La reforma de la Ley de Glaciares volvió a instalar un fuerte debate a nivel nacional tras su aprobación en el Congreso, donde se modificaron aspectos centrales de una norma clave para la protección ambiental y el resguardo del agua dulce en Argentina.
La ley original, sancionada en 2010, establecía la protección integral de los glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua. Bajo ese marco, quedaban prohibidas actividades como la minería, la explotación hidrocarburífera y cualquier intervención que pudiera afectar estos ecosistemas.
Sin embargo, el Gobierno nacional impulsó una modificación con el argumento de que la normativa vigente limitaba el desarrollo productivo, especialmente en provincias con potencial minero. En ese sentido, planteó la necesidad de flexibilizar los criterios de protección para permitir inversiones y dinamizar la economía en regiones cordilleranas.
Tras obtener media sanción en el Senado, la iniciativa fue aprobada también en la Cámara de Diputados, convirtiéndose en ley en medio de una votación dividida y un fuerte cruce de posiciones.
Uno de los cambios más significativos es que ya no todos los glaciares estarán automáticamente protegidos. A partir de la reforma, solo se resguardarán aquellos que tengan una “función hídrica efectiva”, es decir, que aporten de manera comprobable a una cuenca de agua.
Además, se habilita la posibilidad de desarrollar actividades productivas, incluida la minería, en zonas que antes estaban restringidas, siempre que se determine que no afectan de forma significativa los recursos hídricos.
Otro punto central es el rol que pasan a tener las provincias, que ahora contarán con mayor poder para definir qué áreas proteger y cuáles habilitar, dejando atrás el criterio uniforme que establecía la ley original.
También se redefinió el concepto de ambiente periglacial, lo que implica una reducción en la superficie total protegida, abriendo la puerta a nuevas actividades en zonas previamente resguardadas.
La reforma generó un fuerte rechazo por parte de organizaciones ambientales y distintos sectores sociales, que advierten sobre el riesgo que implica reducir la protección de los glaciares en un contexto de crisis climática y creciente demanda de agua.
Desde estos espacios sostienen que la ley original garantizaba una protección amplia del recurso hídrico, mientras que los cambios introducidos priorizan el desarrollo económico por sobre el cuidado ambiental.
Por su parte, desde el oficialismo defienden la medida al considerar que permitirá atraer inversiones, generar empleo y dar mayor autonomía a las provincias para administrar sus recursos.
El debate, lejos de cerrarse, continúa abierto. Mientras crecen las protestas y no se descartan presentaciones judiciales, la reforma de la Ley de Glaciares se posiciona como uno de los temas más sensibles en la agenda nacional, en un escenario donde se cruzan intereses económicos, ambientales y sociales.
La ley aprobada en el Congreso facilitará las inversiones mineras
Con 129 diputados presentes, el oficialismo consiguió el quórum para avanzar en la sesión para sancionar definitivamente. Además de los diputados libertarios, dieron quórum el PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca, Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz y, por el bloque Unidos, estuvieron Jorge Rizzotti, Ignacio Aresca, José Nuñez, Sergio Capozzi, Alejandra Torres y la presidenta del bloque, Gisella Scaglia.
El número en la votación con el que el oficialismo consiguió darle sanción definitiva a la norma fue mayor. Pasada la una de la mañana y luego de una larga sesión, la pantalla señaló que los votos positivos fueron 137 contra 111 en contra.
