Los intendentes de San Pedro, Cecilio Salazar; Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; Salto, Ricardo Alessandro; y Ramallo, Mauro Poletti, emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su acompañamiento “pleno y responsable” a la postura del gobernador Axel Kicillof frente a la urgente necesidad de que la Legislatura bonaerense apruebe la Ley de Financiamiento que será tratada esta semana en la Cámara de Diputados.
La declaración marca un posicionamiento institucional que trasciende lo partidario y que, según remarcan los jefes comunales, se vuelve indispensable para garantizar el funcionamiento cotidiano del Estado provincial y evitar que la crisis económica nacional profundice las dificultades ya visibles en los municipios.
Desde el gobierno municipal señalan que San Pedro atraviesa —al igual que toda la región— un cuadro económico complejo:
Recaudación en retroceso, con menos recursos disponibles para sostener áreas sensibles.
Sistema de salud bajo fuerte presión, con demanda creciente y costos cada vez más altos.
Aumento de pedidos de asistencia social por parte de familias que no logran afrontar los gastos básicos.
Comercios y pequeños productores golpeados por la caída de la actividad económica.
Servicios esenciales que requieren apoyo provincial para garantizar continuidad y calidad.
En este contexto, la Ley de Financiamiento se presenta como la herramienta clave para que la Provincia pueda afrontar vencimientos ya pautados, garantizar el pago de obligaciones y sostener áreas críticas como salud, educación, infraestructura, desarrollo social y seguridad.
Los intendentes advierten que esta Ley “no implica endeudamiento extraordinario ni iniciativas ajenas a lo previsto”, sino la posibilidad de evitar que la situación económica se deteriore aún más y afecte directamente a cada comunidad.
Por eso, solicitan a todas y todos los legisladores bonaerenses, sin distinción partidaria, que acompañen la aprobación del proyecto:
“No es una disputa política: es una decisión imprescindible para preservar el orden económico y social de la Provincia y para defender los intereses de los 17 millones de bonaerenses que esperan respuestas, no obstáculos”.
