La representación de Rey Distribución presentó un recurso de casación contra el fallo que absolvió al dirigente de Camioneros y a otros seis acusados. Cuestionó la valoración de los testimonios, la exclusión de escuchas telefónicas y la interpretación del derecho de huelga. El escrito reproduce conversaciones con empresarios, representantes sindicales y funcionarios para fundamentar el pedido de revisión.
La causa por los bloqueos y las presuntas extorsiones denunciadas por los propietarios de Rey Distribución SRL sumó una presentación judicial: Gustavo Javier Rey, en representación de la empresa y como particular damnificado, con el patrocinio de la abogada María Florencia Arietto, interpuso un recurso de casación contra las absoluciones dictadas por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de San Nicolás.
El escrito, presentado el 4 de noviembre, solicita que se revoque el veredicto del juez Alejandro Gabriel López, del 14 de octubre de 2026, y se condene a Maximiliano Emanuel Cabaleyro a 15 años de prisión de efectivo cumplimiento.
Para Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez, reclama tres años de prisión de ejecución condicional.
La presentación sostiene que el fallo incurrió en una valoración “fragmentaria, contradictoria y selectiva” de las pruebas y aplicó erróneamente el alcance del derecho de huelga.
Los fragmentos reproducidos en esta nota corresponden a las transcripciones incluidas en el recurso. Comprenden escuchas telefónicas, mensajes de audio y una reunión grabada; no todos tienen el mismo origen. Sus interpretaciones pertenecen a la parte recurrente y no constituyen conclusiones adoptadas por Casación.
Qué resolvió el juez y qué busca modificar la empresa
El veredicto cuestionado absolvió a los siete acusados por los episodios de enero y febrero de 2021, al considerar las conductas amparadas por el ejercicio legítimo de un derecho, en referencia a las medidas de fuerza sindicales.
Respecto de las entregas periódicas de dinero denunciadas por los empresarios, el juez absolvió a Cabaleyro por no haberse acreditado su autoría. En relación con el convenio de pago posterior al bloqueo, lo absolvió por no haberse demostrado la materialidad delictiva.
El recurso destaca que, en los dos primeros hechos, la discusión no pasa principalmente por la existencia de los bloqueos, sino por su significado penal y por los límites del derecho de huelga.
La representación de Rey pide revisar esa interpretación y examinar conjuntamente los testimonios, las comunicaciones y la documentación económica.
La reunión grabada: “Llamalo a Maxi que viene y se pudre todo”
Uno de los registros centrales es una reunión de aproximadamente una hora y veintiocho minutos entre los hermanos Rey, el contador Víctor Grabovieski, Cabaleyro y Di Mayo.
Según la presentación, el juez interpretó ese encuentro como una instancia de diálogo y consideró determinadas expresiones del dirigente como parte de su forma habitual de hablar. La parte recurrente sostiene que se omitieron pasajes relevantes para evaluar una posible situación de presión.
Entre las expresiones atribuidas a Cabaleyro, el recurso reproduce:
> “Hay formas de trabajar: nos llevamos de la mano y no vamos a chocar. Terminamos en esto por 2 suspensiones. ¿Ustedes son locos o son pelotudos?”
En otro tramo:
> “¿Hoy está saliendo gente a reparto? Evidentemente no… represión sindical… No seas boludo, si ya te pasó, ¿qué me estás obligando? No juegues esa carta”.
El escrito también destaca el siguiente fragmento:
> “Y ahora acuérdense, los dos despidos fueron al pedo, las dos suspensiones fueron al pedo, porque vinimos nosotros y nos pusimos acá, poronga, en la puerta. No tenés que llegar a eso. Porque los nueve que están ahí, ¿sabés cuál tienen ahora? Llamalo a Maxi que viene y se pudre todo”.
La representación de la empresa contrapone esas expresiones con una intervención atribuida a Gustavo Rey hacia el final del encuentro:
> “Bueno… ya está, estamos cediendo, tenemos que seguir laburando… ¿Podemos seguir trabajando?”
Para la recurrente, esos pasajes debían analizarse junto con la paralización de la distribuidora y la necesidad de recuperar su funcionamiento. Sostiene que el levantamiento de la medida después de la reunión no demuestra, por sí solo, que hubiera existido una negociación libre.
El intercambio con el abogado de la empresa
El recurso también cita comunicaciones entre Cabaleyro y Daniel Spirópulos, entonces abogado de la firma.
En un intercambio previo al primer bloqueo, atribuye al dirigente la siguiente expresión:
> “No sabía que para hacer un paro… yo le tengo que pedir permiso a usted”.
Según la presentación, esa respuesta se produjo ante el pedido del letrado de comunicarse previamente para evitar una medida de fuerza.
En otra conversación, el escrito reproduce una acusación directa de Spirópulos:
> “Me refiero a la extorsión ‘si no me pagás, mañana te paro la empresa’”.
La respuesta atribuida a Cabaleyro fue:
> “La verdad no voy a poder dormir hoy”.
La parte recurrente reclama valorar ese intercambio con el resto de las pruebas. La acusación formulada por el abogado durante la conversación y la respuesta del dirigente no equivalen, por sí solas, a una confesión ni a una comprobación judicial del delito.
Las comunicaciones con Salazar y el acta sobre la obstrucción
La presentación dedica varios pasajes al testimonio del intendente Cecilio Salazar y a una comunicación telefónica con Cabaleyro.
La representación de Rey considera que ese pasaje debía analizarse para determinar cómo intervinieron las autoridades frente al bloqueo y cómo se procuraba registrar lo que ocurría en el acceso de la empresa.
También reproduce una manifestación atribuida al intendente:
> “Le acabo de decir a Spirópulos, ¿vos creés que lo vas a asustar con una denuncia a los muchachos? Vos estás loco, Daniel”.
El recurso sostiene que el fallo reemplazó ese contenido por una referencia a que la denuncia estaba fuera de lugar.
Asimismo, afirma que en otro tramo del audio Salazar utilizó la palabra “aflojar”, en referencia a la posición que adoptaría la empresa, mientras que la sentencia consignó “acordar”.
Para la recurrente, la diferencia modifica el sentido de la conversación. Añade que, al ser consultado durante el debate, el intendente explicó que se refería a que la empresa iba a ceder.
El escrito también cuestiona el tratamiento de las comunicaciones de Salazar con Espíndola y la atribución de una manifestación vinculada con un eventual desalojo.
También cuestiona la atribución de una manifestación sobre un eventual desalojo: según la presentación, correspondía a Rolleri y fue atribuida a la fiscal.
La recurrente entiende que estas diferencias afectan la reconstrucción de la intervención municipal y del contexto en que negociaron los empresarios.
Estos señalamientos integran los argumentos de la impugnación. El documento no contiene una resolución que establezca responsabilidad penal del intendente por esas comunicaciones.
Rotundo y Cabaleyro: “Yo no la voy a acatar, olvidate”
Otro de los registros destacados corresponde a una conversación entre Cabaleyro y Sofía Rotundo, quien intervino desde la autoridad laboral.
Según la presentación, el fallo omitió o reprodujo parcialmente explicaciones relacionadas con:
El papel de mediación del Ministerio, sin resolver el fondo de los reclamos.
El alcance de la denominada libertad de acción sindical.
El pedido empresarial de conciliación obligatoria.
Los motivos por los que esa conciliación no se dispuso.
Las condiciones de seguridad e higiene.
El contenido del acuerdo que permitió levantar el bloqueo.
Las instrucciones recibidas de superiores.
De acuerdo con la transcripción del recurso, Rotundo manifestó:
> “Vos sabés que yo te iba a llamar para decirte que yo tengo que dictar la conciliación, no puedo hacer otra cosa”.
La respuesta atribuida a Cabaleyro fue:
> “Y yo no la voy a acatar, olvidate”.
La representación de Rey sostiene que esa última expresión no fue incorporada a la sentencia y debía considerarse al evaluar la posición del dirigente frente a una eventual conciliación obligatoria.
Además, cuestiona que no se analizaran suficientemente los pedidos de la empresa para que interviniera la autoridad administrativa y los motivos por los cuales no se dispuso esa medida.
El recurso menciona otra escucha con una persona identificada como Natalia, que, según la interpretación de la parte, podía aportar información sobre instrucciones para evitar o demorar la conciliación.
En ese caso, el escrito describe el contenido, pero no reproduce un diálogo textual completo. Tampoco establece de manera concluyente la identidad de la interlocutora.
Los pagos a Espíndola y la referencia a “Maxi”
Sobre las entregas periódicas de dinero, la presentación cuestiona que se descartara la intervención de Cabaleyro sin valorar conjuntamente las comunicaciones y los demás indicios.
Uno de los registros citados es una conversación entre Gustavo Rey y Fernando Espíndola, en la que se discute una suma y se menciona al secretario general.
El recurso atribuye a Gustavo Rey:
> “Yo un sueldo entero no. Decile que se deje de joder a Maxi”.
Y a Espíndola:
> “Yo para mí es preferible ponerle algo a no ponerle nada, después queda en cada uno de ustedes”.
En la continuación del intercambio, según la transcripción, Espíndola consulta:
> “¿Cinco lucas?”
Gustavo Rey responde afirmativamente y, ante la pregunta sobre cuándo retirar el dinero, agrega:
> “Pero preguntale primero”.
El diálogo concluye con la coordinación del retiro para el día siguiente.
La recurrente entiende que la mención a Cabaleyro al discutir el monto debía analizarse junto con otra frase atribuida al dirigente durante la reunión del 15 de enero:
> “Hablar con Fernando es lo mismo que hablar conmigo”.
Para la representación de la empresa, ambos registros podían contribuir a establecer si existía una actuación coordinada. Aclara que no pretende atribuir responsabilidad únicamente por la jerarquía sindical, sino por la combinación de las comunicaciones, los testimonios y las intervenciones de Cabaleyro.
Otras expresiones de la reunión que el recurso vincula con el dinero
La presentación también selecciona pasajes de la reunión grabada que considera relevantes para comprender las relaciones económicas entre los empresarios y los representantes sindicales.
Entre las expresiones atribuidas a Cabaleyro aparecen:
> “Te va a salir más caro que él y que yo, entendelo”.
Y, en otro tramo:
> “Te dejo una duda ya que está el contador? Así lo ves vos. Fijate cómo pagás las hs extras. Y esa no la veo yo… es para el sindicato y obra social”.
La parte recurrente sostiene que esas manifestaciones debían confrontarse con los relatos sobre pagos periódicos y con las restantes circunstancias acreditadas.
También menciona otras entregas de dinero relatadas por los empresarios, aunque reconoce que no constituyen hechos autónomos de acusación y solicita considerarlas como contexto.
El convenio de abril y la presunta amenaza de repetir el bloqueo
El último hecho discutido está relacionado con el convenio del 20 de abril de 2021 y una supuesta deuda de $805.383,03 por diferencias salariales, aportes y obra social.
La representación de Rey sostiene que debía distinguirse entre la eventual existencia de una deuda y las condiciones en las que se exigió y obtuvo su pago.
El escrito reproduce la siguiente amenaza atribuida a los imputados:
> “Si no arreglan vamos a volver a paralizar la empresa con un bloqueo total”.
A diferencia de las escuchas citadas anteriormente, este fragmento aparece en la descripción acusatoria del hecho y en el desarrollo del recurso; el documento no lo identifica como una transcripción de una escucha telefónica.
La recurrente considera que la advertencia debía evaluarse a partir del bloqueo que la empresa ya había sufrido en febrero.
También pide examinar el registro del retiro de dinero en el estudio contable. Según su descripción, Espíndola retiró la suma sin contarla, sin entregar un recibo y sin mencionar en esa conversación una deuda por aportes sindicales u obra social.
El escrito no ofrece una transcripción literal de ese intercambio. Lo utiliza, junto con cheques, una anotación atribuida a Cabaleyro y la secuencia de reclamos, para cuestionar que el pago fuera interpretado como una operación ordinaria.
Las escuchas que no pudieron reproducirse
Otro agravio apunta a la decisión de impedir la reproducción de parte de las intervenciones telefónicas obtenidas durante la investigación.
Según la explicación del juez reproducida en el recurso, el material debía incorporarse mediante la declaración de una persona que hubiera intervenido en la comunicación, para permitir su contraste por las defensas.
La representación de Rey discute ese alcance de la regla fijada antes del juicio. Sostiene que las grabaciones ya integraban la causa, habían sido ofrecidas y algunas correspondían a conversaciones entre imputados o con personas que no habían sido propuestas como testigos.
Entre el material cuestionado menciona una conversación con una persona llamada Marcelo, relacionada, según su interpretación, con presiones sobre proveedores o dadores de carga.
El recurso describe esa comunicación, pero no reproduce sus palabras exactas. Por eso, su contenido no puede presentarse entre comillas como si se contara con una transcripción literal.
La parte solicita que Casación examine tanto las grabaciones excluidas como el registro de la decisión que impidió reproducirlas y la protesta formulada durante la audiencia del 5 de octubre.
Piden revisar los testimonios completos
La impugnación solicita que el órgano revisor confronte las grabaciones del juicio con las transcripciones y referencias de la sentencia.
Sostiene que se omitieron explicaciones de los hermanos Rey, testimonios relacionados con las entregas de dinero y circunstancias que podían contribuir a comprender el temor de los empresarios.
También menciona un supuesto contacto de Cabaleyro con el contador Grabovieski antes de su declaración y cuestiona que el tribunal no verificara lo sucedido.
Sin embargo, el propio escrito aclara que no se demostró que el contador hubiera sido intimidado ni que su declaración estuviera condicionada.
El debate sobre el derecho de huelga
La representación de Rey sostiene que la existencia de un conflicto laboral no basta para justificar cualquier modalidad de protesta.
En particular, pide revisar la duración de los bloqueos, la colocación de personas y vehículos en el acceso, la afectación a terceros y la relación entre esas acciones y las exigencias formuladas a la empresa.
También objeta que se trasladara al caso un precedente sobre obstáculos intermitentes, cuando, según su reconstrucción, la distribuidora sufrió una paralización sostenida.
Para la recurrente, las conversaciones citadas deben examinarse junto con esas acciones materiales para determinar si existió turbación de la posesión, coacción o extorsión.
La situación separada de Espíndola
Aunque Espíndola aparece mencionado en los hechos y las comunicaciones, su situación no quedó comprendida en el mismo debate.
Según el recurso, el 25 de agosto de 2026 la Fiscalía y su defensa presentaron una propuesta de juicio abreviado, a la que el particular damnificado prestó conformidad.
El escrito señala que esa cuestión aún no estaba resuelta al momento de recurrir y que Espíndola no participó del juicio oral cuya sentencia se impugna.
La presentación pide que se declare admisible la impugnación, se requieran los registros completos del debate y las escuchas cuestionadas, y se revoquen las absoluciones.
Reclama 15 años de prisión efectiva para Cabaleyro por los episodios de turbación de la posesión y coacción y por dos hechos de extorsión; y tres años de prisión en suspenso para los otros seis acusados, por los hechos vinculados con los bloqueos.
Además, formula reserva del caso federal, invocando garantías de debido proceso, tutela judicial efectiva y acceso a la justicia.
La documentación examinada acredita la presentación del recurso, pero no contiene una resolución posterior sobre su concesión, admisibilidad o resultado. Las penas reclamadas son el pedido del particular damnificado y no una condena dictada por Casación.
