El Senado de la Nación llevará adelante este viernes una sesión decisiva que marcará el cierre del período de sesiones extraordinarias, con el tratamiento de dos proyectos de alto impacto: la reforma laboral y la modificación del Régimen Penal Juvenil que permitirá bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
En el caso de la reforma laboral, el oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza, buscará convertir en ley el texto que ya fue aprobado el pasado 12 de febrero por la Cámara Alta con 42 votos a favor y 30 en contra, y que luego fue modificado en Diputados. Entre los cambios más relevantes se encuentra la eliminación del artículo 44, que hacía referencia a las licencias médicas por enfermedad.
El proyecto cuenta con el respaldo del PRO, la Unión Cívica Radical y fuerzas provinciales, lo que permitiría garantizar su aprobación definitiva. En contraposición, el peronismo anticipó que votará en contra de forma unificada, pese a las recientes divisiones internas, como la salida de la senadora jujeña Carolina Moisés, quien conformó el bloque Convicción Federal junto a otros legisladores.
En esta instancia, el Senado actúa como Cámara revisora, por lo que solo podrá aprobar la versión modificada o insistir con el texto original. Mientras tanto, la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que no se movilizará al Congreso durante el debate, aunque anticipó que recurrirá a la Justicia la próxima semana para solicitar la inconstitucionalidad de la norma.
No obstante, sectores del sindicalismo combativo, encabezados por ATE y acompañados por organizaciones políticas como La Cámpora, sí convocaron a movilizaciones en rechazo a la reforma.
Baja de la edad de imputabilidad
En paralelo, el Senado también debatirá el nuevo Régimen Penal Juvenil, que ya cuenta con media sanción de Diputados, donde fue aprobado con 149 votos a favor y 100 en contra. La iniciativa propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, incorporando un sistema basado en principios como la legalidad, la proporcionalidad, la celeridad procesal y la resocialización.
El proyecto establece que la privación de la libertad será el último recurso, con control judicial permanente y cumplimiento en establecimientos especializados, separados de los detenidos adultos.
Además, reconoce de manera expresa los derechos de las víctimas, quienes podrán ser informadas del proceso, contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y participar en instancias relevantes.
La norma fija penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. También contempla penas alternativas para delitos menores, como servicios comunitarios, monitoreo electrónico, restricciones de acercamiento a las víctimas y prohibiciones específicas.
Todo indica que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para avanzar con ambas iniciativas, en una sesión que estará marcada por el debate político, la presión sindical y la expectativa social por los cambios que podrían redefinir el escenario laboral y penal en la Argentina.
