El Ejecutivo nacional planea presentar en las próximas sesiones extraordinarias del Congreso una reforma integral del Código Penal de la Nación que, entre sus puntos más destacados, contempla declarar imprescriptibles los delitos de corrupción. La iniciativa, que será remitida a una comisión bicameral, pretende abrir una nueva etapa para el combate institucional contra la corrupción en Argentina.
¿Qué implica “imprescriptible”?
Hoy, los delitos de corrupción previstos en el Código Penal —como cohecho, malversación, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, fraudes contra la administración pública— pueden prescribir. Es decir: pasado determinado tiempo, la posibilidad de iniciar o concluir juicios se extingue, incluso cuando hayan existido pruebas o denuncias.
Con la reforma, esos plazos dejarían de existir: las causas por corrupción podrían investigarse y juzgarse en cualquier momento, aunque hayan pasado años desde los hechos. La iniciativa propone incluir esta modificación expresamente en un artículo, tradicionalmente pensado como “62 bis”, con el objetivo de garantizar que delitos graves contra el Estado no queden impunes por el paso del tiempo.
Para muchos especialistas en derecho penal y constitucional, esta medida podría situar a los crímenes de corrupción al nivel de delitos de lesa humanidad o “atentados al orden democrático”, argumentos que han servido para sostener su imprescriptibilidad bajo el principio de defensa de la democracia.
Por qué el Gobierno lo incluye en el nuevo Código Penal
El proyecto presentado —y que motivaría estas modificaciones— persigue actualizar un Código Penal cuya estructura principal data de 1921. Entre sus reformas más ambiciosas se encuentran la tipificación de nuevas figuras delictivas (delitos informáticos, ambientales, contra la biodiversidad, entre otros), el endurecimiento de penas, nuevas regulaciones para personas jurídicas, y cambios en medidas alternativas y penas accesorias.
Dentro de ese marco reformista, la declaración de imprescriptibilidad para corrupción busca responder a uno de los reclamos persistentes de la sociedad argentina: que los delitos contra el Estado —especialmente los vinculados al mal uso de fondos públicos, sobornos, tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito— no queden librados al cronómetro de la prescripción, muchas veces dilatada por demoras judiciales, recursos, o inacción.
Funcionarios del Ejecutivo señalan que este cambio no solo tiene un perfil simbólico: pretende fortalecer la institucionalidad, recuperar confianza en la gestión pública y ofrecer garantías de que cualquier acto de corrupción podrá ser investigado, juzgado y sancionado sin importar cuánto tiempo haya transcurrido.
El estado actual: ¿qué tan viable es?
Históricamente, ya se habían presentado múltiples iniciativas en el Parlamento con ese mismo objetivo: declarar imprescriptibles los delitos de corrupción. Por ejemplo, versiones impulsadas por bloques de la oposición como Unión Cívica Radical (UCR), Coalición Cívica ARI (CC-ARI) o Pro perdieron estado parlamentario tras no ser tratadas en comisiones.
Con la actual administración, la novedad es que la reforma parte desde el Poder Ejecutivo e incluye la imprescriptibilidad como parte estructural del rediseño penal. Según fuentes parlamentarias, la intención es tramitarla durante sesiones extraordinarias en una comisión bicameral —una maniobra que podría acelerar su tratamiento.
No obstante, el contexto político y jurídico no garantiza su aprobación automática. Las discusiones que suelen aparecer en debates de este tipo giran en torno a:
Compatibilidad con garantías procesales básicas (derecho a presunción de inocencia, derecho a un juicio dentro de plazos razonables).
Riesgo de persecuciones políticas si se aplicara retroactivamente.
Debate sobre si todos los delitos de corrupción deben ser imprescriptibles, o solo los más graves.
Temor a que la reforma genere una saturación del sistema judicial con investigaciones viejas o causas “olvidadas”.
¿Qué impacto podría tener para la sociedad — y también para localidades como San Pedro?
Para un país con historial de corrupción, desvíos de fondos públicos y demoras en causas judiciales polémicas, la reforma podría representar un antes y un después. Convertir la corrupción en delito imprescriptible implicaría que:
Investigaciones aún no abiertas podrían reactivarse sin límite de tiempo.
Funcionarios públicos y exfuncionarios se vuelvan vulnerables a sanciones años después de sus gestiones.
Se envíe un mensaje de “tolerancia cero” hacia la corrupción, contribuyendo a recuperar credibilidad en el Estado.
En el plano local —como en San Pedro— las causas de corrupción municipal, irregularidades en contrataciones, obras públicas demoradas o fiscalización deficiente podrían volver a revisarse si se configuran como delitos graves.
Además, en un país donde muchas denuncias quedan abiertas por años —o incluso décadas— sin resolución, este cambio podría significar una señal fuerte hacia la rendición de cuentas real, favoreciendo la transparencia institucional.
Conclusión: ¿un cambio profundo — o un gesto simbólico?
La propuesta del Gobierno de declarar imprescriptible la corrupción, dentro del nuevo Código Penal, representa una apuesta ambiciosa, con fuerte potencia simbólica y real. Si avanza, puede marcar un antes y un después en la lucha contra la impunidad. Pero su éxito dependerá de varios factores: voluntad política, aliento institucional, diseño normativo claro, y un sistema judicial que esté preparado para asumir un flujo potencialmente elevado de causas.
Para la sociedad —y en particular para medios como Crónica San Pedro—, esta reforma ofrece una oportunidad: revisar prácticas, activar denuncias dormidas, y generar un debate profundo sobre la transparencia, la justicia y el rol del Estado. El desafío ahora pasa por ver si este anuncio se traduce en leyes firmes… o queda en promesa.
