Un nuevo episodio de tensión institucional se abrió en San Nicolás a partir de una denuncia presentada por Hugo Damián Caballero, quien impulsa un pedido de juicio político ante la Legislatura bonaerense contra el diputado provincial Manuel Passaglia, además de jueces y fiscales del Departamento Judicial local.
Según la presentación, el denunciante acusa a funcionarios políticos y judiciales de integrar una presunta estructura de “tráfico de influencias” y “denegación de justicia”, en el marco de un conflicto que se remonta al año 2021.
De acuerdo a lo expuesto, el origen del caso se vincula con un hecho ocurrido el 15 de marzo de ese año, cuando Caballero asegura haber sido detenido mientras documentaba una supuesta violación de una clausura judicial en el Parque Rafael de Aguiar, en San Nicolás.
En ese contexto, sostiene que la detención fue irregular y que, durante el procedimiento, se secuestró su vehículo —un Volkswagen Bora— pese a contar con la documentación correspondiente.
Siempre según su denuncia, con el paso del tiempo la Justicia habría determinado su inocencia, pero el rodado fue posteriormente compactado por el Estado, lo que derivó en un reclamo resarcitorio que actualmente asciende a 150 millones de pesos.
El denunciante afirma que el expediente se encuentra paralizado y atribuye esa situación a una presunta intervención de distintos actores del ámbito judicial y político.
En la presentación, Caballero señala directamente al legislador Passaglia por una supuesta “responsabilidad política”, al tiempo que involucra a funcionarios judiciales y municipales, a quienes acusa de haber actuado de manera coordinada para impedir el avance de la causa.
Entre los nombres mencionados se encuentran el juez Rubén Darío Giagnorio, la fiscal Verónica Marcantonio, la jueza Laura Fernández, además de funcionarios municipales, todos señalados en el escrito por presuntas irregularidades en el manejo del expediente.
Asimismo, el denunciante también plantea posibles incumplimientos de la Ley de Víctimas (Ley 15.232), al sostener que no se le habría garantizado asistencia legal adecuada.
Ante este escenario, solicitó formalmente:
El inicio de un jury de enjuiciamiento contra magistrados
La intervención de la Legislatura bonaerense
La designación de un fiscal ajeno al Departamento Judicial de San Nicolás
Medidas de protección personal
El caso, que combina denuncias por presuntas irregularidades judiciales, conflictos vinculados a un área ambiental protegida y un millonario reclamo contra el Estado, abre interrogantes sobre el funcionamiento institucional en el distrito.
Hasta el momento, no se conocieron respuestas oficiales por parte de los funcionarios mencionados en la denuncia.
fuente Prensa Libre San Nicolas
