Este miércoles, miles de estudiantes en San Pedro y en todo el país se quedaron sin clases. Otra vez. Esta vez no fue por lluvias, ni por falta de transporte, ni por algún desperfecto edilicio. Hoy las escuelas cerraron porque los auxiliares —el personal que se encarga de garantizar que los edificios estén limpios y seguros— se sumaron a un nuevo paro nacional convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
¿El motivo del paro? Exigir el juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, luego del fallo que ratificó la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además del paro, ATE moviliza a miles de afiliados a Comodoro Py para expresar su apoyo a la ex mandataria.
Más allá de las razones políticas del reclamo, la consecuencia más directa y visible de esta medida recayó, una vez más, sobre los chicos. Varias escuelas del distrito —como la Escuela Normal— suspendieron las clases presenciales “porque no se pueden garantizar las condiciones de higiene y salubridad del edificio para toda la comunidad educativa”, según informaron sus directivos a las familias. Aunque los docentes enviarán actividades y sostendrán una jornada institucional, el aula volverá a estar vacía.
Y esta no es una postal nueva.
Cada vez que se da un conflicto político o sindical, son los estudiantes los que pagan los platos rotos. En lugar de estar en clase, aprendiendo, compartiendo, formándose, se quedan en casa esperando a que el país se acomode. Lo grave es que estas interrupciones no son aisladas: forman parte de una larga cadena de paros, jornadas institucionales mal calendarizadas y decisiones que se toman de espaldas a las necesidades reales de quienes más las sufren.
¿Cuántas veces más se va a usar el sistema educativo como rehén de conflictos que deberían resolverse en otros ámbitos?
Este paro no es solo un paro. Es un síntoma de algo mucho más profundo: una falta de prioridades. Porque cuando los reclamos políticos pasan por encima de los derechos de los niños, el mensaje es claro: su educación no es lo primero.
Y eso, como sociedad, debería alarmarnos mucho más que cualquier fallo judicial.