El Ministerio de Justicia de la Nación resolvió intervenir en grado de veeduría a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el plazo de 180 días hábiles, en el marco de un expediente impulsado por la Inspección General de Justicia (IGJ) tras detectar una serie de irregularidades en el funcionamiento institucional de la entidad.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución 128/2026, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques, en la que se designó como veedores al contador público Rubén Miguel Pappacena y al abogado Agustín Ortiz De Marco. Ambos tendrán la tarea de recabar, analizar y compulsar documentación clave, así como verificar posibles incumplimientos legales, estatutarios o reglamentarios.
Según se informó oficialmente, la decisión se fundamenta en “irregularidades detectadas en el funcionamiento institucional y registral de la entidad”, lo que motivó la apertura de actuaciones administrativas y la necesidad de reforzar el control de legalidad previsto por la normativa vigente.
Entre los puntos observados por la IGJ se encuentra la realización de una asamblea el 28 de octubre de 2025 en un predio de Ezeiza sin la correspondiente autorización para celebrarse fuera de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez, se cuestionó la presentación de documentación ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires sin haber informado ni gestionado la cancelación de su inscripción original ante el organismo nacional.
El organismo de control también señaló la falta de respuesta a requerimientos vinculados a balances correspondientes a los ejercicios económicos entre 2017 y 2024, además de la no presentación de los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025. A esto se suman inconsistencias en trámites de reforma estatutaria y la ausencia de información vinculada a la constitución y funcionamiento de la denominada Universidad de la AFA (UNFA).
La resolución establece que los veedores contarán con amplias facultades para examinar libros contables, documentación respaldatoria y registros administrativos, con el objetivo de elaborar informes parciales y un informe final con conclusiones sobre la situación institucional de la entidad.
La intervención se da en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno nacional y la conducción de la AFA. En paralelo, su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, fue indagado recientemente en los tribunales del fuero Penal Económico en el marco de una causa por presunta retención indebida de aportes previsionales, además de otras investigaciones en curso.
Desde la conducción de la AFA, Tapia ha sostenido públicamente que existe una persecución política por parte del Poder Ejecutivo, cuestionando además la jurisdicción de la IGJ para ejercer control sobre la entidad en esta etapa.
No obstante, desde el Ministerio de Justicia se remarcó que la intervención apunta a garantizar la transparencia en la administración de una asociación civil de relevancia pública y asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales vigentes.
