La Justicia de Santa Fe emitió este viernes un fallo unánime que marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción institucional: el exjefe de fiscales de Rosario, Patricio Serjal, recibirá una pena de nueve años de prisión y además la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, tras comprobarse que formó parte de una organización ilícita dedicada a brindar cobertura judicial al juego clandestino.
La causa, los hechos, los involucrados
La investigación se centró en demostrar que desde abril de 2017 hasta julio de 2020 Serjal comandó una estructura que operaba al amparo del poder judicial: el juicio estableció que
Serjal instruyó el dictado de una resolución (“62/2018”) que concentró en su fiscalía regional todas las causas vinculadas al juego clandestino en la jurisdicción de Rosario, lo que permitió neutralizar investigaciones incómodas para el empresario del juego.
A cambio, el operador del juego clandestino Leonardo Peiti abonaba un “cupo” mensual (de aproximadamente 4.000 a 5.000 dólares) para asegurarse que no se lo investigara o que fuera alertado ante allanamientos.
Un engranaje político acompañaba esta red: testimonios ubican al senador provincial Armando Traferri como pieza clave para vincular los eslabones judiciales con el poder político local, aunque aún no fue juzgado en esta causa.
También resultaron condenados otros implicados, como el ex empleado judicial Nelson Ugolini, quien recibió cinco años de prisión por su rol en la filtración de información al operatorio del juego.
Lo que sostiene el tribunal
El tribunal, integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese, concluyó que la actuación de Serjal configuró no sólo corrupción sino una traición institucional “al deber de independencia funcional” del Ministerio Público de la Acusación.
Se consideró que el viaje a Buenos Aires en noviembre de 2019, utilizando vehículo oficial, peajes y combustible del organismo fiscal para reunirse con Peiti, representó también un acto de peculado de servicios.
La condena tiene múltiples efectos de fondo:
Refuerza el mensaje de que ningún funcionario está por encima de la ley, aún aquellos que ocupaban cargos de altísima jerarquía en la justicia.
Expone cómo el juego clandestino y el poder institucional pueden tejer redes de impunidad cuando convergen intereses judiciales, políticos y económicos.
Marca un antecedente para futuras causas: la sentencia alienta a los fiscales a investigar a fondo los nexos entre funcionarios y crimen organizado, sin importar rango.
Por lo pronto, la resolución judicial será apelada por la defensa de Serjal, lo que abrirá una nueva etapa procesal. Mientras tanto, el condenado iniciará el cumplimiento de su prisión preventiva.
Además, persisten los interrogantes sobre la participación de legisladores y otros funcionarios que aún no fueron juzgados en esta estructura. El caso sigue arrojando luces sobre la profundidad de la corrupción institucional.
