Un mensaje recibido por Laura Almirón, representante del grupo Familias TGD Padres TEA San Pedro – Red Federal, volvió a poner en debate la necesidad de mayor capacitación en jardines y escuelas respecto al acompañamiento de estudiantes dentro del espectro autista.
El texto, enviado por una mamá, expresa la preocupación por la falta de herramientas del personal escolar para abordar situaciones de crisis en alumnos con TEA:
“En el jardín de mi nena van varios niños con TEA y no saben cómo tratarlos cuando tienen crisis”, señala el mensaje.
Ante esa consulta, Almirón respondió públicamente con una reflexión que encendió alarma y demanda acciones concretas del sistema educativo local.
La referente subrayó que San Pedro adherió a la Ley de Autismo (Provincia de Buenos Aires – Ley 15.035 / Ordenanza Municipal 6590), que establece la obligación del Estado de garantizar inclusión, acompañamiento y capacitación.
En su comunicado, remarcó:
“Tenemos propuestas de capacitación sobre autismo. Tenemos adhesión municipal a la Ley.Tenemos niñ@s maltratados, abusados, violentados, discriminados… hay denuncias y actas.
Los derechos son para tod@s. ¡Basta de mirar para otro lado!”
Almirón aseguró que las autoridades educativas deben abrir las puertas para que las familias y las organizaciones puedan ingresar a las instituciones con propuestas formativas que ya existen y se vienen gestionando desde hace años.
Desde el colectivo de familias informaron que han puesto a disposición:
Capacitaciones en autismo para profesionales de la educación
Jornadas sobre derechos y discapacidad
Congresos y encuentros locales sobre TEA
Informes y difusión en medios
Material informativo y acompañamiento comunitario
Pero advierten que, pese a las acciones y pedidos formales, no logran la implementación sistemática dentro de los establecimientos escolares.
“No aceptamos que nos digan que no hay capacitación. Las familias gestionamos y ponemos todo a disposición.
La escuela es inclusiva por ley.”
“Las familias deben denunciar”
Finalmente, Almirón instó a quienes atraviesan situaciones de vulneración en la educación pública o privada a elevar las denuncias correspondientes, para que los casos puedan ser registrados y tratados formalmente.
