresa. Según la cobertura de El Norte, afirmó que Fernando Espíndola era quien reclamaba pagos y que esas exigencias se habrían repetido desde 2017.
El empresario atribuyó a Espíndola la expresión “este es el kiosquito de Cabaleyro”, al describir cómo se habrían presentado los pedidos. Se trata de una frase relatada por el denunciante ante el tribunal, cuya veracidad y alcance forman parte de lo que se discute.
Rey también expuso el temor que, según sostuvo, atravesó su familia durante el conflicto. Mencionó una estimación de pérdidas de aproximadamente 12,5 millones de pesos de entonces, que, de acuerdo con su propio cálculo actualizado, superarían los 370 millones.
Ese monto original difiere del presentado por la contadora. Las crónicas consultadas no permiten precisar si ambas estimaciones abarcan exactamente los mismos conceptos; por eso deben identificarse como cifras aportadas por distintos declarantes, sujetas a evaluación.
Qué cuestionó la defensa durante esa jornada
La defensa procuró distinguir quién habría realizado las exigencias de dinero y qué elementos permiten atribuirle una intervención personal a Cabaleyro. También interrogó sobre condiciones edilicias e incumplimientos laborales atribuidos a la empresa.
Otro punto de discusión surgió durante la declaración de la esposa de Ariel Rey. Según Prensa Libre SN, describió determinados pagos como “coimas”, mientras que en una declaración anterior los había mencionado como “aportes”. Los defensores señalaron esa diferencia y cuestionaron su caracterización. La controversia deberá ser valorada junto con las demás pruebas.
En esa misma audiencia declaró una comerciante vecina a la distribuidora. El Norte consignó que relató consecuencias del bloqueo sobre su actividad, humo por la quema de neumáticos y un fuerte estruendo.
Aunque Fernando Espíndola fue investigado en la misma causa, optó por un procedimiento abreviado. Por ese motivo, su situación se tramita por separado del juicio oral contra Cabaleyro y los seis exempleados.
Según la información publicada el 30 de septiembre, el acuerdo estaba pendiente de homologación por parte de la jueza Elena Baquedano y contemplaba una pena máxima de seis años de prisión en caso de condena. No corresponde presentarlo como una sentencia ya dictada.
Cabaleyro fue detenido el 8 de abril de 2022. Inicialmente estuvo alojado en la DDI de San Nicolás y posteriormente fue trasladado a la Unidad Penal N.º 3.
Desde julio de 2023 cumple arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Esa es la situación cautelar con la que llegó al debate.
La programación difundida antes del inicio contemplaba nueve jornadas, con actividad prevista hasta el 8 de octubre, sujeta al desarrollo de las audiencias. Entre los convocados se mencionaron policías, familiares de los propietarios, vecinos, especialistas contables y peritos calígrafos. También figuraban el intendente de San Pedro, el ministro de Trabajo bonaerense y representantes de la OIT. Su inclusión en la lista no significa que ya hayan declarado.
Hasta el cierre de este informe, la cobertura disponible daba cuenta de las tres primeras jornadas y anunciaba la cuarta para este jueves. Restaba avanzar con la producción de prueba y las conclusiones de las partes. El tribunal deberá determinar qué hechos quedaron acreditados y qué responsabilidad corresponde, en su caso, a cada acusado.
Informe elaborado a partir de las coberturas de Diario El Norte y Prensa Libre SN. Actualizado con la información disponible durante la mañana del 1 de octubre de 2026.
