A cinco días de la difusión de los explosivos audios de Diego Spagnuolo, en los que habló de un tenebroso circuito de coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (Andis), el Gobierno empezó a definir un curso de acción para contener una crisis política de dimensiones impredecibles. Instruyó al interventor del organismo, Alejandro Vilches, para que acelere una auditoría integral sobre todos los contratos del organismo, desactivó por ahora la idea de presentar una denuncia, y empezó a dar explicaciones para contener la onda expansiva del escándalo.
El primer ejecutor de este plan de acción fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que brindó una larga entrevista radial donde expuso los argumentos de la Casa Rosada ante el vendaval político que detonó la difusión de los audios donde un locuaz Spagnuolo ventilaba ante un interlocutor -todavía desconocido- los supuestos negociados que ocurrían bajo sus pies en el organismo responsable de asistir a las personas con discapacidad.
Los audios -grabados de manera clandestina, editados y difundidos con sofisticada precisión- tendrían al menos un año. No son los únicos y el Gobierno lo sabe. Exponen un trasiego macabro de negociados entre proveedores de medicamentos y el Estado. La quintaescencia de lo que vino a erradicar el gobierno que asumió en diciembre de 2023 con el mandato de barrer con la corrupción sistémica de la casta y los “empresaurios”.
Francos habló en extenso y expuso las claves de la defensa del Gobierno. Pero Infobae pudo confirmar que esa no fue la única decisión que se tomó en lo más alto del Gobierno para tratar de contener la onda expansiva de esta bomba de profundidad. En la Casa Rosada confía en que la auditoría sobre los contratos y los números de la Andis van a echar luz sobre lo que ocurrió durante la gestión deslucida de Spagnuolo, un funcionario cuestionado por su pobre actuación y que le generó a Javier Milei más de un dolor de cabeza. También está bajo sospecha Danel Garbellini, que fue director de Acceso a los Servicios de Salud y también terminó eyectado del cargo.
En más de seis meses solo pudo depurar 120 mil pensiones de un universo de más de 1.200.000 que debió investigar si fueron o no mal otorgadas durante los últimos gobiernos kirchneristas. Además, fue el responsable del triste episodio con Ian Moche, un niño con trastorno de espectro autista que es activista por los derechos de los discapacitados y a quien destrató en una reunión. Y dejó publicar una resolución con expresiones como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”, en referencia a personas con discapacidad intelectual. A esa ineficacia manifiesta se le sumó la difusión de los audios
Control de daños
“Veremos qué ocurre con la auditoría. No se va a ocultar nada y, si aparece algo turbio o una prueba de una coima, lo vamos a hacer mierda”, reconoció una fuente del Gobierno, que puso en duda que Spagnuolo le haya transmitido al presidente siquiera una sospecha sobre la supuesta protección política de ese circuito de pagos ilegales para abastecer de medicamentos a las personas con discapacidad.
El Gobierno nacional apartó de manera inmediata a Spagnuolo (y a Daniel Garbellini, otro funcionario del área) mediante el decreto 599/2025, alegando la necesidad de facilitar la investigación judicial
Spagnuolo forma parte de La Libertad Avanza desde su fundación en 2021 y fue abogado de Milei. Según datos oficiales, ingresó a la quinta de Olivos en 38 oportunidades entre 2024 y 2025. También mantuvo en Casa Rosada 3 reuniones con “Lule” Menem.
El juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, ordenó al menos 14 allanamientos en sedes de ANDIS, la droguería Suizo Argentina, y domicilios vinculados. Allí se secuestraron celulares, computadoras, documentación, una máquina de contar billetes y grandes sumas de dinero, incluyendo 266.000 dólares y 7 millones de pesos en sobres encontrados en el auto de Emmanuel Kovalivker, directivo de Suizo Argentina
Restricción de movimientos y medidas judiciales
Se impuso la prohibición de salida del país tanto a Spagnuolo como a Garbellini, y también a los empresarios Emmanuel y Jonathan Kovalivker.
MINUTO A MINUTO
Desde el Ministerio de Seguridad aseguran que «el audio está armado y compaginado»
El director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad Nacional, Fernando Soto, se refirió al escandalo de las supuestas coimas y aseguró: «El audio atribuido a Diego Spagnuolo está claramente armado y compaginado y -de ser real- ha sido obtenido ilícitamente. Por lo tanto, es una prueba inválida. Toda actuación judicial construida sobre una prueba inválida es, insalvablemente, nula».
La Justicia indaga al jefe de seguridad de Nordelta
El jefe de seguridad del barrio privado Nordelta, Ariel De Vincentis, está declarando en Comodoro Py, en el marco de la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida fue solicitada por el fiscal Franco Picardi y dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, quien lo acusa de encubrimiento. Sospecha que colaboró para que el empresario Jonathan Kovalivker pudiera escapar.
