Que un suboficial armado de la Policía Federal Argentina haya decidido esposarse a la reja principal de la Casa Rosada no puede leerse como un simple episodio aislado ni como una excentricidad individual. Es, ante todo, una señal de alarma institucional que expone una problemática profunda y persistente que las fuerzas de seguridad vienen padeciendo desde hace años.
La gravedad del hecho no reside únicamente en el riesgo que implicó —por tratarse de un efectivo armado en un sitio neurálgico del poder político— sino en el nivel de desesperación necesario para que un uniformado rompa todos los canales formales y elija una protesta extrema. Nadie toma una decisión de este tipo por capricho. Cuando eso ocurre, es porque los mecanismos internos dejaron de escuchar.
Las fuerzas de seguridad operan bajo una lógica de disciplina, verticalidad y silencio. No tienen derecho a huelga, no pueden manifestarse libremente y, muchas veces, tampoco pueden denunciar sin exponerse a sanciones, traslados o sumarios. En ese contexto, los reclamos por salarios deteriorados, falta de equipamiento, sobrecarga laboral, problemas de salud mental y abandono institucional se acumulan hasta volverse insoportables.
Lo ocurrido frente a la Casa Rosada es incómodo para el poder, pero más incómodo debería ser seguir mirando para otro lado. Porque cuando un efectivo llega a ese límite, el problema ya no es individual: es del sistema. Minimizarlo, estigmatizarlo o reducirlo a un “caso aislado” es una forma peligrosa de negar una realidad que atraviesa a miles de hombres y mujeres que sostienen la seguridad pública.
Este episodio no debe ser celebrado ni imitado, pero sí debe ser escuchado. La seguridad no se construye con discursos ni con fotos institucionales: se construye cuidando a quienes la garantizan. Ignorar ese mensaje es seguir empujando a las fuerzas a un borde que nadie debería cruzar.
EL RECLAMO: SALARIOS QUE NO ALCANZAN Y UNA VIDA AL LÍMITE
Perciben ingresos que no alcanzan para sostener una vida digna, especialmente en grandes centros urbanos. Los sueldos básicos —aun sumando suplementos— quedan muy por debajo del costo real de vida, obligando a miles de efectivos a recurrir a horas extras y servicios adicionales para poder llegar a fin de mes.
Ese “parche” tiene consecuencias directas:
No descansan como corresponde: jornadas extendidas, francos suspendidos y turnos encadenados.
No entrenan como deberían: el tiempo que debería destinarse a capacitación, tiro, estado físico o actualización profesional se reemplaza por adicionales.
Se deteriora la salud física y mental: agotamiento crónico, estrés, errores operativos y desgaste emocional.
Se pone en riesgo el servicio: un policía cansado, mal pago y sobreexigido es un problema para él y para toda la sociedad.
LA HIPOCRESÍA DEL DISCURSO
Desde el poder se habla de seguridad, de profesionalización y de compromiso. Pero no hay seguridad posible con fuerzas empobrecidas, mal equipadas y exhaustas. No hay profesionalismo cuando el Estado obliga a sus agentes a elegir entre entrenar o comer.
Lo ocurrido no debe ser romantizado ni replicado, pero sí atendido con urgencia. Porque ignorarlo es seguir empujando a miles de policías a un borde peligroso, donde el desgaste ya no es silencioso, sino visible y explosivo.
El Estado puede seguir mirando para otro lado, pero la realidad insiste. No hay seguridad sin policías cuidados, respetados y escuchados. Todo lo demás es relato que se cae solo.
