El comienzo del año 2025 quedó marcado por una serie de hechos delictivos que volvieron a poner en el centro del debate la crisis de inseguridad que atraviesa la provincia de Buenos Aires. Durante los meses de enero y febrero, múltiples crímenes de alto impacto social desataron la preocupación ciudadana y la tensión política en la región.
Uno de los casos que generó mayor conmoción ocurrió el 25 de febrero en Altos de San Lorenzo, La Plata, cuando Kim Gómez, una niña de 7 años, murió tras ser arrastrada varias cuadras por un vehículo robado conducido por dos menores de edad. Uno de los delincuentes, de 14 años, había sido liberado semanas antes por orden de la fiscal de menores Sabrina Cladera, a pesar de contar con antecedentes por hechos similares.
Otro episodio que sacudió a la sociedad se dio en Carapachay, Vicente López, el 26 de febrero. Silvia Graciela Lepez, de 54 años, recibió un disparo en la cabeza cuando su esposo intentó escapar de una emboscada para robarles la camioneta. La Policía Bonaerense detuvo a uno de los sospechosos, quien ya tenía antecedentes por encubrimiento.
El fenómeno de los «motochorros» también dejó víctimas fatales. El 25 de febrero, Lucas Díaz, de 21 años, fue asesinado en Tortuguitas mientras caminaba con su pareja y su bebé. En La Plata, el enfermero Jonatan Calderón, de 43 años, perdió la vida el 15 de febrero en un intento de robo cuando se dirigía a su trabajo.
La violencia no solo afectó a civiles, sino también a las fuerzas de seguridad. En La Matanza, el 18 de febrero, un policía de la Ciudad resultó herido tras enfrentarse con motochorros que intentaron asaltarlo. Días antes, en Ciudad Evita, otro oficial fue baleado en la pierna cuando delincuentes intentaron robarle el auto.
Los hechos de inseguridad se repitieron en varios partidos de la provincia como Moreno, Florencio Varela, José C. Paz, Ituzaingó y Mar del Plata. La mayoría de los crímenes estuvieron vinculados a robos violentos, con una alarmante participación de menores de edad y reincidentes con antecedentes penales.
Esta ola de delitos puso en evidencia las falencias del sistema judicial, la falta de contención social para los jóvenes y la necesidad urgente de medidas concretas para combatir la inseguridad en la provincia más poblada del país. La sociedad exige respuestas mientras la clase política enfrenta una creciente presión para implementar políticas públicas que reviertan esta preocupante situación.