Los recientes eventos hidrometeorológicos extremos en Argentina han destacado la importancia de la alerta temprana. Pero aún hay zonas grises entre la alerta meteorológica nacional y la que debe emitir el gobierno municipal sobre los riesgos locales.
En octubre de 2016, se sanciona la Ley 27.387 con la que se crea el SINAGIR (Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil) de Argentina, que enfatiza la importancia de la participación de las comunidades locales en la gestión del riesgo. El SINAGIR busca articular al Estado con las comunidades, reconociendo que la percepción y el conocimiento del riesgo varían según cada localidad.
Esto último es fundamental: no implica el mismo riesgo una lluvia de 30 mm en 24 h para la ciudad de Comodoro Rivadavia que para la ciudad de Rosario, como no tiene el mismo impacto un chaparrón con intensidad de 50 mm/h en la ciudad de Buenos Aires o en Quilmes. Tampoco la gente reacciona igual ante ante un temporal de viento con ráfagas de 80 km/h en la Patagonia que en el Litoral.
Cada ciudad presenta diferentes escenarios de riesgo dada su vulnerabilidad y exposición a los peligros, ya sean estos lluvias, vientos, sismos, o cualquier otro de origen natural o tecnológico; y es el gobierno local (municipio o comuna) el responsable de identificar los riesgos y hacer todo lo posible para reducirlos mediante diferentes estrategias y herramientas, entre ellas, la alerta temprana.
Alertas, avisos y advertencias meteorológicas
La misión del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es “Brindar información y pronósticos meteorológicos, prospectivas climáticas y alertas en su área de incumbencia”, es decir que puede advertir sobre cualquier fenómeno meteorológico, indicando su ubicación e intensidad esperadas dentro de la incertidumbre propia de los sistemas meteorológicos, la que también debe ser informada.
Sin embargo, con solo anticipar la ubicación e intensidad de un meteoro no es suficiente para que la población pueda tomar las acciones que les permitan mitigar la chance de pérdida de vidas y bienes. El SMN no tiene incumbencia sobre el comportamiento de los ríos y arroyos, por ejemplo. Para ello, se necesita el conocimiento local del riesgo para establecer cuál será el impacto local de un meteoro en la infraestructura y las actividades, y solo los gobiernos locales pueden definir como es la exposición y la vulnerabilidad de una determinada población a una amenaza específica.
Esto ha sido evidente en la inundación de 2003 en la ciudad de Santa Fe: si bien hubo alertas, estas fueron por precipitaciones y no por la crecida del río Salado, desencadenante de la tragedia. En la inundación de 2013 en La Plata, la única alerta fue la emitida en la madrugada del 2 de abril por tormentas fuertes… la mortal crecida de los arroyos tomó a los vecinos por sorpresa durante la tarde, sin ningún aviso previo. Y en el desastre de Bahía Blanca el 7 de marzo de este año, si bien los pronósticos meteorológicos y las alertas emitidas por el SMN indicaban la severidad de las precipitaciones y fueron oportunas, no hubo avisos de riesgo por inundaciones, el evento causante de las fatalidades.
De acuerdo con el SINAGIR, es responsabilidad primaria de los gobiernos locales el implementar estrategias de gestión del riesgo adaptadas a las necesidades específicas de cada territorio. Y para ello se deben valer de los organismos de Protección Civil, antes llamados de “Defensa Civil”, adoptando políticas locales de gestión del riesgo de desastres.
Y si bien un alerta de riesgo no es igual a un alerta meteorológico, se debe basar en este último para definir qué protocolos aplicar por parte de los organismos municipales y la población. No compiten entre sí, aunque puedan parecer contradictorios, porque en definitiva la responsabilidad última es del gobierno local.
Así como el gobierno local es quien debe imponer las alertas de riesgo, también es responsabilidad de los gobiernos locales la divulgación de los diferentes escenarios de riesgo a los que la población está expuesta en su lugar de residencia, trabajo o estudios, como también debe identificar la población vulnerable, ya sea por motivos económicos, sociales, culturales, institucionales, políticos o psicológicos que marcan la forma de vida de las personas y su entorno.
En este contexto de crisis climática y urbanística, el riesgo de desastres en las ciudades es cada vez mayor. Perfeccionar las alertas tempranas es prioritario para proteger vidas y bienes, para asegurar el desarrollo sostenible de las comunidades. Y para ello se necesita decisión política, recursos humanos y económicos, y coordinación entre los tomadores de decisión, la academia, el sector privado y la ciudadanía.
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