La firma del nuevo convenio entre la Municipalidad de San Pedro y Ashira S.A. vuelve a poner sobre la mesa uno de los temas más sensibles de la gestión local: la prestación del servicio de higiene urbana, su costo, la deuda acumulada y el impacto directo que cada conflicto tiene sobre los vecinos.
El acuerdo, según informó el Municipio, busca ordenar el vínculo administrativo y contractual con la empresa prestataria, dar previsibilidad institucional y garantizar la continuidad del servicio de recolección de residuos e higiene urbana. El convenio será elevado al Honorable Concejo Deliberante para su análisis y tratamiento.
La discusión no aparece en un contexto aislado. En abril y nuevamente en junio, San Pedro atravesó medidas de fuerza de trabajadores de Ashira por atraso en el pago de salarios, con interrupción del servicio y acumulación de basura en distintos sectores de la ciudad. En ambos casos, el conflicto expuso una tensión que se repite: la empresa señala atrasos del Municipio, los trabajadores reclaman sus haberes y los vecinos terminan padeciendo las consecuencias.
De acuerdo con publicaciones previas de Crónica San Pedro, en junio los empleados iniciaron una medida de fuerza tras no percibir sus salarios, lo que paralizó la recolección. En ese momento, se informó que el costo mensual del servicio rondaba entre 362 y 374 millones de pesos, en un escenario marcado por la inflación, los costos operativos y la caída de ingresos municipales.
El conflicto se destrabó días después, luego de una audiencia en la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo y conversaciones entre el intendente Cecilio Salazar y directivos de Ashira. Según informó el Municipio en esa oportunidad, se realizó un desembolso extraordinario para completar el pago de los salarios adeudados, mientras los trabajadores ya habían cobrado el 50% de sus haberes.
Pero no fue el único antecedente reciente. En abril, Crónica San Pedro ya había reflejado una situación crítica: cinco días de paro, residuos acumulados en la vía pública, preocupación de comerciantes y vecinos, y una audiencia convocada para intentar destrabar el conflicto. En ese momento también se hablaba de un costo mensual cercano a los 300 millones de pesos.
La relación entre Ashira y San Pedro tiene larga historia. La empresa está al frente del servicio desde la tercerización iniciada a fines de la década del 80. En abril de 2025, tras una licitación, el Gobierno municipal firmó un nuevo contrato con Ashira por tres años, con posibilidad de prórroga por igual período. La empresa quedó a cargo de la recolección domiciliaria, transporte, descarga en el sitio de disposición final y barrido manual de calzadas.
Según el detalle publicado por La Opinión, la concesión contempla retiro, carga, transporte y descarga de residuos domiciliarios frente a viviendas, comercios, industrias y edificios públicos, además del barrido. También establece frecuencias diferenciadas: recolección nocturna tres veces por semana en 773 cuadras, servicio diurno tres veces por semana en 2.014 cuadras y un servicio especial seis veces por semana en 183 cuadras.
El dato económico es central. En noviembre de 2025 se informaba que el monto mensual de la adjudicación era de $236.197.320, dividido entre recolección, transporte y descarga de residuos por $155.521.900, y barrido de calles por $80.675.420. Meses después, en pleno conflicto, las cifras mencionadas ya superaban los 300 millones y llegaban a rondar los 362/374 millones mensuales.
El nuevo convenio, entonces, no puede leerse solamente como un trámite administrativo. Llega después de dos conflictos en pocos meses, con un servicio esencial resentido y con una comunidad que ya vivió varias jornadas con basura acumulada en las calles.
Ahora, la pelota pasa al Concejo Deliberante. Allí deberán analizarse las condiciones del acuerdo, el esquema de pago, la previsibilidad contractual, los compromisos de la empresa y la capacidad real del Municipio para sostener económicamente un servicio indispensable.
La pregunta de fondo es si este convenio servirá para ordenar definitivamente una relación marcada por crisis recurrentes o si será apenas una nueva salida transitoria frente a un problema estructural: un servicio caro, una economía municipal ajustada, una empresa que reclama pagos y trabajadores que no pueden quedar como variable de ajuste.
Mientras tanto, los vecinos esperan algo básico: que la basura se recolecte, que las calles estén limpias y que los conflictos administrativos no vuelvan a transformarse en un problema sanitario y ambiental para toda la ciudad.
