La agrupación Unión y Libertad San Pedro presentó ante el Honorable Concejo Deliberante una propuesta destinada a prevenir situaciones de violencia y fortalecer la convivencia en las instituciones educativas del partido.
La iniciativa fue ingresada por Mesa de Entradas por Nadia Cintya Gómez y plantea la creación de una Mesa Local de Convivencia Escolar, capacitaciones para las familias, protocolos de actuación, campañas permanentes de concientización y espacios de escucha para docentes, estudiantes y adultos responsables.
El proyecto parte de la preocupación por los episodios de violencia física, verbal, amenazas y otras situaciones conflictivas que involucran a diferentes integrantes de las comunidades educativas. Según expresa el documento, estos hechos generan un clima de inseguridad que afecta tanto al personal de las instituciones como a los alumnos y sus familias.
“La violencia nunca puede naturalizarse dentro de una escuela”, sostiene la presentación.
Una mesa local para coordinar acciones
Una de las principales propuestas es la conformación de una Mesa Local de Convivencia Escolar integrada por representantes del Concejo Deliberante, el Departamento Ejecutivo, autoridades educativas, directivos, docentes, equipos de orientación, cooperadoras, centros de estudiantes, profesionales especializados y organizaciones comunitarias.
Este espacio tendría como finalidad analizar la situación en San Pedro, coordinar medidas preventivas, promover el diálogo y elaborar recomendaciones para mejorar la convivencia dentro de las instituciones.
Capacitaciones para las familias
El programa también propone desarrollar jornadas abiertas y gratuitas para madres, padres y adultos responsables.
Entre los temas que se abordarían se encuentran la resolución pacífica de conflictos, la comunicación familiar, la educación emocional, los límites, el bullying y el ciberbullying, el uso responsable de las redes sociales, la violencia digital y el acompañamiento de niños y adolescentes.
Un protocolo local de actuación
Otro de los puntos centrales es la elaboración de un Protocolo Local de Actuación y Acompañamiento ante situaciones de violencia en las comunidades educativas.
La herramienta establecería mecanismos de comunicación, derivación y seguimiento entre las instituciones y los organismos competentes, respetando las funciones de cada área y priorizando la protección de estudiantes, docentes, directivos, auxiliares y familias.
Dependiendo de la gravedad y las características de cada caso, podrían intervenir la Jefatura Distrital de Educación, las inspecciones correspondientes, los Equipos de Orientación Escolar, el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos, las áreas municipales de Desarrollo Humano y Salud, los equipos de salud mental, la Comisaría de la Mujer y la Familia, la Policía, el Ministerio Público Fiscal y los juzgados competentes.
La propuesta aclara que la participación de cada organismo deberá ajustarse a la legislación vigente, evitando superposiciones y garantizando una actuación coordinada e interdisciplinaria.
El nuevo Régimen Penal Juvenil
El documento también incorpora como marco de análisis la Ley Nacional 27.801, que establece el Régimen Penal Juvenil para adolescentes desde los 14 años y promueve un abordaje orientado a la responsabilidad legal, la educación, la resocialización y la integración social. La norma fue sancionada el 27 de febrero de 2026 y publicada el 9 de marzo. [Texto oficial de la Ley 27.801](https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27801-423722/texto)
A partir de este nuevo escenario, Unión y Libertad considera necesario que las escuelas cuenten con herramientas que permitan distinguir entre los conflictos que pueden abordarse institucionalmente y aquellos hechos graves que requieren la intervención de organismos especializados o de la Justicia.
Campañas y espacios de escucha
La iniciativa propone además realizar campañas durante todo el año bajo el lema **“La violencia nunca puede entrar al aula”**, con actividades en escuelas, clubes, organizaciones sociales y medios de comunicación.
También plantea generar encuentros periódicos para que docentes, directivos, estudiantes y familias puedan expresar inquietudes, compartir experiencias y acercar posibles soluciones.
Finalmente, Unión y Libertad solicitó al Concejo Deliberante que analice la propuesta, convoque a los actores involucrados y evalúe la elaboración de las herramientas legislativas necesarias para su implementación.
Desde el espacio remarcaron que prevenir la violencia escolar no es una responsabilidad exclusiva del sistema educativo, sino un compromiso que debe involucrar al Estado, las instituciones, las familias y a toda la comunidad.
