La investigación sobre el caso $Libra, la causa involucra al presidente Javier Milei y a un grupo de empresarios que habrían obtenido ganancias de aproximadamente 110 millones de dólares mediante la comercialización del activo digital.
En esta nueva etapa, el fiscal ha ordenado la recopilación de pruebas digitales clave, la localización de activos y el rastreo de transacciones sospechosas. Además, se emitieron pedidos de cooperación internacional para acceder a información de plataformas de intercambio de criptomonedas y entidades financieras extranjeras que podrían haber participado en la operatoria.
Uno de los principales objetivos de la investigación es la preservación de la evidencia digital, para lo cual se solicitaron registros detallados de todas las transacciones vinculadas a $Libra desde su lanzamiento. También se ordenó el congelamiento de activos en direcciones digitales identificadas como parte del esquema.
La pesquisa apunta a identificar posibles vínculos entre los involucrados a través de informes sobre comunicaciones telefónicas y registros de visitas a la Casa Rosada y la quinta de Olivos. Asimismo, se realiza un análisis patrimonial para detectar incrementos injustificados en los bienes de los sospechosos.
Uno de los movimientos recientes bajo la lupa es la transferencia de 4,5 millones de dólares desde una de las billeteras asociadas al escándalo hacia una nueva dirección digital, parte de los cuales habrían sido utilizados para la compra de una criptomoneda llamada POPE, lo que se investiga como un posible intento de lavado de activos.
Otro eje de la investigación se centra en el análisis del marco legal aplicable a las criptomonedas en Argentina, evaluando si existieron irregularidades en la regulación y supervisión por parte del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores.