La crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos ingresó en una instancia decisiva. El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires intervino ante el despido de 1.200 trabajadores de plantas ubicadas en Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría y dictó la conciliación obligatoria, obligando a retrotraer las desvinculaciones mientras se abre una nueva instancia de negociación.
La medida alcanza a 700 trabajadores de Capitán Sarmiento, 50 de Pilar y 450 de Esteban Echeverría, según confirmó oficialmente el Gobierno bonaerense. De la audiencia participaron representantes de Granja Tres Arroyos y Wade, el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIAPBA), funcionarios provinciales y representantes municipales.
Sin embargo, la intervención provincial representa por ahora una tregua en un conflicto mucho mayor.
La compañía atraviesa desde hace meses problemas financieros, reducción de actividad, suspensiones, plantas paralizadas, reclamos salariales y una fuerte reestructuración de personal. Distintos relevamientos ubican en aproximadamente 1.730 las desvinculaciones acumuladas entre Buenos Aires y Entre Ríos, aunque no existe todavía una nómina definitiva consolidada.
Capitán Sarmiento, uno de los principales focos de la crisis
El impacto adquiere una dimensión particular para nuestra región.
La planta de Capitán Sarmiento es la más afectada dentro de las alcanzadas por la conciliación bonaerense: 700 puestos de trabajo están involucrados directamente.
La compañía había suspendido allí las tareas operativas desde el 31 de agosto y hasta nuevo aviso. La empresa atribuyó aquella decisión a problemas con el suministro eléctrico y otras dificultades operativas y productivas.
La dimensión del conflicto resulta especialmente significativa en una ciudad como Capitán Sarmiento, donde una planta de semejante magnitud tiene impacto no solamente sobre sus empleados, sino también sobre familias, proveedores, transportistas, comercios y toda la actividad económica vinculada directa o indirectamente con la producción.
¿Qué significa realmente la conciliación obligatoria?
Este es uno de los puntos que conviene explicar claramente.
La conciliación obligatoria no significa que los 1.200 despidos hayan desaparecido definitivamente ni que el conflicto esté resuelto.
Lo que hace la intervención laboral es retrotraer temporalmente la situación y abrir un período durante el cual las partes deben negociar.
La conciliación fue dispuesta por 15 días hábiles y, según la información publicada sobre la medida, existe posibilidad de una extensión. Durante ese período, los trabajadores alcanzados deben ser reincorporados mientras continúan las conversaciones.
Por eso, la pregunta fundamental ya no es solamente qué ocurre con los telegramas de despido, sino si las plantas tienen condiciones económicas y productivas para continuar funcionando una vez finalizada la conciliación.
Una deuda que supera los US$350 millones
Detrás del conflicto laboral existe una situación financiera de enorme magnitud.
La compañía intenta reestructurar un pasivo estimado en US$350,9 millones. Según información conocida en las últimas horas, Granja Tres Arroyos y Wade podrían avanzar hacia una convocatoria de acreedores.
La convocatoria no equivale automáticamente a una quiebra. Es un procedimiento judicial mediante el cual una empresa que tiene dificultades para cumplir con sus obligaciones intenta ordenar y renegociar sus deudas con los acreedores para poder continuar funcionando.
La empresa ya venía negociando una reestructuración que contemplaba alternativas como quitas sobre el capital adeudado, extensión de plazos y venta de activos no estratégicos.
Si finalmente se concreta la presentación concursal, el conflicto entrará además en una nueva dimensión judicial.
La crisis no comenzó esta semana
Los 1.200 despidos bonaerenses son solamente el capítulo más reciente.
En diciembre de 2024 la empresa había solicitado la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis. Desde entonces se sucedieron cierres, reducciones de actividad, suspensiones y desvinculaciones en diferentes establecimientos.
En Tristán Suárez se produjeron unas 200 desvinculaciones; posteriormente hubo problemas en establecimientos de Concepción del Uruguay, Entre Ríos; la planta Avex de Río Cuarto también atravesó una paralización; y durante agosto se produjeron suspensiones en Pilar y conflictos en establecimientos de Wade.
A fines de agosto, la compañía confirmó además la paralización transitoria de las plantas de Pilar, Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría.
¿Por qué dice la empresa que llegó a esta situación?
Dentro de las razones que la compañía habría utilizado para explicar la disminución de actividad aparecen la caída de exportaciones, consecuencias de la gripe aviar y problemas derivados de una sobreoferta en el mercado interno.
Pero esos argumentos son fuertemente cuestionados por el sindicato.
El gremio sostiene que esos factores forman parte del riesgo empresarial y cuestionó particularmente que las desvinculaciones fueran encuadradas bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla determinadas situaciones de fuerza mayor o disminución de trabajo no imputable al empleador y puede modificar el monto indemnizatorio.
Es importante presentarlo de esta manera porque hay dos posiciones enfrentadas y no corresponde dar por acreditada ninguna de ellas.
Salarios atrasados y trabajadores endeudados
La situación tampoco se reduce a quienes recibieron telegramas.
El sindicato viene denunciando atrasos salariales y obligaciones pendientes con trabajadores. Según el secretario general del STIA citado por La Nación, existen reclamos correspondientes a varios meses y al aguinaldo.
Eso explica por qué la conciliación obligatoria, aunque representa un alivio frente a los despidos, no resuelve automáticamente la situación económica de las familias.
Como parte de la audiencia realizada en Provincia, se acordó la entrega de 1.000 cajones de pollo para los trabajadores afectados y un pago de dinero a cuenta que deberá efectivizarse durante esta semana.
El jueves 10 puede ser un día decisivo
Ahora todas las miradas están puestas en la próxima audiencia.
El Ministerio de Trabajo bonaerense convocó nuevamente a las partes para el jueves 10 de septiembre, con el objetivo de continuar las negociaciones y buscar una alternativa que permita preservar las fuentes laborales y mantener activas las plantas.
Allí debería comenzar a quedar más claro si existe un plan concreto para recuperar producción, afrontar las obligaciones pendientes y garantizar continuidad laboral.
Una crisis que excede a los trabajadores
El caso Granja Tres Arroyos también abre una discusión económica más amplia.
Una empresa de estas características no funciona de manera aislada. Alrededor de la producción avícola existe una cadena compuesta por granjas integradas, productores de maíz y alimento balanceado, transporte, logística, frigoríficos, proveedores, veterinarios, mantenimiento y comercios.
Por eso, cuando una planta de esta magnitud reduce o paraliza su actividad, el impacto potencial puede extenderse mucho más allá de quienes trabajan dentro del establecimiento.
En el caso de Capitán Sarmiento, por su cercanía geográfica, el desarrollo de la crisis merece además un seguimiento especial desde San Pedro y toda la región.
Lo que todavía no sabemos
Hay tres preguntas que la conciliación obligatoria no responde:
¿Granja Tres Arroyos tiene capacidad financiera para sostener nuevamente las plantas?
¿Qué ocurrirá con los 1.200 trabajadores cuando termine la conciliación si no existe un acuerdo?
¿La eventual convocatoria de acreedores permitirá reorganizar la compañía o será el comienzo de una reducción todavía mayor?
Esas son las claves que habrá que seguir.
Granja Tres Arroyos llegó a contar con miles de trabajadores distribuidos en varias provincias y constituye uno de los nombres históricos de la industria avícola argentina. De acuerdo con información sectorial reciente, el grupo tenía alrededor de 6.500 empleados en relación de dependencia, aunque la sucesión de desvinculaciones y paralizaciones está modificando rápidamente esa estructura.
La conciliación obligatoria permitió ganar tiempo.
Pero 15 días de negociación no solucionan por sí solos una deuda superior a US$350 millones, plantas paralizadas, salarios pendientes y una estructura productiva en crisis.
El verdadero interrogante es qué ocurrirá cuando ese tiempo se termine.
Y el primer indicio importante podría conocerse este jueves 10, cuando empresa, trabajadores y Provincia vuelvan a sentarse frente a frente.
