El municipio quiere evitar que el Gobierno nacional tome control del predio. El conflicto por las viviendas del Procrear sumó un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires. Esta vez, el Concejo Deliberante de Baradero debatirá el próximo 16 de julio una ordenanza que busca declarar de interés social 207 departamentos actualmente paralizados por decisión del Gobierno nacional.
La intención es clara: impedir que esas unidades habitacionales terminen en manos de las Fuerzas Federales, como ocurrió en el complejo habitacional Sagol de Avellaneda por decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La iniciativa lleva el nombre de “Volver a Casa” y fue impulsada por la concejal Silvana Sosa, del bloque Unión por la Patria, en acuerdo con el intendente Esteban Sanzio. El proyecto establece que el municipio tome posesión preventiva del predio, garantizando el mantenimiento, la seguridad y el destino social de las viviendas, en favor de vecinos de Baradero que ya habían sido sorteados o que están en lista de espera del programa nacional.
Avellaneda como antecedente y advertencia
“Lo de Avellaneda encendió todas las alarmas. No queremos que pase lo mismo acá. Nos van a venir a meter gente ellos”, afirmó Sosa, en relación a la decisión de Bullrich de entregar 160 viviendas del Procrear en ese distrito a personal de las Fuerzas Federales, pese a que muchas ya tenían adjudicatarios legítimos.
En el caso de Baradero, las obras están paralizadas desde que asumió Javier Milei. De las 207 unidades, 50 están terminadas y otras 50 tienen un 85% de avance. Tras la disolución del fideicomiso Procrear mediante las resoluciones 1018/2024 y 764/2025, la incertidumbre es total y crece el temor a una maniobra similar a la de Avellaneda.
“Nos dejaron todo plantado. La Nación no cumplió con el convenio firmado en 2021, y encima quieren cobrarnos los terrenos de vuelta. Es una locura”, dijo la concejal, que además es abogada.
El proyecto de ordenanza instruye al Ejecutivo local a proteger el predio, aclarando que la toma de posesión no implica reconocimiento de deuda ni obligación económica hacia el Estado nacional, que fue quien incumplió el acuerdo inicial.
“La función social de la vivienda está por encima de cualquier cálculo financiero. Y si el fideicomiso fue disuelto, no hay razón para que el municipio deba pagar por lo que la Nación abandonó”, insistió Sosa.
La norma invoca además el principio constitucional de defensa del interés social, y cita la Ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y la Ley 26.529 sobre los derechos del paciente, como respaldo al reclamo de intervención estatal efectiva.
La sesión clave será el 16 de julio
El oficialismo tiene los votos necesarios para aprobar la ordenanza en la próxima sesión del Concejo Deliberante, prevista para el 16 de julio. Desde el municipio consideran que la medida no solo busca proteger un patrimonio público abandonado, sino también fijar un límite político a las decisiones unilaterales del Gobierno nacional, que —según denuncian— violan derechos básicos como el acceso a la vivienda.
La votación será seguida con atención por otros municipios bonaerenses que enfrentan situaciones similares y temen que sus desarrollos urbanísticos también queden bajo control de las fuerzas de seguridad, sin participación de las autoridades locales ni respeto por los adjudicatarios originales
Fuente La Opinion Online