Luego de que el Gobierno cerrara el período de sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación con la aprobación de la reforma laboral, este viernes se promulgó la denominada Ley de Modernización Laboral. Después de una semana puliendo detalles, la medida fue publicada en el Boletín Oficial.
La norma, que fue registrada como Ley Nº 27.802, comenzó a regir esta madrugada, apenas se emitió el Decreto 137/2026, que contó con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
“En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, promúlgase la Ley Nº 27.802 sancionada por el H. Congreso de la Nación en su sesión del día 27 de febrero de 2026″, dictaminaron al ordenar que la medida también quede asentada en la Dirección Nacional del Registro Oficial.
De la misma manera, los detalles de la Ley de Modernización Laboral quedaron disponibles en el sitio oficial del Boletín Oficial. La norma fue publicada con un total de 25 capítulos luego de que fuera sometida a una serie de revisiones que resultaron en la eliminación de los artículos que planteaban una modificación en el régimen de licencias médicas.
Qué cambia con la nueva reforma laboral
Con la entrada en vigencia de la Ley de Modernización Laboral Nº 27.802, el nuevo marco normativo introduce cambios en distintos aspectos de la relación laboral dentro del sector privado. Desde el Gobierno nacional señalaron que el objetivo es modernizar el sistema laboral, promover la generación de empleo formal y reducir la litigiosidad en el ámbito del trabajo.
Uno de los puntos centrales de la reforma está vinculado al sistema de indemnizaciones, donde se habilita la posibilidad de implementar fondos o sistemas alternativos de cese laboral, similares a los que actualmente funcionan en algunos sectores, como la construcción. Este esquema podría ser acordado a través de convenios colectivos entre empleadores y trabajadores.
La ley también introduce modificaciones en materia de contratación laboral, con mecanismos destinados a facilitar la incorporación de trabajadores registrados y reducir los costos asociados a la informalidad. En ese sentido, se establecen beneficios e incentivos para la formalización del empleo, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
Otro de los ejes de la reforma está relacionado con la organización de la jornada laboral y las modalidades de trabajo, permitiendo mayor flexibilidad en determinados esquemas laborales, siempre dentro de los límites establecidos por la legislación vigente y los convenios colectivos.
En cuanto a los derechos colectivos y la actividad sindical, la normativa incorpora cambios en algunos mecanismos de representación, negociación y financiamiento, con el objetivo —según el Ejecutivo— de transparentar el funcionamiento de las organizaciones sindicales.
Además, la ley contempla medidas destinadas a impulsar inversiones productivas, particularmente en proyectos de escala media, vinculando algunos beneficios laborales con programas de desarrollo económico.
Con estas modificaciones, el Gobierno sostiene que busca generar condiciones más favorables para la creación de empleo formal, mientras que distintos sectores sindicales y de la oposición expresaron reparos y críticas sobre el alcance de la reforma y sus posibles efectos en los derechos laborales.
