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El 5 de junio próximo el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de Capital Federal comenzará las audiencias del juicio oral contra Omar Pérez, mano derecha de Hugo Moyano, y otros cuatro dirigentes del Sindicato de Camioneros por el bloqueo contra la pyme Andar Transportadora en 2020.
En el 2021, la Justicia había procesado a esos cinco dirigentes del sindicato de Camioneros, acusados por «coacción», al bloquear las actividades de una empresa transportadora que, supuestamente, tendría deudas con el gremio que lidera Hugo Moyano.
La causa estaba radicada en la Justicia porteña, a cargo de Fernando Caunedo, quien decidió el procesamiento de Omar «Manguera» Pérez, mano derecha de Moyano, y de los también directivos del sindicato, Omar Dutrá, Diego Coria, Jorge Aguirre y Matías Paz. A todos los embargaron por hasta $ 300.000.
La acusación que recae en su contra tiene que ver con el bloqueo de las actividades de la empresa Andar Transportadora, en Villa Soldati debido a una deuda que la misma tendría con el sindicato.
«Manguera» Pérez es actual secretario de Políticas de Transporte del sindicato y representante del gremio en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). Dutrá, en tanto, es el referente dentro del área de Logística de Camioneros y uno de los que impulsó en su momento las protestas en los centros de distribución de Mercado Libre.

Según el juez Caunedo, debido al bloqueo que ordenaron los gremialistas se vio afectada «la libertad de acción y de trabajo del querellante (Andar Transportadora) y de sus empleados, así como de los choferes que acudieron allí y no pudieron concretar la entrega o el retiro de mercadería».
Andar Transportadora es una pyme familiar que desde 2001 se dedica al transporte de cargas, cuyo propietario es Castell. La diputada libertaria Florencia Arietto, su abogada, forma parte del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), liderado por Juan Méndez y antes presidido por la diputada nacional Verónica Razzini. “Mientras que el delito de coacción tiene una mínima de un año y una máxima de cuatro años, la extorsión en grado de tentativa tiene una mínima de dos años y medio y una máxima de unos cinco años” dijo Arietto.

El fiscal Mahiques afirmó que aunque existiera la deuda reclamada, ello no habilitaría a forzar el pago bajo amenaza de bloqueo del transporte. Además, sostuvo que en tal caso “el sindicato no estaba habilitado para reclamar directamente a la empresa y debía acudir ante la autoridad administrativa para formular sus reclamos en representación de sus afiliados”.

Si el juicio oral termina en condena, el caso se sumaría al antecedente de dos dirigentes de Camioneros de San Nicolás, Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro, que continúan detenidos con prisión domiciliaria, procesados por un bloqueo contra la empresa Distribuidora Rey en 2021.
Desde el 2022, el juez Ariel Lijo tiene una denuncia contra el diputado K Leopoldo Moreau por presionar a la jueza que había detenido a esos dirigentes camioneros por bloquear la empresa Rey.

Fuente CLARIN