Lo que empezó como mensajes aislados hoy se repite con una frecuencia alarmante. En San Pedro, en las últimas horas, volvieron a aparecer amenazas en escuelas secundarias con frases que ya no pueden ser tomadas a la ligera: “mañana, tiroteo”.
Pero hay un dato que agrava aún más la situación: ya no se trata solo de mensajes que circulan en redes o grupos, sino de carteles pegados en las paredes de los establecimientos educativos.
No es la primera vez. Y lo más preocupante es que, lejos de apagarse, este fenómeno parece expandirse.
El problema no es solo local. En distintas ciudades del país, situaciones similares encendieron las alarmas en el sistema educativo y en las fuerzas de seguridad. Todo se agravó tras el hecho ocurrido el 30 de marzo en la localidad santafesina de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años utilizó un arma de fuego y asesinó a un compañero dentro de la escuela, además de herir a otros estudiantes. Un caso extremo, pero que dejó en evidencia que lo que muchas veces se minimiza como una “amenaza” puede convertirse en tragedia.
A partir de ese episodio, distintos gobiernos comenzaron a implementar medidas: controles preventivos, revisión de mochilas, protocolos de actuación ante amenazas, capacitaciones docentes y articulación con fuerzas policiales. Acciones necesarias, sin dudas, pero que aparecen como respuesta a un problema que ya está instalado.
En San Pedro, cada amenaza genera el mismo circuito: preocupación en las familias, intervención de las autoridades, presencia policial y, en muchos casos, suspensión de actividades. Pero lo que queda es algo más profundo: la sensación de inseguridad dentro de un espacio que debería ser seguro por definición.
Ahora bien, limitar el análisis a la respuesta del Estado sería quedarse a mitad de camino.
Porque alguien escribe esos mensajes.
Alguien los pega en las paredes.
Alguien los difunde.
Y en muchos casos, ese “alguien” es un menor.
Ahí es donde aparece una responsabilidad que no puede seguir siendo esquiva: la de las familias. La violencia no nace en una pantalla. No surge de la nada. Se construye, se naturaliza o se ignora.
Pensar que se trata de una simple broma es, en este contexto, una irresponsabilidad. Amenazar con un ataque no es un juego: es un delito que moviliza recursos del Estado, genera pánico social y puede tener consecuencias penales, incluso para menores.
Pero además, hay un dato que incomoda: detrás de estos hechos también hay una sociedad que muchas veces mira para otro lado. Que banaliza la violencia y que pierde la capacidad de dimensionar el impacto de ciertas acciones.
Las escuelas no pueden convertirse en espacios de miedo. No pueden naturalizar protocolos de emergencia como si fueran parte de la rutina. Y tampoco pueden ser el único lugar donde se intente contener lo que afuera no se está abordando.
Esto no se resuelve solo con más controles, ni con más presencia policial. Se resuelve con prevención real. Con diálogo. Con límites.
Y eso empieza en casa.
Hablar con los hijos, prestar atención a lo que consumen, a lo que dicen, a lo que comparten. Entender que una amenaza, aunque sea “en chiste”, tiene un impacto real. Que del otro lado hay compañeros, docentes, familias enteras que sienten miedo.
San Pedro no está ajeno a lo que ocurre en el país. Y eso obliga a dejar de minimizar….
