Con 71 votos a favor, el Congreso sancionó un régimen permanente que mantiene la pensión no contributiva en el 70% de la jubilación mínima, permite compatibilizarla con el trabajo bajo un límite de ingresos y fija plazos para pagar compensaciones adeudadas a prestadores. La norma entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves 19 de noviembre el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. Los 71 senadores presentes votaron a favor. La iniciativa ya tenía media sanción de Diputados, donde el 22 de octubre había sido aprobada con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones.

La nueva ley da continuidad a medidas de la Emergencia Nacional en Discapacidad, cuya vigencia está prevista hasta el 31 de diciembre de 2026. Esa norma había sido vetada en 2025 por el presidente Javier Milei y luego ratificada por el Congreso. La votación se dio en una jornada en la que organizaciones y familias volvieron a movilizarse frente al Congreso para reclamar la sanción definitiva.

Ley 27793
Qué establece la nueva ley

– Pensiones y Certificado Único de Discapacidad. La pensión no contributiva por discapacidad se mantiene en el 70% del haber mínimo jubilatorio, con las actualizaciones previsionales vigentes. El Certificado Único de Discapacidad (CUD) sigue siendo uno de los requisitos para acceder. También se prevé una evaluación socioeconómica cuyos criterios se definirán en la reglamentación.

– Compatibilidad con el trabajo. La pensión puede combinarse con un empleo registrado o con una actividad independiente, incluido el monotributo, dentro del límite de dos salarios mínimos. Para ese cálculo se toman los ingresos individuales. Si se supera el tope, la prestación se suspende y puede solicitarse su reactivación cuando termine el trabajo o bajen los ingresos.

– Cobertura y aranceles. Se contempla la continuidad de la cobertura médica a través de Incluir Salud y la actualización periódica de los aranceles de las prestaciones básicas. El presupuesto deberá prever recursos suficientes para sostener el sistema.

– Pagos pendientes a prestadores. La Secretaría Nacional de Discapacidad deberá publicar un cronograma dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia. La ley establece un plazo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes del régimen de emergencia correspondientes a prestadores que hayan completado el trámite.

– Auditorías y derecho a presentar un descargo. La Secretaría realizará controles periódicos mediante cruces de información con organismos como ANSES, ARCA y el Registro Nacional de las Personas. Si detecta un posible incumplimiento, deberá notificar a la persona titular y darle plazo para responder antes de una eventual suspensión preventiva.

Cuándo empieza a regir
La votación del Senado completó el trámite en el Congreso. Al viernes 20 de noviembre, la publicación de la nueva ley en el Boletín Oficial seguía pendiente de confirmación. El texto aprobado establece que comenzará a regir al día siguiente de esa publicación y da al Poder Ejecutivo 30 días hábiles para reglamentarla. De esa reglamentación dependerán detalles como los criterios de la evaluación socioeconómica para acceder a la pensión