Cada 24 de marzo, la Argentina vuelve a mirarse al espejo de su historia reciente. Vuelve a recordar uno de los capítulos más oscuros de su vida institucional, pero también vuelve a evidenciar una herida que, lejos de cerrarse, sigue abierta: la grieta en torno a la memoria.
El golpe de Estado de 1976 no es solo un hecho del pasado. Es una marca profunda en la identidad del país, un punto de quiebre que dejó consecuencias humanas, sociales y políticas que aún atraviesan generaciones.
Sin embargo, con el paso del tiempo, el consenso sobre la necesidad de recordar y aprender parece convivir con una discusión cada vez más intensa sobre los números, los relatos y las interpretaciones.
Los registros documentados por la CONADEP dieron cuenta inicialmente de 8.960 personas desaparecidas, una cifra construida a partir de denuncias verificadas en un contexto complejo. A la par, con el correr de los años, el número de 30.000 desaparecidos se consolidó como una consigna simbólica que representa la magnitud del horror y el reclamo de memoria.
Y es allí donde la discusión se vuelve incómoda: cuando el debate sobre cifras desplaza lo esencial.
Porque más allá de los números —que deben seguir siendo investigados, documentados y comprendidos con rigor histórico— lo que no admite relativización es la existencia de un plan sistemático de represión ilegal, de desapariciones, de torturas y de apropiación de identidades.
Negar, minimizar o utilizar políticamente ese dolor solo profundiza la distancia entre los argentinos.
Pero también es cierto que convertir la memoria en un terreno de confrontación permanente termina debilitando su sentido más profundo: el de construir un “Nunca Más” que sea verdaderamente compartido.
La Argentina necesita memoria, pero también necesita honestidad intelectual. Necesita verdad, pero también necesita la capacidad de escuchar sin descalificar. Y, sobre todo, necesita justicia sin selectividad.
A casi cinco décadas del golpe, el desafío sigue siendo el mismo: recordar para no repetir, pero también entender que la memoria no puede ser un campo de batalla eterno.
Porque si el pasado se convierte solo en una herramienta para dividir, entonces el aprendizaje colectivo queda incompleto.
El 24 de marzo debería ser, ante todo, un punto de encuentro.
Un día para recordar a las víctimas, para reafirmar el compromiso con la democracia y para asumir que, sin una memoria que una, el futuro siempre será más frágil.
Contexto histórico: qué pasó antes del golpe de 1976 y cómo se llegó
Para comprender el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, es necesario retroceder algunos años y observar un país atravesado por una creciente inestabilidad política, económica y social.
Durante la década del 70, la Argentina vivía un clima de fuerte conflictividad. Tras el regreso de Juan Domingo Perón al poder en 1973, luego de 18 años de proscripción, se abrió una etapa de alta tensión interna, incluso dentro del propio movimiento peronista, donde convivían sectores con visiones profundamente enfrentadas.
La violencia política comenzó a escalar. Por un lado, actuaban organizaciones armadas como Montoneros y el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), que impulsaban acciones guerrilleras. Por otro, desde el propio aparato estatal y paraestatal se consolidaban estructuras represivas ilegales, como la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), responsable de persecuciones y asesinatos.
Tras la muerte de Perón en 1974, la presidencia quedó en manos de María Estela Martínez de Perón, en un contexto de debilidad política y creciente crisis institucional. El país enfrentaba una economía desbordada, con inflación elevada, caída del salario real y un deterioro generalizado de las condiciones de vida.
A esto se sumaba una escalada de violencia que parecía no encontrar control. El Estado, lejos de estabilizar la situación, comenzó a aplicar medidas represivas que anticipaban lo que vendría después. En 1975, mediante decretos del Poder Ejecutivo, se ordenó a las Fuerzas Armadas “aniquilar el accionar subversivo”, lo que marcó un antecedente directo del rol que asumirían posteriormente.
En ese escenario de crisis múltiple —política, económica y social—, las Fuerzas Armadas fueron ganando terreno con el apoyo de sectores civiles, empresariales y parte de la dirigencia política, que veían en una intervención militar una salida al desorden.
Finalmente, en la madrugada del 24 de marzo de 1976, se concretó el golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional. Se instaló una Junta Militar que dio inicio al autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
A partir de ese momento, el país entró en una etapa marcada por la suspensión de las instituciones democráticas, la censura, la persecución política y un sistema de represión ilegal que dejó miles de víctimas.
Se publicaron los primeros archivos desclasificados de la dictadura en poder de la SIDE
El 24 de marzo de 2025, el Gobierno había anunciado la desclasificación y el envío al Archivo General de la Nación de los documentos clasificados.
El organismo de inteligencia publicó en una primera etapa 26 documentos oficiales divididos por temáticas, en un archivo de 492 páginas.
Verónica Torras, directora ejecutiva de Memoria Abierta, indicó a Chequeado que “parte de los documentos que se hicieron públicos dan cuenta de las acciones previas al golpe de 1976, y a cuestiones orgánicas y estructuras de la SIDE entre 1976 y 1980. Pareciera ser una desclasificación parcial de una selección chica”.
El proceso de desclasificación de documentos de la dictadura militar comenzó en 2010, y en 2021 se ordenó un proceso similar sobre los documentos de inteligencia.
