En una votación que marca un antes y un después en el sistema penal argentino, el Senado de la Nación aprobó y convirtió en ley la reforma del Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La iniciativa fue sancionada con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, consolidando un nuevo triunfo legislativo del oficialismo durante el período de sesiones extraordinarias.
De esta manera, el Congreso estableció un nuevo marco legal que permitirá juzgar penalmente a menores desde los 14 años cuando cometan delitos, reemplazando el régimen vigente desde hace más de cuatro décadas.
Durante el debate, el oficialismo argumentó que el objetivo es actualizar una legislación considerada obsoleta y responder al incremento de delitos cometidos por menores de edad, especialmente en casos graves. También sostuvieron que muchas organizaciones criminales utilizan adolescentes en sus estructuras debido a que, hasta ahora, no podían ser procesados penalmente.
Uno de los momentos más significativos de la sesión se produjo cuando la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, solicitó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de hechos de inseguridad, en el marco del debate parlamentario.
Un nuevo régimen penal juvenil
La ley no solo modifica la edad de imputabilidad, sino que crea un régimen penal juvenil específico, con procedimientos diferenciados y penas adaptadas a la edad de los adolescentes. Entre otros puntos, establece que los menores podrán ser juzgados por delitos graves bajo un sistema especial, con sanciones que contemplan tanto la responsabilidad penal como medidas orientadas a la reinserción social.
El proyecto original proponía bajar la edad a 13 años, pero tras negociaciones con bloques aliados, el oficialismo aceptó fijarla en 14 años para garantizar los votos necesarios.
Con esta sanción, Argentina se alinea con varios países de la región que tienen el mismo límite de imputabilidad, como Chile, Colombia, Paraguay y Perú.
La aprobación de la norma abre una nueva etapa en el sistema judicial argentino y representa uno de los cambios más profundos en materia penal juvenil de las últimas décadas.
