La Cooperativa aseguró que la obra de electrificación fue contratada, presupuestada, aceptada y ejecutada. También cuestionó la operatoria utilizada para realizar algunos pagos y sostuvo que proteger los recursos de sus asociados constituye una obligación institucional.
La Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos Públicos y Sociales de San Pedro difundió un extenso comunicado para brindar su versión sobre el conflicto que mantiene con el desarrollo inmobiliario Azahar San Pedro, cuyo titular es Andrés Scazzariello.
Bajo el título “La verdad sobre el loteo Azahar San Pedro: el deber de COOPSER de defender el patrimonio de todos sus asociados”, el Consejo de Administración respondió a las manifestaciones públicas que atribuyeron a la entidad haber actuado arbitrariamente.
“No pretendemos polemizar con ninguna persona. Pretendemos que los vecinos conozcan la verdad completa”, expresó la Cooperativa al comenzar el documento.
Una obra contratada y una deuda de más de $31 millones
Según detalló COOPSER, en noviembre de 2023 celebró un convenio con Azahar San Pedro S.A. para ejecutar las obras de electrificación necesarias para abastecer al emprendimiento inmobiliario.
La entidad afirmó que elaboró los presupuestos, los notificó al desarrollador y comenzó los trabajos después de que fueran aceptados y se realizaran pagos parciales.
El principal punto de conflicto estaría relacionado con la tercera etapa de la obra. La Cooperativa sostiene que el presupuesto fue comunicado y aceptado “en tiempo y forma” y que, sobre esa base, ejecutó íntegramente los trabajos dentro de los plazos establecidos.
Una vez finalizada la infraestructura, COOPSER remitió el detalle de las tareas realizadas, los pagos recibidos y el monto restante. De acuerdo con el comunicado, continúa impago un saldo de $31.219.526,99.
“El cuestionamiento surgió después de terminada la obra”, señaló la entidad, que remarcó que las objeciones al importe comenzaron cuando la tercera etapa ya estaba concluida.
Desde la Cooperativa aseguraron que el presupuesto contemplaba los costos reales de los materiales, la mano de obra especializada, los equipos, las cargas laborales y las obligaciones técnicas y de seguridad propias de una distribuidora eléctrica.
Cheques rechazados y una operatoria “inusual”
COOPSER también informó que durante la ejecución del contrato recibió depósitos realizados mediante cheques de terceros.
Según la institución, varios de esos documentos fueron rechazados por diferencias en los endosos, defectos formales, falta de fondos y denuncias de extravío o sustracción.
La Cooperativa aseguró que esa operatoria fue documentada y certificada por una escribana pública. También señaló que posteriormente fue reconocida mediante documentación firmada por la empresa desarrolladora, que habría deslindado de responsabilidad a COOPSER.
Para el Consejo de Administración, estos antecedentes demuestran que la relación contractual ya presentaba dificultades antes de que el conflicto adquiriera exposición pública.
La intervención del OCEBA
La entidad indicó que participó durante meses en inspecciones, audiencias y presentaciones convocadas por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires.
En esas actuaciones, COOPSER aseguró haber entregado presupuestos, documentación técnica, antecedentes contractuales y fundamentos jurídicos para explicar la composición de los costos reclamados.
Sin embargo, manifestó su desacuerdo con determinados criterios planteados durante el procedimiento, principalmente con la posibilidad de revisar un presupuesto que —según su postura— ya había sido aceptado y ejecutado.
La Cooperativa consideró que la prolongación del trámite administrativo postergó el cobro de una obra finalizada y afectó el recupero de recursos pertenecientes a sus asociados.
La discusión por la línea de media tensión
Otro punto de controversia está relacionado con una línea de media tensión instalada dentro del predio.
COOPSER sostuvo que esa línea está energizada y presta servicio público desde 1984, varias décadas antes de la aprobación del loteo.
Por ese motivo, considera que las modificaciones necesarias como consecuencia del fraccionamiento deben ser afrontadas por el desarrollo inmobiliario y no trasladadas económicamente al conjunto de los asociados.
La entidad afirmó que esta situación fue comprendida por el OCEBA luego de que presentara la documentación correspondiente.
Intimación y posibles acciones legales
Antes de adoptar otras medidas, COOPSER aseguró que remitió una carta documento intimando formalmente el pago, otorgó un plazo para regularizar la deuda y advirtió sobre las consecuencias legales del incumplimiento.
También señaló que concurrió a todas las instancias administrativas, respondió los requerimientos del organismo provincial y mantuvo abierta la posibilidad de alcanzar una solución consensuada.
“Lamentablemente, esas gestiones no permitieron obtener el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el desarrollador”, indicó.
El origen de la polémica y la situación de los vecinos
El conflicto tomó estado público después de que Scazzariello denunciara que la Cooperativa había interrumpido el suministro eléctrico a propietarios que, según afirmó, cuentan con escritura, medidores individuales y facturas al día. El desarrollador sostuvo que había pagado el presupuesto original y sus actualizaciones, pero rechazó una diferencia posterior reclamada por COOPSER. También calificó el corte como ilegal y aseguró que el caso se encontraba bajo intervención del OCEBA. La Opinión Semanario
Vecinos afectados denunciaron haberse quedado sin electricidad y sin agua pese a encontrarse al día con sus obligaciones individuales. Algunos presentaron reclamos ante la Cooperativa, el OCEBA y la Defensoría del Pueblo, además de evaluar un recurso de amparo para solicitar la reconexión. La Opinión Semanario
Estos planteos forman parte de la otra posición dentro de una controversia que permanece abierta y en la que existen diferencias contractuales, técnicas y jurídicas todavía sin una resolución definitiva conocida.
“Defender a COOPSER es defender el esfuerzo de toda una comunidad”
El Consejo de Administración remarcó que los transformadores, conductores, columnas y horas de trabajo utilizados fueron financiados con recursos que integran el patrimonio común de la entidad.
“Aceptar que una obra sea ejecutada, recibida y utilizada sin el pago íntegro del precio convenido implicaría trasladar ese perjuicio económico a todos los asociados”, expresó.
Finalmente, COOPSER aseguró que continuará respetando el marco regulatorio, colaborando con las autoridades y ejerciendo las acciones legales que considere necesarias.
“Porque defender a COOPSER es defender el esfuerzo de toda una comunidad”, concluyó el comunicado fechado el 21 de julio de 2026.
