La muerte de Rodrigo Andrés Gómez, soldado voluntario de 21 años del Ejército Argentino, en la Quinta Presidencial de Olivos, no puede ser leída como un hecho aislado ni como una tragedia individual. Es el desenlace extremo de una cadena de fallas que el Estado conoce desde hace años
Rodrigo no murió solo. Murió empujado por una maquinaria criminal que operaba con precisión quirúrgica desde cárceles bonaerenses, con celulares ilegales, perfiles falsos, audios guionados y una metodología aceitada que se repite una y otra vez. Murió bajo una presión psicológica constante, diseñada para quebrar, aislar y someter. Murió porque nadie llegó a tiempo.
El llamado “audio del terror” no es una anécdota: es una herramienta de tortura emocional. Una voz que grita, acusa, amenaza, instala el miedo inmediato y bloquea cualquier posibilidad de defensa racional. Luego llega el falso “policía”, con lenguaje técnico, cargos inventados y una certeza ensayada: “estás al borde de ir preso”. Todo es mentira, pero la víctima no lo sabe. Y ahí comienza la extorsión.
La investigación encabezada por la jueza Sandra Arroyo Salgado dejó algo en claro: esta organización funcionaba desde el interior del sistema penitenciario. No desde la marginalidad absoluta, sino desde un engranaje que requiere celulares, conectividad, cuentas bancarias, cómplices externos y —sobre todo— control inexistente.
¿Cuántas veces se advirtió que los celulares en las cárceles son armas? ¿Cuántas veces se prometieron controles, inhibidores, requisas efectivas? ¿Cuántas muertes más hacen falta para dejar de mirar para otro lado?
Rodrigo era joven, estaba solo, lejos de su familia, intentando construir un futuro. No tenía entrenamiento para enfrentar una extorsión profesional, ni contención psicológica suficiente, ni una red que lo protegiera del miedo paralizante que le impusieron. El sistema lo dejó solo frente a delincuentes que, aun privados de la libertad, siguieron delinquiendo con total impunidad.
Cuando el jefe de Gabinete Manuel Adorni dijo que “un celular en manos de un delincuente preso es un arma”, no exageró. En este caso, fue un arma que mató. Y no disparó una bala: disparó miedo, vergüenza, desesperación y silencio.
La pregunta ya no es qué pasó. Eso está claro. La pregunta es qué va a cambiar. Porque si nada cambia, Rodrigo no será el último. Y cada nuevo caso será otra prueba de un Estado que llega tarde, siempre tarde, cuando ya no hay nada que reparar.
📌 El avance judicial de la causa
En el plano judicial, la investigación quedó a cargo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, quien ordenó peritajes digitales, el rastreo de líneas telefónicas, análisis de billeteras virtuales y cuentas bancarias, además de allanamientos simultáneos en cárceles y domicilios de la provincia de Buenos Aires. Las medidas permitieron establecer que la organización operaba desde los penales bonaerenses de Magdalena y Olmos, utilizando celulares ingresados de manera ilegal. Como resultado, fueron detenidas siete personas, entre internos y colaboradoras externas que facilitaban cuentas para recibir y redistribuir el dinero producto de las extorsiones. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos, chips, computadoras y documentación que evidenciaría decenas de maniobras similares, confirmando que no se trató de un hecho aislado sino de un esquema criminal sistemático.
El caso comenzó con un contacto aparentemente casual a través de una aplicación de citas. Un perfil femenino, con imágenes atractivas y tono cordial, inició una conversación con Gómez. La joven se identificó como “Julieta”, de 19 años, y durante varios días intercambiaron mensajes, audios y fotos. Para el soldado, se trataba de un vínculo virtual más, en un contexto marcado por la soledad y la distancia familiar; no surgió ninguna señal de alerta durante ese primer intercambio.
Detrás de ese perfil no existía ninguna joven real: era el primer eslabón de una organización dedicada a la extorsión digital, operativa desde la cárcel de Magdalena y el penal de Olmos. El esquema incluía apoyo externo, cuentas bancarias a nombre de terceros y una estructura aceitada que replicaba el mecanismo con distintas víctimas.
Una mañana, Gómez recibió en su celular un mensaje de voz femenino, exaltado y amenazante. “¡Degenerado! ¿Quién te pensás que sos para mandarle eso a mi hija? ¡Ya me estoy yendo a hacer la denuncia! Diecisiete años tiene mi hija. ¡Ya, me voy a hacer la denuncia!” Los investigadores identificaron este mensaje como el “audio del terror”, diseñado para generar pánico inmediato y bloquear cualquier reacción racional. En segundos, la víctima pasaba de una conversación privada a la convicción de estar involucrada en un delito gravísimo.
No había madre, hija, ni denuncia alguna: era una escena montada desde una celda. Minutos después, llegó el segundo golpe. Otro audio, esta vez de un hombre que se presentó como funcionario policial. “Me presento, acá habla Matías Nicolás Conti, subteniente a cargo del Servicio de Investigaciones contra Pedofilia Infantil Cibernética y Trata de Personas. Tengo a la madre de una menor radicándome una denuncia en tu contra».
Nada de esto era real. Ni el nombre, ni el cargo, ni el área existían: todo formaba parte de la maniobra de engaño.
